Si antes de la crisis casi la mitad de las familias en España tenían alguna dificultad para llegar a fin de mes, los dos años de pandemia y la guerra de Ucrania no han permitido mejorar su situación y están tensionado especialmente a hogares que nunca habían pedido ayudas y que miran más cerca a la pobreza.
La última radiografía social de Foessa mostraba que 11 millones de personas se encontraban en exclusión social en 2021, de ellas 2,7 millones eran jóvenes de entre 16 y 34 años. La puntilla a esos hogares la ha puesto una inflación cercana al 10%, con precios disparados de la luz o los alimentos, alertan a Efe expertos de entidades sociales y ONG.
"La subida de los precios nos afecta a todos, pero no de la misma manera; no es lo mismo sobrevivir a esa inflación con ingresos de 3.000 euros, que con 600 euros", explica, Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).
"Las familias especialmente vulnerables ya vivían en permanente elección, sobre todo las que tienen hijos, pensando si compran zapatos este mes o priorizan pagar internet para que los niños hagan los deberes, o encender la calefacción o comprar productos más sanos esta semana; son situaciones agotadoras que generan una gran ansiedad a las familias y un estrés tremendo", asegura el responsable de la red de pobreza.
La situación, 'de mal en peor'
Para Susías, el plan de choque del Gobierno debe impedir el excesivo empobrecimiento de la sociedad. "Está bien orientado con políticas generales para evitar que entre la menor gente posible en situaciones de pobreza, con medidas como los ERTE, el apoyo a las Pymes y autónomos, coste de los carburantes o la extensión el bono social a 600.000 personas más; hay que proteger a más gente de la clase media que empieza a estar en situación de precariedad".
Y no olvidar a las personas "que estaban en situación de altísima precariedad, con recursos tan bajos que la inflación se les lleva por delante y de ahí no salen", añade el experto, que propone extender más tiempo las medidas y actuar sobre la burocracia que sigue impidiendo a muchas personas acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV), dos tercios de los hogares no lo perciben.
Desde la Plataforma del Tercer Sector, que representa a 28.000 entidades sociales, su presidente Luciano Poyato reclama reforzar los servicios sociales para acompañar a esas nuevas familias afectadas por la subida de los precios.
"Sube la inflación y suben los precios mientras que los salarios no suben tanto, las personas en riesgo de exclusión social no pueden hacer frente a ese sobrecoste y van a sumarse a esa situación muchas familias que no van a llegar a final de mes", advierte Poyato.
El presidente del Tercer Sector coincide en la urgencia de agilizar el acceso al IMV y de facilitar los trámites para solicitar las ayudas, pero también reclama priorizar la contratación de las personas con vulnerabilidad.
Para Cáritas, el foco debe ponerse en la protección social de los que no tienen ingresos o muy pocos, como la población migrante para las que reclama una regulación, y el grupo de personas en "situación de integración precaria" y que se encuentran "al filo cercano a la pobreza", señala Ana Abril, coordinadora de Incidencia Política.
Evitar que el panorama actual empeore
Pero para la experta no hay que olvidar la importancia de prevenir las situaciones futuras y reforzar el sistema de protección social con políticas estructurales.
"Las medidas para las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión se han quedado muy cortas; se han dado pasos, pero se pueden dar más; no hay medidas para migrantes, el IMV no llega a muchas personas, en vivienda se debería ampliar el escudo y habría que actuar en relación con las pensiones contributivas más bajas", añade.
"Hay cantidad de jóvenes, de unos 24 años, que han crecido solo en contexto de crisis en sus hogares, la del 2008 cuando eran adolescentes y aún no se han recuperado; los que estaban mal, están peor, pero hay otros, como las familias monoparentales o los jóvenes, a los que les va afectar mucho más la actual situación y hay que protegerlos", reclama el responsable de la red europea de pobreza.
Un estudio publicado este jueves por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que solo una de cada tres familias vive "en situación holgada".
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