España entrega a Marruecos a uno de los condenados por los atentados del 11-M tras cumplir su pena de 18 años de cárcel

Rachid Aglif, Rafá Zouhier y Abdelilah El Fadoual (izda-dcha), en el juicio por los atentados del 11-M, en 2007.
Rachid Aglif, Rafá Zouhier y Abdelilah El Fadoual (izda-dcha), en el juicio por los atentados del 11-M, en 2007.
EFE
Rachid Aglif, Rafá Zouhier y Abdelilah El Fadoual (izda-dcha), en el juicio por los atentados del 11-M, en 2007.

Las autoridades españolas han entregado este jueves a las marroquíes a Rachid Aglif, uno de los condenados por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, tras cumplir en España su pena de 18 años de cárcel.

Según informaron fuentes de seguridad de Marruecos, Aglif, de nacionalidad marroquí, fue trasladado en un avión privado que salió de Madrid acompañado de agentes españoles y aterrizó en el aeropuerto Mohamed V de Casablanca. Se desconoce si Aglif se encuentra ahora en libertad en Marruecos o bajo detención policial.

Conocido como "El Conejo" y considerado el lugarteniente del suicida Jamal Ahmidan "El Chino", Aglif fue condenado por participar en las reuniones que este mantuvo con el minero José Emilio Suárez Trashorras para obtener explosivos.

Condena cumplida

Fue detenido el 6 de abril de 2004 y tenía en ese momento residencia en España. En octubre de 2007, la Audiencia Nacional le condenó a 18 años de cárcel e ingresó en la cárcel madrileña de Alcalá Meco y el pasado 1 de abril cumplió su condena.

Este no es el primer condenado por el 11-M entregado por España a Marruecos. En 2017, las autoridades españolas entregaron a las marroquíes a Sael el Harrak Fouad el Morabit Amghar, otros dos implicados en los atentados.

El 11-M, considerado el mayor atentado de la historia de España, acabó con la vida de 193 personas y más de 1.800 viajeros resultaron heridos.

Las condenas más elevadas recayeron en los marroquíes Jamal Zougam y a Otman El Gnaoui, considerados autores de 191 asesinatos consumados, 1.856 asesinatos en grado de tentativa y cuatro delitos de estragos terroristas, lo que representa un pena superior a los 42.000 años de cárcel.

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