El Gobierno 'cuela' en el decreto del gas un cambio en la ley de asilo para facilitar la acogida de ucranianos

Militares acompañan a los refugiados ucranianos en el centro de acogida de Pozuelo
Militares acompañan a los refugiados ucranianos en el centro de acogida de Pozuelo
Europa Press

El Gobierno lo ha vuelto a hacer y ha incluido en el decreto ley que limita temporalmente el precio del gas un reforma legal sobre un asunto totalmente diferente que también deberán ponderar los grupos políticos del Congreso cuando dentro de menos de un mes tengan que votar para convalidarlo. En este caso, se trata de una modificación de la ley del derecho de asilo para incluir en ella mejoras en cuanto a la financiación y la cercanía de la Administración con las ONG y otras organizaciones de acogida que el Ejecutivo vincula directamente con la llegada de los ucranianos que huyen de la guerra en su país.

El viernes pasado, el Consejo de Ministros aprobó el decreto-ley que, cuando Bruselas dé definitivamente el visto bueno, limitará en una media de 48,8 euros MWh el precio del gas durante los próximos 12 meses. Sin embargo, a lo largo de sus 79 páginas, también hay lugar para otras dos disposiciones que nada tienen que ver con los precios de la energía, una relativa al derecho de asilo y otra al foro South Summit, un evento empresarial en el que suele participar buena parte del Gobierno.

Paguilla por mascarillas

Esta práctica de incluir temas distintos al central de un real decreto ley no es nueva y suele ser utilizada por el Gobierno de turno para aprobar por la vía de urgencia disposiciones legales en otros ámbitos. En algunos casos, para que los grupos del Congreso den su apoyo a todo el decreto-ley, aunque no estén de acuerdo con el tema principal. 

La palabra "chantaje" es la que repitieron prácticamente todos los grupos parlamentarios la última vez que el Gobierno de Pedro Sánchez lo hizo. En febrero de este año, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, llevó al hemiciclo el real decreto-ley por el que antes de la Navidad el presidente había tomado la controvertida decisión de recuperar el uso obligatorio de las mascarillas por la calle para hacer frente al alza de contagios de Covid por la variante ómicron.

Además de la crítica de ciudadanos y epidemiólogos, la medida contó con la oposición de la mayoría del Congreso, que sin embargo terminó votando a favor porque el Gobierno incluyó en aquel decreto-ley la paga extraordinaria a los pensionistas por el IPC real de 2021. Si no, no la habrían recibido el pasado mes de abril.

El decreto-ley que limitará el precio de gas tiene que pasar por el Congreso dentro de menos de 30 días, para ser convalidado, porque en caso contrario sus medidas decaerían. En principio, es mucho menos controvertido que aquel de las mascarillas y fuentes gubernamentales no creen que haya problema para aprobarlo. Sin embargo, los grupos todavía no se han manifestado. Por ejemplo, el PP ha mantenido una posición crítica con el límite al precio del gas por verlo un mecanismo "irregular" debido a su "excepcionalidad" y ERC no desvelará hasta el último momento el sentido de su voto. Otras fuentes parlamentarias todavía tienen que analizar el decreto en el que, como es el caso, anticipan que el Gobierno quiera incluir otras cuestiones.

En esta ocasión, el 'polizón' en el decreto ley sobre el límite al precio del gas es una reforma de la ley sobre el derecho de asilo que el Gobierno defiende vinculándola con la acogida de los ucranianos que huyen de la guerra en su país. Según dijo el presidente a principios de abril, ya han llegado a España 110.000 personas.

Mejora del sistema de acogida

En concreto, la modificación legal que incluye el Gobierno en el decreto del gas supone incluir en la ley de asilo un decreto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del pasado mes de marzo que agiliza la recepción de fondos públicos por parte de las organizaciones encargadas de la acogida de refugiados, permitiendo, por ejemplo, anticiparles recursos económicos con entregas de fondos previas a la justificación de su empleo. Un pago ex-ante con el que el Gobierno pretende "superar algunas limitaciones del actual sistema de subvenciones" para apoyar a las entidades que atienden y acogen a solicitantes de asilo y de protección internacional, especialmente a las más pequeñas.

A pesar de que se trata de una cuestión más genérica, el Gobierno vincula esta modificación legal dentro del decreto a los refugiados ucranianos para justificar su urgente necesidad. "No se deriva solo de los compromisos derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sino de la reciente guerra en Ucrania y el compromiso que España ha adquirido como Estado en la acogida de refugiados ucranianos". Esto, añade, "hace necesario que el nuevo sistema de acogida de solicitantes y beneficiarios de protección internacional y su gestión esté en vigor lo antes posible". 

Apoyo al South Summit

Por otra parte, el decreto-ley que limitará el precio del gas y, con él, el de la luz convierte de urgencia el foro económico South Summit en un "acontecimiento de excepcional interés público" en sus ediciones de 2022 a 2024. El efecto de esta decisión es que los mecenas de esta "plataforma global de innovación y emprendimiento" podrán acogerse a los beneficios fiscales previstos en la ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

"Resulta de especial interés para el Gobierno apoyar eventos de la índole del South Summit", dice en el decreto-ley que entró en vigor este domingo. Tiene en cuenta que este foro, que se celebrará en Madrid, "se va a producir los días 8, 9 y 10 de junio de este año en España", por lo que "es necesario aprobar esta medida mediante real decreto-ley".

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