El ejército avisó de la llegada de una persona VIP para no identificar a Ghali, dice un testigo

Imagen de archivo de Brahim Gali.
Imagen de archivo de Brahim Ghali.
EFE

El Estado Mayor del Ejército del Aire alertó a la base aérea de Zaragoza en abril de 2021 del aterrizaje de un avión argelino para personalidades VIP en el que viajaba un diplomático para evitar el proceso de identificación formal del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Así consta en la declaración hecha como testigo ante agentes policiales por el oficial de servicio en esta base el día de la llegada de Ghali -el 18 de abril de 2021- y ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción de Zaragoza nº 7, que investiga la presunta entrada ilegal del líder polisario en España.

En su declaración este sábado, el oficial relata que el aviso de la llegada del avión VIP argelino le fue dada a través de una llamada telefónica del Estado Mayor del Ejército del Aire en la que le advirtieron, además, de que el vuelo venía garantizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Destaca, además, que también se le comunicó que todo lo referido a las autorizaciones estaba ya solucionado y que, por lo tanto, no era necesario solicitar documentación alguna ni pasaportes a los pasajeros del avión.

Este testigo señala que en una llamada exterior fue avisado de la llegada de una ambulancia para recoger al diplomático, enfermo de Covid, y que su acceso a la base ya había sido coordinado previamente.

Al llegar allí, continúa el declarante, la ambulancia fue escoltada por la policía aérea de la base hasta la plataforma de la pista de vuelo donde iba a aterrizar la aeronave.

Añade que, como oficial de vuelo de servicio, se acercó al avión para conocer sus necesidades de cara al posterior despegue, e indicó a la ambulancia la forma de acercarse a la aeronave al encontrarse en una instalación militar.

Destaca en su declaración que vio sacar del avión a una persona en camilla, a dos sanitarios con equipos de protección individual (EPI), a una persona con uniforme de vuelo y a un civil, que se montó en el asiento del copiloto de la ambulancia y que luego fue identificado como el hijo de Ghali.

En su declaración desvela, además, que la persona "vestida de paisano" que se encontraba en el recinto aéreo y cuya presencia fue referida por los sanitarios de la ambulancia, era el coronel del Ejército del Aire que ocupa el cargo de segundo jefe de la base aérea de Zaragoza.

El representante de la acusación popular, el letrado malagueño Antonio Urdiales, ha destacado en declaraciones que "no se comprende" que los oficiales de guardia no cumplieran ni el protocolo de la base ni el Reglamento de Schengen, dejando cruzar la frontera a ese "presunto diplomático" argelino sin identificar y a sus acompañantes.

Por esta razón, Urdiales pedirá al instructor del caso que estos dos oficiales declaren en calidad de investigados por un presunto delito de prevaricación, al autorizar la entrada de personas "violando la normativa de Schengen y el propio protocolo de la base aérea de Zaragoza".

En su opinión, "si el juez Lasala no entiende que esto es delito, será la Audiencia de Zaragoza quien tendrá que dar la respuesta final, y si finalmente no se aprecia delito alguno, pues que sean bienvenidos los contrabandistas a los aeropuertos militares invitados por funcionarios ministeriales".

En un informe remitido al juez por el comisario jefe de la Comisaría Especial de Policía Nacional se indica que el Director Adjunto Operativo del Cuerpo, que declaró en pasadas fechas ante el instructor, no fue informado de la entrada de Ghali.

Respecto al líder del Frente Polisario, el informe destaca que el 14 de abril de 2021, cuatro días antes de la llegada del avión procedente de Argelia, se recibió un oficio del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional de requerimiento de Ghali para prestar declaración como investigado en una causa por terrorismo.

Esta declaración finalmente se produjo por videoconferencia desde el hospital riojano donde fue ingresado Ghali el 5 de mayo, después de hacerse pública a través de los medios de comunicación su presencia en España.

La causa judicial, en la que permanece como investigada la exministra de Exteriores Arancha González Laya tras el sobreseimiento del procedimiento en relación a su exjefe de gabinete, Camilo Villarino, permanece en suspenso a la espera de que la Audiencia de Zaragoza resuelva los recursos interpuestos contra la decisión del instructor.

Esta decisión ha sido recurrida por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, que reclaman el sobreseimiento de la causa también respecto a González Laya, así como por el letrado de una de las acusaciones populares, el abogado Urdiales, que solicita el mantenimiento de Villarino como investigado por presuntos delitos de prevaricación y encubrimiento.

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