Escrivá quiere alargar los años de trabajo para garantizar el sistema de pensiones, pero los expertos ven necesarios ajustes más fuertes

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
UNANUE / EUROPA PRESS

El Gobierno trata de acertar con la tecla para garantizar el futuro del sistema público de pensiones, pero sin recortar el poder adquisitivo de los pensionistas. Tras aprobar el año pasado una subida de seis décimas a las cotizaciones sociales a partir de 2023 para tratar de llenar la 'hucha' de las pensiones, el Ejecutivo tiene puesto ahora el foco en que los españoles prolonguen sus años de trabajo lo máximo posible. 

"No hay ninguna medida más eficaz para la sostenibilidad del sistema de pensiones que aplazar la edad de jubilación", expresó esta semana el ministro encargado de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Es por ello que el Gobierno está preparando nuevos incentivos para fomentar la jubilación activa y la parcial. 

La idea es que sea más fácil para los trabajadores conjugar el cobro de una parte de su pensión con trabajar más allá de la edad obligada de jubilación (que alcanzará los 67 años en 2027). Y potenciar que quienes opten por jubilarse parcialmente antes de tiempo puedan simultanearla con un trabajo a tiempo parcial. 

Además de esta medida, el Gobierno tiene en la recámara otras tres propuestas de reforma para lograr equilibrar el sistema. La primera de ellas es eliminar los límites a la cotización máxima, lo que se conoce popularmente como 'destopar' las pensiones. En España, los salarios cotizan hasta los 48.000 euros brutos, un límite bajo en comparación con otros países vecinos. El planteamiento del Gobierno pasa por ampliar ese umbral para recaudar más, pero ampliando también la cuantía de la pensión máxima, actualmente fijada en 39.474 euros anuales. 

El Ejecutivo tiene pendiente también aprobar el fondo público de pensiones, una medida con la que se pretende impulsar el ahorro y que los trabajadores tengan un complemento a su pensión pública. Esta reforma está comprometida con Bruselas y deberá estar aprobada antes de que llegue julio si el Gobierno no quiere ver peligrar el desembolso de 7.000 millones de fondos europeos.

El tercero de los frentes en los que está inmerso el departamento de Escrivá es la reforma en el sistema de cotización de los autónomos para que estos coticen con base en sus ingresos reales. Hasta el momento, Seguridad Social ha lanzado varias propuestas que han sido recibidas con polémica. La última fue un sistema de trece tramos con cuotas que oscilaban entre los 240 y los 600 euros mensuales.

Los expertos no lo ven suficiente

Sin embargo, son varios los expertos que creen que con estas reformas no será suficiente garantizar la viabilidad del sistema. En los últimos meses, organismos como el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional o la Airef han cuestionan abiertamente la sostenibilidad de las pensiones públicas y han pedido que se adopten medidas adicionales.

La inminente jubilación de la generación del baby boom y la indexación automática de las prestaciones al IPC han disparado las previsiones de gasto. Y arrojan dudas sobre cómo se podrá sostener un sistema en el que las contribuciones sociales no son suficientes por sí mismas para afrontar el gasto en pensiones. Solo el año pasado la diferencia entre los ingresos por cotizaciones sociales y el gasto en pensiones fue de 27.000 millones de euros, un 2,2% del PIB. 

Para Ángel de la Fuente, director de la fundación Fedea y uno de los mayores especialistas en pensiones del país, las medidas que ha planteado Escrivá hasta el momento son insuficientes. "Los incentivos a la jubilación tendrán un efecto prácticamente nulo. Consigues que alguien trabaje un poco más subiéndole la pensión. Es lo comido por lo servido", defiende. 

No obstante, De la Fuente señala que un aumento organizado de la edad legal de jubilación sin vincularla a incentivos sí podría ayudar. Sobre la subida de cotizaciones impulsada por Escrivá, De la Fuente cree que ayudará "algo", pero "mucho menos de lo necesario" para que el sistema alcance el equilibrio 

Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research, coincide en que lo planteado hasta ahora se queda corto. Este especialista arguye que la derogación de la reforma anterior y la recuperación del IPC como índice de revalorización aportarán al sistema 3,7 puntos porcentuales más de gasto sobre el PIB. Mientras que la subida de las cotizaciones "solo aportará 0,2 puntos de PIB anuales durante la próxima década".

Los dos expertos coinciden en que, si se quiere garantizar que el sistema se financia por sí mismo, una de las soluciones pasa por reducir la tasa de prestación. Es decir, la relación entre los salarios de los españoles y lo que se gasta el Estado en pensiones. Algo que tendría que hacerse de forma "gradual". Y solo hay dos formas de lograrlo: o aumentando los salarios o reduciendo las pensiones. 

"La pensión como parte del salario tiene que bajar porque ahora mismo estamos pagando más de lo que podemos soportar con los salarios y las cotizaciones que hay y la cosa va a empeorar mucho en los próximos años", defiende De la Fuente. Otras opciones complementarias podrían ser ligar las pensiones a la esperanza de vida o ampliar el periodo de cálculo de la pensión (actualmente en 25 años) a toda la vida laboral. No obstante, conviene recordar que aplicar estas medidas redundaría con toda seguridad en una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas.

La alternativa a un recorte de gasto pasa porque ese desequilibrio entre lo que ingresa la Seguridad Social y lo que se gasta en pensiones se siga sufragando a través de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, con cargo a los impuestos y en detrimento de otras partidas de gasto. Esto supone todo un desafío para las finanzas públicas en un momento en el que se quiere impulsar la inversión en Defensa tras la invasión rusa de Ucrania y en sanidad tras la pandemia de coronavirus.

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