La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha convocado una reunión para este miércoles con todos los operadores jurídicos -representantes de judicatura, Fiscalía, fuerzas y cuerpos de seguridad, atención a las víctimas y el Instituto de Medicina Legal- para poder analizar y evaluar lo que ha pasado en el caso del niño supuestamnete asesinado a manos de su padre en Sueca y por qué, -ha dicho- a pesar de que ella denunció, "no hemos sido capaces de detectar al monstruo, el riesgo que corría esa mujer, y sobre todo el menor, y no hemos podido anticiparnos".

Bravo ha realizado estas declaraciones ante los medios tras guardar un minuto de silencio en la puerta de la Audiencia Provincial de Castellón y manifestar la más "absoluta condena a este cruel asesinato" que -ha apuntado- "se ha llevado por delante la vida de un menor"; y ha mostrado el apoyo y solidaridad con toda la familia, especialmente con la madre, "a la que se ha querido acabar con su vida en vida y para eso el asesino ha acabado con la vida de lo que ella más quería".

La titular de Justicia ha asegurado que, como sociedad, hay que sentirse muy consternados porque "cada asesinato de una mujer o de un niño, cuando además hay un procedimiento judicial, es un mayor fracaso". "A las víctimas les cuesta mucho denunciar, y no podemos ni asumir ni tolerar que estas cosas sigan ocurriendo", ha añadido.

Preguntada por la falta de comunicación entre juzgados en este caso, Bravo ha explicado que han fallado muchas cosas, como la falta de comunicación entre las partes "porque es bastante incomprensible que el letrado que asiste a la víctima no tuviera conocimiento de que había iniciado un proceso de separación un mes antes, así como que no se adopten medidas sobre la vivienda habitual, que en ningún momento se comunique que hay un procedimiento de separación y que, ante un monstruo de esa entidad, no seamos capaces de detectar el verdadero riesgo que está sufriendo esa víctima y ese menor".

Según ha subrayado, esto pasa porque -en su opinión- los juicios rápidos no son los procedimientos más adecuados para poder analizar todo lo que está pasando. "La mujer entró en el juzgado a las 9.00 y salió a las 14.00 horas con una sentencia que únicamente se centra en los hechos probados y con una pena que se determina en base a esos hechos: ocho meses de alejamiento que acababan este mes", ha destacado la consellera, quien ha asegurado no ser "nada partidaria" de los juicios rápidos para los asuntos de violencia de género.

COMUNICACIÓN ENTRE JUZGADOS

Por otra parte, Bravo considera que hay que mejorar la comunicación para que los juzgados puedan tener interconexión, pero ha aclarado que, en este caso, sí se tenía acceso al sistema que permite conocer las resoluciones que se dictan por parte de un juzgado de violencia porque son partidos judiciales mixtos, aunque -ha matizado- "que se pueda acceder no significa que estuviera obligado".

"Lo importante, más allá de que en otros partidos judiciales será necesario que todos los jueces de familia tengan acceso en los partidos con jurisdicción separada, es establecer un protocolo para que todos los jueces de familia tengan la capacidad de poder acceder e incorporar el sistema de alertas", ha dicho.

En este sentido, Gabriela Bravo considera que el Consejo General de Poder Judicial también tiene en esta cuestión un papel importante en mejorar los procesos, es decir, "las admninistraciones deben poner los recursos, y si se pueden incorporar alertas, muchísimo mejor, pero también es fundamental incorporar nuevos protocolos, como, por ejemplo que las oficinas de atención a las víctimas también pudieran tener acceso al registro de los asuntos judiciales que entran".

Al respecto, ha explicado que en los juzgados de familia un 40 por ciento de los procedimientos judiciales que se están tramitando "ocultan verdaderas historias de malos tratos que no salen a la luz porque las mujeres no se atreven a denunciar porque tienen miedo y solo quieren separarse".

"Tenemos que hacer autocrítica todos porque no podemos consentir que esto siga sucediendo", ha señalado la consellera de Justicia, quien ha aclardo que "es cierto que el único culpable aquí es el maltratador, el presunto asesino", pero ha recordado que las administraciones y los poderes públicos tienen la obligación de poner en marcha todos los recursos y "asumir la autocrítica necesaria para mejorar el sistema".

RÉGIMEN DE VISITAS

Preguntada por el régimen de visitas al menor en este caso, la consellera ha señalado que normalmente cuando una mujer presenta una denuncia por maltrato, si no se pide suspensión o medida de alejamiento con respecto al menor, "como en este caso", no hay pronunciamiento y se suspende el régimen de visitas de forma automática durante 30 días "para que la víctima, si lo considera oportuno, presente la demanda de separación o de divorcio y, si la presenta, se suspende 30 días más".

"En el marco de ese procedimiento civil que conoce el mismo juez de violencia es en el que hay un pronunciamiento respecto a la suspensión o no se visitas, pero, en este caso, ocurre al revés, es decir se presenta una demanda de mutuo acuerdo y después ella denuncia", ha relatado Bravo, quien ha añadido que imagina que la víctima tendría dos letrados -en el procedimiento civil y en el penal- "y en el procedimiento penal, incomprensiblemente, nadie preguntó en qué situación estaba".

Además, ha informado que la patria potestad la seguían teniendo compartida los padres. "Lo que se atribuyó a la madre en el auto de medidas fue la guarda y custodia, que en el procedimiento civil, como se presentó de mutuo acuerdo, se pidió guarda y custodia compartida", ha añadido.

"Me preocupa el tema de trabajar mejor, que se utilicen las unidades de valoración integral de riesgo, que se tenga cuidado con los juicios rápidos y esas conformidades en las que en menos de 48 horas el procedimiento se finiquita y no profundizamos sobre lo que puede hay detrás del agresor", ha manifestado Bravo.

La consellera ha señalado la necesidad de plantearse si en esos procedimientos "en los que aparentemente parece que no ha pasado nada y se está ante una simple bofetada o un simple empujón, que acaban con condenas de 40 días de prestaciones en beneficio de la comunidad, hay algo detrás, y para averiguarlo se necesitan otros protocolos y otras formas de trabajar todos".

"No podemos banalizar con el tema de la violencia como hacen algunos partidos políticos, pues detrás de cada bofetada o empujón puede haber historias terribles de malos tratos de 20 años que las víctimas no han querido denunciar, por eso es importante practicar todos los informes necesarios, al igual que tener en cuenta al menor y evaluar el grado de vulnerabilidad y de riesgo que puede tener, y para valorar el riesgo hay que examinar también al presunto agresor", ha concluido.