La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a las nuevas diligencias solicitadas por la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática, que se querelló contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por las supuestas subvenciones a entidades afines, tras recordar que las "causas generales" están prohibidas.

En un escrito, el fiscal ha pedido al juez que rechace las nuevas diligencias planteadas por la acusación particular para que se requieran todas las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Barcelona entre 2014 y 2021 y su análisis por parte de la policía judicial, al entender que son "innecesarias, ineficaces, excesivas y carentes de causa y fundamento".

La Fiscalía Anticorrupción ya archivó en julio del año pasado una denuncia presentada por otra entidad -asesorada por el mismo bufete jurídico que la Asociación por la Transparencia- que según el ministerio público era "en un 99 %" idéntica a la que ahora se está investigando en el juzgado de instrucción de Barcelona.

En su querella, la Asociación por la Transparencia acusa a Colau de haber concedido subvenciones directas de forma arbitraria a entidades afines como la PAH o el Observatorio DESC, ayudas en las que el ministerio público no vio ningún tipo de delito.

En su informe, el fiscal recuerda a la acusación que en el ordenamiento jurídico están prohibidas "las llamadas causas generales basadas en investigaciones prospectivas o a futuro, que se van ampliando de manera prácticamente indefinida a medida que las diligencias ya practicadas no dan el resultado que se había previsto".

Para el fiscal, es "en todo punto excesivo, innecesario y falto de criterio jurídico" que se requieran todas las subvenciones entre los años 2014 y 2021 "con la esperanza, intuimos, de lograr poner en evidencia alguna irregularidad en alguno de los expedientes que formarían parte de la ingente cantidad de documentación que se solicita".

En ese sentido, recuerda el ministerio público que la querella "se ciñe a supuestos ilícitos cometidos en expedientes concretos y determinados, sin que exista ni un solo indicio que permita justificar la aportación indiscriminada de todos los expedientes" que reclama la acusación particular.

"En nuestro derecho penal no tiene cabida el, si se me permite la expresión, por si acaso, la investigación en prevención y sin causa que lo justifique. Lo contrario supondría situar a cualquier persona física o jurídica bajo una sospecha general por lo realizado en cualquier momento o lugar", añade el ministerio público.

Además, recuerda la Fiscalía que todo lo que la Asociación pretende saber lo puede obtener en el interrogatorio de la interventora municipal, que ha declarado este martes ante el juez y ha avalado la legalidad de las subvenciones, pese a admitir que aconsejó tramitarlas a través de los presupuestos municipales para reforzar su control político.

Respecto a la petición de que se requiera apoyo a la policía judicial en la investigación, el fiscal sostiene que eso supone pedir a los agentes que lean "atentamente la documentación aportada y pongan de manifiesto las posibles irregularidades que detecten", una función que, sugiere, sería "más propia" de la acusación.