El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha introducido una enmienda en la reforma de la Ley Concursal que establece que si el fiscal general del Estado es miembro de la carrera fiscal, adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez sea cesado del cargo. De salir adelante esta modificación, posibilitará que Dolores Delgado sea ascendida a fiscal de Sala del Supremo, en los puestos más altos del escalafón del Ministerio Público, cuando abandone el cargo, sin pasar por tanto por el reglamento previsto para este tipo de promociones.

Según han informado fuentes parlamentarias, se trata de la enmienda 603 de la Ley Concursal, que indica en el apartado cuarto que "se modifica el apartado 6 del artículo 31 por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que queda redactado como sigue: Si el nombramiento de fiscal general recayese sobre un miembro de la Carrera Fiscal, quedará en situación de servicios especiales y adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese".

Delgado era fiscal de la Audiencia Nacional cuando fue nombrada ministra de Justicia en junio de 2018, tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. Tras las elecciones de noviembre de 2019, cesó en este cargo y unas semanas después fue designada fiscal general del Estado, generando todo tipo de suspicacias en la Carrera, ya que no pertenecía a la máxima categoría judicial o fiscal que se suele tener en cuenta para asignar este puesto: fiscal de Sala o magistrado del Tribunal Supremo.

Para el diputado del PP Luis Santamaría, utilizar una ley eminentemente económica para incluir este "ascenso encubierto" es un "escándalo". "Favor con favor se paga y entre tanto el Estado de Derecho por el sumidero". Y es que la Ley Concursal se está reformando para transponer la directiva de la UE sobre reestructuraciones de deuda y prevención de insolvencias. Santamaría ve la enmienda como "hecha a la medida de la persona" que ahora ocupa la Fiscalía General del Estado, a la que ha definido como "la ministra 23 del Gobierno".

El plazo de presentación de enmiendas a la Ley Concursal finalizó este mes de marzo y ahora pasarán a estudio en comisión, por lo que el dictamen definitivo que se elevará a Pleno podría estar listo a lo largo del mes de abril, según fuentes parlamentarias.

Dos abogados del Estado que ahora ocupan cargos políticos, Macarena Olona, de Vox, y Edmundo Bal, de Ciudadanos, también han criticado duramente la enmienda introducida por los socialistas. "No tienen vergüenza", ha reprochado la primera. "Después de colocar a una exministra como fiscal general, el PSOE pretende blindar su ascenso por la puerta de atrás a fiscal de Sala del TS. Los ataques del Gobierno a la separación de poderes no tienen límites", ha recriminado el segundo.

La enmienda 603 indica que este cambio y otros que incluye se justifican en la necesidad de adaptar el Estatuto Fiscal del país a las previsiones del Segundo Informe de Cumplimiento de la IV Ronda de Evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, informe relativo a España, fortaleciendo la autonomía e independencia del fiscal general. 

El precedente de María José Segarra

Esta es la justificación que también ha ofrecido la actual ministra de Justicia, Pilar Llop, al ser preguntada por este asunto por los medios de comunicación en el Congreso. "Esto no es un traje a medida, es una medida de fortalecimiento institucional de la Fiscalía, que se enmarca dentro de las recomendaciones que hace el grupo de estados contra la corrupción, el grupo GRECO", ha explicado.

Llop ha subrayado que "de lo que se trata es de elevar a categoría de ley lo que ya se hizo en su momento" con la fiscal María José Segarra, quien al igual que Delgado no era fiscal de Sala cuando fue nombrada fiscal general. A los pocos meses de volver a su puesto en la Fiscalía de Sevilla, fue ascendida a fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores. Un ascenso, ha dicho la ministra, que "fue aplaudida por toda la Carrera Fiscal".

De hecho, desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF) aseguran que la posibilidad de reformar el Estatuto Fiscal en este sentido fue avalada por unanimidad del Consejo Fiscal, que integran vocales de las dos principales asociaciones de la Carrera, de cara al cese de Segarra, por lo que recalcan que se trata de una medida acordada antes de que Delgado fuera nombrada.

"No es una medida ad hoc", ha insistido Llop, quien ha explicado que "lo que dice el GRECO es que hay que adoptar todas las medidas legislativas que garanticen que quien sea fiscal general del Estado no va a actuar con arreglo a presiones de cualquier tipo de grupo, que tiene que actuar con libertad" y un ejemplo de eso es asegurarle una salida a la altura de la responsabilidad que ocupa.

Según la ministra, el GRECO ha advertido a España de que no ha implementado satisfactoriamente ninguna de las 19 recomendaciones hechas en 2019, y dado que la Ley Concursal es el proyecto con la tramitación más avanzada en la Comisión de Justicia del Congreso, por eso ha sido ese el contexto elegido para introducir la enmienda.

"Las críticas son por desconocimiento de lo que significa esta reforma en el ámbito de la Fiscalía, y estoy segura de que cuando lo lean tranquilamente estarán de acuerdo con esta propuesta. Debemos tener todos los grupos un compromiso claro con la regeneración de nuestro país y con las instituciones independientes", ha remarcado.