El Gobierno acelera para zanjar el caso Pegasus y pretende convocar la comisión de Secretos Oficiales la semana que viene

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso
La ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso
EFE
La ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso

El Gobierno quiere zanjar cuanto antes la crisis abierta por las escuchas a políticos independentistas vascos y catalanes con el programa Pegasus. Las previsiones del Ejecutivo pasan por convocar la semana que viene la primera reunión de la Comisión de Gastos Reservados -conocida como de Secretos Oficiales, que se ha constituido este jueves con presencia de todos los grupos parlamentarios, como establece el Reglamento de la Cámara. Esto significa que tendrán presencia en la comisión representantes de ERC, EH Bildu, Junts y la CUP. Será en dicho encuentro de dentro de unos días cuando el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) podrá defenderse de unas acusaciones que están poniendo en peligro la estabilidad de la legislatura.

"Para el Gobierno, cuanto antes, mejor", señalan fuentes de alto rango del Ejecutivo, que aseguran que cuando los independentistas conozcan los detalles de la polémica, "la entenderán". Esperan así que comience a desinflarse el que los afectados denominan como 'Catalangate', que salió a la luz la semana pasada, cuando Amnistía Internacional, Forbidden Stories y casi una veintena de medios de comunicación denunciaron el uso de Pegasus por parte de España para espiar a varios líderes del independentismo.

Desde entonces, ERC ha estado tensionando las relaciones con el Gobierno, que ya están restringidas al mínimo. Esto se ha confirmado con un nuevo 'no' de los republicanos a un decreto clave para el Ejecutivo. En febrero fue la reforma laboral y, este miércoles, el plan de choque contra las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, que el Gobierno ha logrado salvar gracias al apoyo de EH Bildu

Todo ello, pese a que el Gobierno se ha esforzado para no llegar a tal punto. Primero, asegurando que todo fue "legal", pero también instando a que el Defensor del Pueblo lo investigue y constituyendo la Comisión de Secretos Oficiales -que llevaba tres años sin constituirse- para que la directora del CNI, Paz Esteban, pueda dar explicaciones. 

Este último paso ha tenido lugar este jueves, cuando el Pleno ha elegido, por votación en urna y sufragio secreto, a los diez únicos diputados -uno por grupo parlamentario- que estarán autorizados para acceder a materias clasificadas, recibirán información sobre el uso de los fondos reservados y podrán controlar las actividades del CNI.

Entre los elegidos están Héctor Gómez (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), Pablo Echenique (Unidas Podemos) y Edmundo Bal (Ciudadanos), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Aitor Esteban (PNV), Mertxe Aizpurua (EH Bildu) y Albert Botran (CUP). Para ello, los dos partidos del Gobierno forzaron el miércoles una reforma legislativa para que dichas formaciones pudieran sortear los vetos del PP al rebajar la mayoría necesaria para tener representantes en la comisión.

Hasta la fecha, para la elección de dicho diputado se necesitaba una mayoría de tres quintos del Congreso de lo Diputados, es decir, 210 votos a favor de la elección. Tras la maniobra que ha efectuado la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, los miembros pueden ser elegidos por mayoría absoluta, lo que abre la puerta a representantes de ERC y Bildu, gracias a los votos favorables de PSOE y Unidas Podemos y en contra de la voluntad del bloque de las derechas, PP y Vox, que querían vetar a ambos grupos parlamentarios. 

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