El PP pasa al contraataque. Un mes después de que el Gobierno presentara su plan de choque dotado con 6.000 millones de euros para tratar de mitigar el impacto de las subidas de precios a los españoles, los populares han lanzado una propuesta con sello propio. Se trata de un documento de 41 páginas elaborado por más de 25 personas, entre ellos exministros y expertos ajenos al partido, en el que los de Alberto Núñez Feijóo plantean sus propias recetas para combatir la crisis. 

El informe, que los populares han enviado al Gobierno este viernes, rehúye los símbolos del PP y emplea el escudo de España como membrete, lo que le da cierta apariencia de documento oficial. En él se desgranan una serie de propuestas que abordan las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania desde un enfoque distinto al de la coalición en el Ejecutivo. 

Mientras los de Pedro Sánchez apuestan por reinvertir la recaudación fiscal extra que está dejando la inflación en forma de ayudas directas a los ciudadanos, los de Feijóo proponen devolver parte de estas ganancias a los bolsillos de los españoles a través de rebajas fiscales a las clases medias y bajas.

Aunque ambos planes aportan soluciones distintas a un mismo problema, pueden acabar necesitándose el uno al otro. El próximo jueves el Congreso votará la convalidación del decreto que desarrolla la propuesta  del Gobierno. Y los populares condicionan su voto a que Sánchez acepte alguna de las propuestas que aparecen en el documento enviado este viernes.

"Tenemos que intentar hasta el último momento que estas medidas se pongan encima de la mesa. Si el Gobierno no las aprueba, veremos lo que hacemos", ha expresado el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, en un briefing en el que ha desgranado ante los medios de comunicación la propuesta económica del PP. Aunque Bravo no ha desvelado lo que votarán los suyos el próximo jueves, sí ha dejado claro que la actitud del Ejecutivo hacia sus propuestas condicionará el sentido del voto.

Ofrecer al Gobierno "algo que pueda aceptar"

El documento, que ha sido bautizado como Plan de Medidas Urgentes y Extraordinarias en Defensa de las Familias y la Economía de España, se estructura en cuatro grandes apartados: bajar impuestos, simplificar la burocracia, reducir el gasto en la Administración y repensar los fondos europeos. 

La idea de los populares es ofrecer al Gobierno "algo que pueda aceptar" y que se pueda aplicar rápido y sin ahondar el agujero en las cuentas públicas que ha dejado la crisis coronavírica. Por ello, sostienen, todas las medidas propuestas se sufragarían con los ingresos fiscales extra que el Estado ha obtenido por la elevada inflación. Una recaudación inesperada que podría rondar los 18.000 millones, según estiman en el PP. Las rebajas fiscales estarían limitadas a un horizonte temporal de un año.

La premisa para justificar las bajadas de impuestos, arguyen, es que el Estado debe participar también del pacto de rentas que propone el Gobierno. Así, al igual que se pide a los trabajadores que contengan sus salarios y a las empresas sus beneficios, razonan los populares, la administración también debe poner de su parte renunciando a una parte de esos ingresos extra. 

Bajadas de impuestos de hasta 10.000 millones

Las propuestas más concretas que plantea el PP lo son en materia de rebajas fiscales. Los populares piden al Gobierno una bajada de impuestos de entre 7.500 y 10.000 millones de euros, aunque no precisan las cuantías exactas que debe reducirse cada tributo. Estas cifras, insisten, son solo una horquilla que refleja el tamaño de la rebaja fiscal que contentaría al PP.

La medida estrella en materia fiscal es una revisión del IRPF a las rentas menores de 40.000 euros, que se estructura en tres pilares básicos. Por un lado, para los contribuyentes que no superan los 14.000 euros anuales de ingresos, los de Feijóo proponen una deducción de entre 200 y 300 euros anuales. Esta deducción se podría cobrar de manera anticipada para evitar que los más vulnerables tengan que esperar a presentar la declaración de la renta ya el año que viene.

¿Qué es la deflactación que propone Feijóo para el IRPF?

En segundo lugar, proponen elevar el mínimo personal y familiar (la parte de los ingresos que no está sometida a tributación por IRPF) para todos los contribuyentes con rentas de entre 14.000 y 22.000 euros. Estos nuevos mínimos estarían adaptados al nivel de renta, de tal forma que cuantos mayores fueraa los ingresos, menor sería esa parte que tributa al 0%.

Todo ello vendría acompañado de una deflactación de los tres primeros tramos del impuesto (hasta 40.000 euros) que beneficiaría a todos los contribuyentes, pero especialmente a los que reciben menos ingresos. Aunque el vicesecretario de Economía del PP no ha desvelado cómo cambiaría esta deflactación los umbrales del IRPF, la actualización de las tarifas podría moverse entre lo que marquen las subidas laborales pactadas por convenio y la inflación promedio de este año. Con los últimos datos disponibles, este rango podría moverse entre el 2,4 y el 7,5%, si se cumplen las previsiones  de inflación del Banco de España.

Para que estas medidas desplegaran todo su potencial, desde el PP proponen también ajustar automáticamente las retenciones del IRPF con efecto retroactivo a 1 de enero. Así, arguyen, todos los contribuyentes notarían la rebaja discal con efecto inmediato en su nómina 

Bajar la luz al 4% y tirar de fondos europeos

Los populares proponen también rebajar el IVA de la luz del 10% actual a un 4%, una medida que costaría unos 750 millones. Además, se abren a aplicar un IVA superreducido otros productos especialmente afectados por la inflación, aunque no precisan cuáles. El documento recoge también rebajas fiscales en los impuestos al gasóleo profesional y el agrícola, así como una propuesta para agilizar las devoluciones de estos tributos a los colectivos afectados.

Otra de las propuestas de mayor calado que aparecen en el informe es emplear un parte de los fondos europeos Next Generation EU para conceder incentivos fiscales. En concreto, proponen que se destine el 7% de dichos fondos (4.900 millones) a este fin, como ya han hecho países como Portugal, Francia o Dinamarca en algunas partidas. Todas estas propuestas fiscales se complementan con otras medidas que llaman a simplificar trámites para agilizar la burocracia y acelerar la transformación digital en las administraciones públicas.

En cambio, en el documento no hay ni rastro de mención a reducciones en el gasto público en sanidad, educación o en pensiones. Precisamente en este último apartado se especulaba con que el PP propondría no revalorizar con el IPC las pensiones más altas, algo que Juan Bravo se ha apresurado a desmentir. "En el documento no hay referencia alguna a las pensiones", ha dicho. "Todos los temas vinculados a las pensiones se negocian en la comisión del pacto de Toledo", ha zanjado.

La pelota está ahora en el tejado del Gobierno, pendiente de que su receta económica para la crisis reciba el visto bueno del Congreso el próximo jueves.