El Gobierno destinará más de 1.200 millones de euros para impulsar la Formación Profesional: "Es una apuesta de país"

Pedro Sánchez visita un centre de Formació Professional
Pedro Sánchez visita un centre de Formació Professional
ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS
Declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha destacado el compromiso del Gobierno por la FP en los últimos cuatro años.
Europa Press

El Consejo de Ministros aprobará este martes una inyección de más de 1.200 millones de euros destinada a impulsar la Formación Profesional (FP) y con el objetivo principal de reducir la "desigualdad intergeneracional", según ha anunciado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Los objetivos del Gobierno son reducir el paro juvenil, acercar más los centros educativos al tejido productivo y facilitar la acreditación académica a trabajadores ya formados, entre otros.

"Apostamos por la FP porque queremos el mejor de los futuros para nuestros hijos y porque creo que el reto pendiente es el de reducir todas las brechas que las distintas crisis han dejado en la sociedad", ha defendido Sánchez durante una visita al Centro Integrado Público de FP de Mislata (Valencia). 

El Gobierno quiere que en los próximos años se destinen unos 5.500 millones de euros a la FP y fortalecer así una vía educativa que pretenden impulsar a través de la nueva ley de Formación Profesional aprobada el pasado mes de marzo. 

Según ha anunciado Sánchez, esos 1.238 millones de euros -"la mayor inversión en FP de la historia", según fuentes del Ministerio de Educación- se repartirán a lo largo de 2022 en dos ámbitos concretos. En torno a 800 millones de euros irán dirigidos a la formación de trabajadores, de las empresas y, en definitiva, a la formación para el empleo que el Ejecutivo plasma en la ley y mediante la cual aspira a fortalecer el vínculo entre las empresas y la FP. Otros 300 millones, aproximadamente, se destinarán a aumentar el número de plazas en los centros, mejorar las aulas de emprendimiento o fomentar la "internacionalización" de los alumnos, según ha explicado Sánchez. 

La reforma de la Formación Profesional impulsada por el Ministerio de Educación es una de las vías por las que ha optado el Ejecutivo para, entre otras cosas, erradicar la precariedad a la que se enfrentan los jóvenes. "El principal desafío que tiene nuestra sociedad se llama desigualdad", ha subrayado, destacando las elevadas tasas de desempleo o las altas edades de emancipación en comparación con la media europea. "La desigualdad intergeneracional es una de las asignaturas pendientes", ha reiterado. 

"En definitiva, estamos hablando de una apuesta de país", ha añadido Sánchez, asegurando que "dentro de muchos años, cuando eche la vista atrás", el hecho de "haber contribuido a dignificar la FP" será uno de los asuntos que más "orgullo" le generará.

Hacer la FP más atractiva

Fue en marzo cuando la nueva ley de Formación Profesional salía aprobada del Senado con el único rechazo del PP y la abstención de Vox y ERC. El fin de esta norma, que se enmarca dentro de toda la reforma educativa impulsada por el ministerio de Pilar Alegría y que vendría a complementar a la Ley de Educación, es fundamentalmente el de reducir el paro juvenil y estrechar el vínculo entre los centros educativos y el tejido productivo a través de su carácter dual.  

La idea es doblar el número de trabajadores formados en España, facilitando la acreditación de las competencias profesionales y ofrecer una alternativa educativa más atractiva que permita aumentar la tasa de matriculados en FP. Y es que, pese a que la evolución de los últimos años apunta al alza, España presenta una tasa de matrícula (12%) notablemente inferior a la media de la OCDE (29%) o de la Unión Europea (25%). 

Además, casi la mitad de la población activa española -unos 11 millones de personas- no tiene ningún título que verifique su experiencia profesional, aunque acumulen años de experiencia laboral. Sobre esto último se aborda en la ley mediante un sistema de acreditación de competencias, para el cual el Gobierno ha destinado más de 800 millones de euros, con los que calculan que podrán acreditar las competencias de más de tres millones de personas en cuatro años.

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