El Gobierno recurrirá a Estrasburgo para impedir que los etarras incomunicados puedan alegar vulneración de derechos

La ministra de Justicia, Pilar Llop, en una rueda de prensa posterior a una reunión del Consejo de Ministros, en La Moncloa, a 4 de marzo de 2022, en Madrid (España). Durante la comparecencia han informado de que han aprobado un acuerdo por el que se liberarán dos millones de barriles de petróleo de las existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos, una medida para "dar seguridad y calma a los mercados" tras el estallido del conflicto bélico en Ucrania. España está participando activamente para mostrar su apoyo al pueblo ucraniano tras el inicio de la guerra el pasado 24 de febrero cuando Rusia comenzó a atacar al país por varios flancos. 04 MARZO 2022;CONSEJO DE MINISTROS;PETROLEO;RESERVAS;GUERRA;UCRANIA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL / Europa Press 04/3/2022
La ministra de Justicia, Pilar Llop.
Europa Press

A cinco días de que expire el plazo, la Abogacía del Estado ha confirmado que sí presentará recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para tratar de revertir la sentencia que dio la razón a un etarra que denunció vulneración de derechos por no haber tenido acceso a su abogado de confianza durante el tiempo que permaneció incomunicado en prisión provisional.

Se trata de la sentencia del tribunal con sede en Estrasburgo que condena a España a indemnizar al miembro de ETA Xavier Atristain con la cantidad de 12.000 euros en concepto de daño moral sufrido y 8.000 en concepto de costas y gastos. 

El fallo judicial ha sido calificado por la ministra de Justicia, Pilar Llop, como "muy grave", aunque en los últimos días no acababa de decir si la Abogacía del Estado presentaría recurso ante la Gran Sala del TEDH, toda vez que el plazo para hacerlo expira el próximo lunes, 18 de abril. Sus últimas declaraciones antes de que los servicios jurídicos del Estado confirmaran la posibilidad de presentar la impugnación fueron que el asunto es "muy complejo" y que había que "dejar trabajar con tranquilidad" a la Abogacía. Fuentes gubernamentales informaron justo después a 20minutos la presentación del recurso antes del lunes.

Atristain acudió a Estrasburgo para denunciar que mientras estuvo incomunicado en prisión preventiva se le negó el acceso a un letrado de su elección y fue interrogado por la Policía sin la presencia de un abogado, lo que, según asegura, le llevó a hacer declaraciones autoincriminatorias que derivaron en la condena de 17 años que cumple por pertenencia a organización terrorista y tenencia de explosivos.

El etarra basó su recurso ante el TEDH en el artículo 6.1 y el 6.3.c del Convenio Europeo de Derechos Humanos y preguntaba al tribunal si se puede considerar que la detención en régimen de incomunicación, que sólo ofrece al detenido un abogado de oficio como representante legal y le priva de un abogado de su elección, cumple con los requisitos establecidos por la jurisprudencia del tribunal europeo.

Fuentes jurídicas explican a 20minutos que en régimen de aislamiento penitenciario, los presos son privados de ciertos derechos, ya que se les limitan las llamadas telefónicas y sólo pueden tener acceso a un abogado de oficio, no al que ellos consideran de su confianza. Es la situación en la que se encontraban la mayoría de etarras al iniciar sus condenas.

A raíz de la sentencia de Estrasburgo, el propio Atristain presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para que revisara su condena aplicando el fallo del TEDH. El magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal, se dirigió entonces al Ministerio de Justicia para remarcar que el futuro de tal recurso -y, por tanto, la libertad para el etarra- está condicionado a la firmeza de la sentencia del tribunal europeo y que dicha firmeza depende de si la Abogacía del Estado impugnaba el fallo. Impugnación que se ha conocido este martes, por lo que la revisión de la sentencia del etarra quedará en suspenso hasta que se pronuncie la Gran Sala.

Un fallo que pueden usar muchos otros etarras

Después de que Estrasburgo diera la razón a Atristain, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha venido alertando de la posibilidad de una "excarcelación masiva", con el correspondiente pago de indemnizaciones a cargo del Estado, ya que el fallo podía ser utilizado por muchos otros miembros de ETA para intentar anular sus condenas alegando las mismas circunstancias cuando estuvieron en régimen de aislamiento. 

De este modo, la asociación ha solicitado en varias ocasiones al Gobierno que la Abogacía del Estado presentara el recurso ante la Gran Sala con el objetivo de intentar que la sentencia sea revocada

Las fuentes jurídicas consultadas consideran que ahora es cuando corresponde a la Abogacía del Estado hacer "pedagogía" ante los magistrados del TEDH sobre el régimen de aislamiento penitenciario que Estrasburgo acaba de poner en cuestión.

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