Había transcurrido más de un mes desde que Pepi Mellado solicitara el bono social eléctrico y no había tenido noticias hasta que recibió aquel email:

"Con respecto a su solicitud de Bono Social le comunicamos que se ha comprobado que no reúne los requisitos establecidos en el artículo 3 del RD 897/2017 de 6 de Octubre, por el motivo siguiente: Los niveles de Renta exceden los umbrales establecidos".

En 2018, una operación que se complicó dejó a esta mujer de 56 años, que hasta entonces trabajaba como operaria de limpieza, con una discapacidad permanente total y una pensión de 520 euros al mes, que, desde el pasado enero, subió a 583 euros. Su marido, un carpintero de 61 años que perdió su trabajo durante la pandemia tras sufrir un accidente laboral, recibe el subsidio estatal para mayores de 52 años desempleados de 463 euros. Sus ingresos totales cuando pidió el bono social no llegaban a los 1.000 euros mensuales.

"Nos dijeron que no entrábamos en los umbrales, a mí me extrañó", declara Mellado, que asegura haber "puesto la calefacción una semana en todo el invierno" ante la incapacidad para hacer frente a las facturas de los suministros básicos de su hogar, una vivienda pública ubicada en Tarragona.

"Nadie nos lo ha explicado, yo estoy súper perdida y aún no sé por qué se me ha denegado, simplemente se dice que no cumplo los requisitos. Desde la compañía me dicen que ellos no saben nada, que es la Administración la que decide y que ellos se limitan a tramitar la documentación", se lamenta Mellado, que ha vuelto a solicitar el bono y no ha recibido respuesta mes y medio después.

"Nadie nos lo ha explicado, yo estoy súper perdida y aún no sé por qué se me ha denegado"

Una ayuda que apenas llega a los que la necesitan

La situación para este matrimonio es lo que el propio Ministerio de Economía define como pobreza energética: "Un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente".

Para tratar de combatir esta situación, una de las medidas estrella ha sido, desde hace más de una década, el llamado bono social eléctrico, en esencia, una obligación que pesa sobre las empresas de comercialización eléctrica de realizar un descuento en la factura a personas que cumplan ciertos requisitos de renta o de pertenencia a grupos como víctimas de la violencia de género o familias numerosas.

Aprobado por primera vez en el Reino Unido en los años 90, España lo adoptó en 2009 y ha sido revocado por la Justicia y modificado en varias ocasiones desde entonces. En su versión actual, vigente desde 2016, la factura puede estar bonificada entre un 25% y un 70% en función de distintos criterios.

Según el informe de la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética 2019-2024 elaborado por Economía, 3,5 millones de españoles arrastran retrasos en el pago de sus facturas, 3,7 millones no pueden mantener una temperatura adecuada en su vivienda en invierno y 8,1 millones tienen que dedicar una parte de sus ingresos al pago de la electricidad que es más del doble al de la mediana nacional. 

Sin embargo, actualmente, tan solo 1,3 millones de ciudadanos se benefician de este bono, lo que da fe del escaso alcance de la medida. El Gobierno espera poder aumentar en 600.000 el número de beneficiarios con el aumento de los umbrales de renta aprobado el 29 de marzo.

"El resultado no ha sido el esperado, porque, con los requisitos que se establecen, muchos potenciales beneficiarios se quedan fuera por cantidades mínimas", explica Rosa María Regueiro, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela, que espera una "mejora" con los últimos cambios introducidos. 

"Los requisitos para acceder al bono social tienen que tener en cuenta las características de la población a la que se quiere beneficiar. Si para unos colectivos se aplica la renta y para otros no -como las familias numerosas- se pueden acabar por excluir del bono a algunas personas que tienen todas las de la ley para ser beneficiarios", añade Regueiro.

Las trabas burocráticas

Más allá de los umbrales, uno de los grandes problemas que arrastra el bono social es que muchos potenciales beneficiarios ni siquiera llegan a solicitarlo, bien por desconocimiento de su existencia o por la incapacidad de superar las trabas burocráticas.

El grupo de investigación dirigido por la profesora Regueiro está asesorando desde hace años a administraciones locales para mejorar la comunicación y la asistencia a los ciudadanos que pidan información.

"Los servicios de las eléctricas están colapsados y mucha ciudadanía tanto en ámbito rural como urbano desconoce la existencia del bono social eléctrico", explica Regueiro. "Falla la comunicación por parte de las autoridades correspondientes y falla también el servicio que ponen las eléctricas, no porque sea malo, sino porque es insuficiente".

Organizaciones de la sociedad civil asociadas bajo el paraguas de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) han solicitado reiteradamente que se cree un sistema que permita cruzar los datos de perceptores de otras ayudas como el Ingreso Mínimo Vital con los de las compañías eléctricas para que se les aplique de forma automática el bono social. Este sistema ya está vigente en Portugal.

"Para nosotros parece muy fácil, pero hay gente con la que hablas y lo primero es que te dicen que ni sabían que hay un bono social. Otros no saben cómo se hace, no lo entienden, no saben ni lo que es una solicitud, pensamos que eso no existe, pero existe", declara Soledad Montero, portavoz de la APE en Madrid. "En Portugal, a partir de determinada renta tú no haces nada, tú vives tu vida y, de repente, en la factura de la luz, ves que te han metido un descuento porque te corresponde el bono social. De esa forma, llega a mucha más gente".

Una ayuda insuficiente

Francisco Camino despliega media docena de facturas por la mesa. "Estas las he cogido al azar, pero tengo todo guardado desde hace cinco años o más, te podría llenar la mesa". Tras media vida dedicada a la metalurgia y la otra a la hostelería, este jubilado de 78 años se ha quedado con una pensión de 700 euros mensuales.

Solicitó el bono hace seis años, pero su renta le permitió solo entrar en la categoría menos bonificada, la del 25%. Según denuncia, durante años ni siquiera ese 25% se correspondió con la realidad, sino que se limitó a porcentajes muy inferiores de su factura.

Jorge París | jparis

"Lo más cómodo es apretar el botón de la calefacción, pero luego viene esto"

"Estoy hablando del engaño del bono social, decían que te ayudaban con un 25% sobre el importe de la factura, y eso es mentira. Cuando fui a preguntar a la eléctrica, me dijeron que era el 25%, pero solo sobre los primeros 100 kilovatios consumidos", declara Camino.

Para la APE, los umbrales de renta para poder acceder a una categoría de descuento u otra son excesivamente bajos.

"Hay que ganar menos de 6.000 euros al año para tener el 40% de descuento en la factura de la luz, mira, si yo gano menos de 6.000 euros al año no necesito el bono social, no necesito más que morirme", se lamenta Montero, de la APE, que reivindica una tarifa social que se aplique automáticamente en función de la renta.

Entre tanto, personas como Camino siguen en una situación de pobreza energética que ni el bono social ni los intentos por poner freno a la subida del precio de la energía están siendo capaces de subsanar.

"Los inviernos los pasas muy mal, muy mal, poniéndote capas de ropa", asegura Camino, que vive solo en una casa de campo en Nuevo Baztán, a 50km de Madrid. "Lo más cómodo es apretar el botón de la calefacción, pero luego viene esto", declara, señalando a las facturas esparcidas por la mesa.

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