La sentencia del TSJC, dictada en diciembre de 2020, exigiendo la obligatoriedad de un mínimo del 25% en castellano en todas las escuelas financiadas con fondos públicos, puso en jaque el modelo de educativo monolingüe, el “solo en catalán”. 

Cuando en noviembre del año pasado el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación de la Generalitat, se inició la cuenta atrás. La estrategia del Govern y de los partidos soberanistas ha sido desde entonces ganar tiempo e intentar que el fallo judicial no se ejecutase. En la jurisdicción del contencioso-administrativo las sentencias, aunque sean firmes, no se ejecutan si quien tiene que hacerlo, que es la administración, no lo hace. Y los políticos separatistas han demostrado sobradamente que se creen por encima de la ley y la justicia. Por desgracia, tampoco la Abogacía del Estado, que depende directamente del Gobierno español, estaba por la labor de exigirlo porque los intereses parlamentarios se colaban por medio.

El Govern, sobre la sentencia del 25%: "El curso que viene se hablará más catalán en las escuelas que antes de este ataque"

Afortunadamente, existe la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que lleva años ayudando y asesorando a las familias que desean que sus hijos reciban un mínimo de enseñanza en castellano juntamente con el aprendizaje del catalán. La AEB ha sido reconocida por la justicia como parte legitimada para exigir la ejecución de la sentencia y sin ella el auto de esta semana no hubiera sido posible. 

El TSJC ha constatado de nuevo la inacción del Govern y, harto de que la administración autonómica le intente tomar el pelo, ha dado instrucciones muy claras al consejero de Educación, Josep González-Cambray. Debe en el transcurso de dos semanas emitir las resoluciones respectivas a los centros educativos y a establecer las garantías de control para que dicho mandato judicial sea efectivo. También el tribunal le pone deberes de vigilancia y comprobación a la Alta Inspección Educativa del Ministerio. El auto es muy importante porque ata en corto a la Generalitat.

Los políticos separatistas han demostrado sobradamente que se creen por encima de la ley y la justicia

El Govern anuncia que piensa interponer un recurso de súplica con el objetivo de que la AEB sea excluida como parte legitimada. Tarea inútil. Según el artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el recurso no impide que se lleva a cabo la resolución, salvo que el órgano jurisdiccional acuerde lo contrario. Pero es altamente improbable. ¿Con qué argumentos? No es la primera vez que la AEB es reconocida como parte legitimada. Lo fue hace poco en otra demanda sobre los exámenes de la selectividad, que deben repartirse en ambas lenguas con carácter general. Además, la Generalitat no ha hecho nada para que se imparta ese 25% en castellano, y ni tan siquiera el Parlament ha acabado modificando la ley de política lingüística porque Junts se cayó de acuerdo para flexibilizar el modelo lingüístico. 

La Generalitat recurrirá la orden del TSJC para aplicar la sentencia del 25% en castellano

Ahora todo son lamentos, prisas y lloriqueos, llamadas a la desobediencia por parte de la Generalitat y las entidades soberanistas. El auto supone el jaque mate a la inmersión. Una victoria del constitucionalismo civil, que ha demostrado más inteligencia que los partidos y todos los gobiernos españoles juntos en la defensa de los derechos lingüísticos de los catalanes.