El Gobierno central fijó hace cuatro años que el 30 de septiembre de 2022 fuese la fecha máxima para que las comunidades autónomas regularan la actividad de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) y, entre otras cosas, decidan si pueden seguir realizando trayectos urbanos. En este sentido, la Comunidad de Madrid ha sido una de las primeras en regular este servicio tras anunciar este miércoles que podrán seguir operando por la región a partir del próximo mes de octubre, pero sin acceder a las condiciones reservadas en exclusiva al taxi, como la recogida en la calle o las paradas específicas, tras la finalización de los periodos temporales previstos en el Real Decreto Ley 13/2018, también conocido como 'Decreto Ábalos'.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 20/1998 de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, que data de 1998, y ordena su remisión a la Asamblea legislativa regional para su tramitación.

Con este cambio se crea una nueva autorización para la actividad de arrendamiento de coches con conductor y se modifica el nombre del capítulo III de la Ley que pasa a denominarse Transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor y se divide en dos secciones, una dedicada al Transporte de Viajeros en Automóviles de Turismo y otra en Vehículos de Arrendamiento con Conductor.

La disposición transitoria única del citado real decreto-ley establece que "durante los cuatro años siguientes a su entrada en vigor, los titulares de este tipo de autorizaciones podrán continuar prestando servicios de ámbito urbano". Esta habilitación tiene carácter "indemnizatorio" debido a las modificaciones introducidas en relación con la nueva delimitación del ámbito territorial de las autorizaciones, previendo, además de forma excepcional, "la posibilidad de poder contar con otros dos años", contados a partir del periodo del plazo de cuatro años.

Ahora, entre otros asuntos, según el artículo 14 del nuevo proyecto de Ley, "la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor, a los efectos de la legislación de los transportes por carretera, tendrá la consideración de transporte público discrecional de viajeros y sus precios no estarán sujetos a tarifas autorizadas".

Ahora, en Madrid, a este respecto, el Anteproyecto señala que "en ningún caso, podrán circular por las vías públicas en busca de clientes ni propiciar la captación de viajeros que no hubiesen contratado previamente el servicio, permaneciendo estacionados a tal efecto", como se puede leer en la página 109. También señala que la mera circulación o estacionamiento en vía pública sin un servicio contratado de una VTC "no implica propiciar la captación de viajeros".

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En la región hay 7.908 licencias VTC -el 45% de las 17.000 que hay en el conjunto de España- que suponen más de 13.000 puestos de trabajo directos e indirectos -61.700 en el cómputo nacional-. Según los cálculos de la patronal madrileña, el impacto económico de su desaparición hubiese supuesto la pérdida de más de 1.000 millones de euros contabilizando el empleo destruido, la recaudación perdida y las inversiones en la electrificación del parque de vehículos no realizadas.

Denegación de licencias

Además, en el comunicado del Gobierno regional, se regula la circulación en automóviles de turismo y la actividad de alquiler con dos nuevos artículos, a través de los cuales se fija que se podrá denegar una nueva licencia cuando se supere el porcentaje 1/30 entre las autorizaciones para esta modalidad, y las otorgadas para autotaxis.

Por otro lado, también se detalle que se modifica el artículo 16.1, que establece la no aplicación de las disposiciones sancionadoras en materia de alquiler de vehículos con conductor introducidos por la Ley 13/2021, por la que se modificó la Ley 16/1987.

Con esta regulación, el Ejecutivo regional apuesta por "garantizar la mejor y más completa oferta de transporte a los madrileños, fomentar la libertad de elección, la actividad económica, el empleo y la competencia, por lo que convivirán todas las modalidades de desplazamiento de viajeros". 

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya avanzó que lo que quería es que  "los VTC no tengan más facilidades que el taxi" y por ello, explicó que los conductores de estas empresas tendrán que superar también un examen con preguntas de lengua castellana, marco jurídico y localización de direcciones en planos, entre otras cuestiones.

"Posible prevaricación"

Tras conocer la aprobación de este proyecto de Ley, la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha anunciado horas después que denunciará a la Comunidad de Madrid por una "posible prevaricación" al permitir, extralimitándose a sus competencias, que las VTC continúen ejerciendo su servicio en la región a partir de octubre.

"Esta nueva normativa chocaría frontalmente con la normativa estatal que otorga al Ejecutivo las competencias en gestión de autorizaciones VTC. Tenemos muchas dudas jurídicas sobre la forma en la que se van a habilitar este tipo de autorizaciones estatales, gestionadas por el Ministerio de Transportes, en las que, como mínimo, roza la prevaricación y emite una nueva ley no consensuada ni informada al sector del taxi, para que pasen a realizar transporte urbano", ha explicado el presidente de la FPTM, Julio Sanz.

En este sentido, Sanz ha subrayado que "la Comunidad de Madrid se salta la normativa estatal de nuevo y ofrece a las VTC una normativa hecha a su medida que da cabida al libertinaje en el transporte de viajeros, al tiempo que precariza y menosprecia al sector del taxi".