El Gobierno acuerda reconocer la baja por menstruaciones dolorosas: serán asumidas por la Seguridad Social y no por las empresas

(I-D) El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, durante la celebración del Día de Europa, en el Senado, a 9 de mayo de 2022, en Madrid (España).
(I-D) El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, durante la celebración del Día de Europa, en el Senado, a 9 de mayo de 2022, en Madrid (España).
Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
(I-D) El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, durante la celebración del Día de Europa, en el Senado, a 9 de mayo de 2022, en Madrid (España).

La negociación ha sido complicada, pero finalmente hay acuerdo. El Gobierno incluirá en la futura ley del aborto la baja por menstruaciones dolorosas e incapacitantes, según confirman fuentes del Ejecutivo a 20minutos. 

Además, estas serán asumidas por completo por la Seguridad Social y no por las empresas, para paliar así con la "discriminación" laboral que se temía que pudiera suponer para las mujeres el reconocimiento de esta baja concreta.

El acuerdo, alcanzado 'in extremis' entre el Ministerio de Igualdad y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a tres días de que previsiblemente el Consejo de Ministros de luz verde a la ley del aborto, no exigirá un mínimo cotizado -requisito que sí se contempla en otras incapacidades temporales comunes- ni tampoco habrá días mínimos o máximos de baja. Es decir, no será de tres a cinco días, como se venía anunciando, sino que se extenderá "en función de lo que necesite cada mujer", explican las mismas fuentes. 

"Avanzamos para que ya no sea normal ir al trabajo con dolor y para acabar con el estigma, la vergüenza y el silencio en torno a la regla. Avanzamos en derechos", ha celebrado la titular de Igualdad, Irene Montero, en Twitter. 

"Tener la regla dejará de ser un tabú y España dará un paso que todos los países están mirando", ha declarado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, apenas horas antes de confirmarse el acuerdo que situará a España como un país pionero en esta materia en la Unión Europea (UE). "Las reglas incapacitantes darán derecho a una incapacidad temporal y esto permite ensanchar los derechos de las mujeres", ha subrayado en una visita oficial en las Islas Baleares. 

Diferencias en el Gobierno

El acuerdo llega apenas horas después de que el ala socialista del Gobierno se mostrara reticente a reconocer de forma explícita el factor incapacitante que la menstruación supone para muchas mujeres con afecciones como endometriosis, ovarios poliquísticos o miomas, que en muchos casos pueden llegar a provocar síntomas como calambres, náuseas o vómitos. 

El propio ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, cuya cartera ha sido la encargada de negociar el reconocimiento de estas bajas, aseguraba este jueves que la medida estaba todavía "en discusión", horas antes de que la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseverara que el Ejecutivo no iba a impulsar ninguna medida que pueda suponer la "estigmatización" de las mujeres. 

A esto último replicó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afeando que lo que "estigmatiza" realmente es "no tener la sensibilidad suficiente" para comprender que mujeres y hombres son "diferentes", y tachando de "profundamente masculinizada" la política laboral actual. También desde Igualdad saltaron en defensa de esta baja especial. Lo hizo en este caso la delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, quien avanzó entonces que si el Estado era el encargado de costear esas bajas, en lugar de las empresas, no se produciría esa temida discriminación laboral a la hora de contratar a mujeres. Y es así como al final ha quedado recogido en la futura norma. 

¿Estás de acuerdo con el permiso de tres días por fuertes dolores menstruales que podría incluir la ley del aborto?

La salud menstrual, reconocida en ley por primera vez

Esta es una de las novedades que se incluirán en el 'Anteproyecto para la protección de los derechos sexuales y reproductivos y la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo' que Igualdad pretende llevar al Consejo de Ministros el próximo 17 de mayo y que vendrá a reformar a la actual, aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y recurrida entonces por el PP ante el Tribunal Constitucional. 

En ella se recogerá por primera vez la salud menstrual, un hito que celebran desde el departamento de Irene Montero. "La salud menstrual debe de ser uno de los estándares de salud y forma parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes de nuestro país", ha recalcado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez.

Queda por ver si finalmente logran la rebaja o incluso supresión del IVA de las compresas y tampones, actualmente fijado en el 10%, una demanda que acumula tiempo y que está tratando de pactarse con el Ministerio de Hacienda para hacer frente a la llamada "pobreza menstrual". 

En ese marco se engloba también una medida anunciada por la secretaria de Estado de Igualdad y que contempla el reparto gratuito de productos de higiene femenina en colegios e institutos, a mujeres en riesgo de exclusión y a reclusas.       

Unanimidad en derogar la reforma del PP

"No solamente nos vamos a quedar ahí, vamos a derogar la reforma del PP de la ley del aborto", ha recordado Rodríguez. Este es, quizás, uno de los puntos que mayor consenso ha logrado entre los socios de Gobierno desde que Igualdad sacara a consulta pública la norma. El objetivo es volver a permitir la interrupción voluntaria del embarazo desde los 16 años sin permiso de los padres, derecho que se eliminó con la reforma de los 'populares' en 2015. 

También se tuvo claro desde el principio que la reforma debería garantizar el aborto en la sanidad pública, algo que no ocurre ahora, ya que el 84%, según datos de Sanidad de 2020, se practican en clínicas privadas. Y es que hay hasta 12 provincias -Jaén, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Teruel, Palencia, Segovia, Ávila, Zamora, Soria, Cáceres- que, junto a Ceuta y Melilla, no han practicado ningún aborto en los últimos cinco años. 

Para ello contemplan llevar a cabo un registro de objetores de conciencia, con un sistema parecido al de la ley de eutanasia y asegurar que todos los hospitales públicos con servicio de ginecología y obstetricia deberán tener profesionales dispuestos a practicar una interrupción voluntaria del embarazo. Se eliminará asimismo los tres días de reflexión que se exigen ahora desde que la mujer solicita el aborto, así como la obligación de que se le proporcione en ese momento un sobre cerrado con información. 

La norma abordará igualmente la anticoncepción y otro aspecto calificado por Rodríguez como "revolucionario", que es avanzar para que "los hombres puedan tomar una píldora anticonceptiva". 

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