El Gobierno está a la espera de la respuesta de la Comisión Europea a su propuesta conjunta con Portugal para limitar el precio del gas a 30 euros MWh. Espera con máxima atención que el Ejecutivo comunitario la evalúe de urgencia, ante un escenario en el que el precio de la luz sigue superando cómodamente los 200 euros todos los días y medio año después de un primer intento -a escala nacional- para reformar el sistema de fijación del precio de la luz que pagan el 40% de los hogares y que finalmente fue desechado por no encontrar una respuesta unívoca en el sector.

Antes de la urgencia que la semana pasada llevó al Gobierno a echar un pulso a la UE para poder limitar el precio de gas y, ahora, a esperar la respuesta de Bruselas para fijarlo de forma "inmediata", el Ministerio de Transición Ecológica decidió no continuar con una reforma legal que buscaba reducir la dependencia de la fijación de los precios de la luz de los vaivenes diarios de las subastas y, con ello, de las variaciones en energías como el gas.

Este intento data de octubre del año pasado, en un momento en el que la luz ya superaba los 100 euros MWh, más de la mitad del precio de hoy en día, pero que ya doblaba las cifras de lo que era habitual. Para entonces, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había pedido en la UE medidas para atajar la situación, entre ellas, la compra conjunta de gas que terminó acordando el Consejo Europeo de la semana pasada y el límite al precio del gas, que los Veintisiete aceptaron conceder de forma excepcional y temporal a España y Portugal.

Consulta hacia ninguna parte

El 1 de octubre de 2021, el Ministerio de Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, lanzaba una consulta pública para modificar el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa eléctrica regulada a la que se adscriben en la actualidad 10,7 millones de consumidores, un 40% de los hogares, y que fija el precio de la luz en función del consumo y del precio que registra cada hora del día, es decir, de las 24 subastas diarias en las que van entrando las distintas fuentes de energía, que terminan pagándose al precio de la última en llegar y más cara, el gas natural, que el Gobierno urge a Bruselas a desacoplar del resto de tecnologías. 

El objetivo de la consulta era proponer una serie de opciones a los distintos actores para reducir la dependencia de la factura de la luz a los vaivenes del mercado diario. El mismo que el 8 de marzo de 2021 tasaba su precio a 54,4 euros y un año después, el 8 de marzo de 2022, marcaba un récord de 559 euros, más de 10 veces más.

Para ello, el Ministerio de Transición Ecológica planteó al sector que eligiera entre una serie de opciones, como que las subastas de electricidad fueran a "más largo plazo" que las actuales mediante "la conveniencia de incluir referencias de precios de productos a plazo". También, por ejemplo, que los consumidores dentro del régimen de PVPC que lo desearan pudieran tener un sistema "más dinámico" que otros. 

La consulta pública se cerró el 22 de octubre, pero no continuó por el camino habitual, que habría sido la elaboración por parte de Transición Ecológica de un anteproyecto de ley que aprobara después el Consejo de Ministros, como paso previo a hacer lo mismo con un proyecto de ley que se habría enviado al Congreso y, llegado el caso, convertido en un ley por la que los consumidores habrían tenido algún salvavidas para no verse sometidos a subidas diarias como las de los últimos meses.

Fuentes del departamento de Teresa Ribera señalan seis meses después que la "disparidad de criterios y posturas manifestadas no fue concluyente para abordar una revisión a corto plazo", con la cual, por tanto, no se siguió adelante.  En su lugar, el Gobierno optó por otras medidas, como el tope de 67 euros a la luz que exigió a las eléctricas en los contratos nuevos o renovados y que se incluyó en un decreto que se aprobó poco después del cierre de aquella consulta pública, el 26 de octubre. Esta ley está casi plasmada en el plan nacional que se aprobó el martes pasado, porque este límite de 67 euros se amplía a contratos fijos nuevos o renovados, que hace seis meses quedaron fuera.

Contra el PVPC

La falta de quorum que encontró Ribera en el sector puede tener que ver con el hecho de que buena parte de él considera el régimen PVPC una anacronía que solo debería existir para los consumidores vulnerables y que el Gobierno se resiste a reducir para pasar al sistema libre, tal y como quieren la Comisión Europea y, en España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Hasta que a finales de año pasado empezó la escala de precios, la tarifa regulada había sido más barata que las ofertas -mucho más a largo plazo- que en el mercado libre ofrecen las eléctricas a los clientes. Sin embargo, esto ya no es así y el octubre el Gobierno ofrecía reforzar el sistema regulado en lugar de incentivar que los consumidores se pasaran al libre, que es el que impera en el resto de la UE. Según el comparador de precios de electricidad de la CNMC, los que ofrecen las eléctricas en el mercado libre oscilan entre el más barato de 85 euros al mes al más caro, de 133, y que en todo caso está por debajo del precio que pagan por la luz los consumidores de la tarifa PVPC.

Así lo constataba también Transición Ecológica en la presentación de la consulta pública para una reforma finalmente aparcada y de la que de momento no saldrá ninguna iniciativa, que limita las opciones del Gobierno a que Bruselas le permita limitar el precio del gas. "El PVPC es una de las opciones más competitivas para el suministro de electricidad, tal y como revelan los informes de supervisión del mercado minorista de CNMC. No obstante, la evolución de los precios de la energía de los últimos meses ha motivado una reflexión sobre su configuración, puesto que traslada íntegra y rápidamente las oscilaciones del mercado mayorista a hogares y pymes, aunque esta mayor volatilidad no se traduzca en mayores precios a largo plazo", advertía el ministerio.