La reducción de la Asamblea de Madrid que impulsaron la semana pasada PP y Vox para materializar el acuerdo con el que echó a andar la legislatura sigue su curso parlamentario. La iniciativa, que quiere rebajar el número de diputados de 136 a 91 y exige reformar el Estatuto de Autonomía de la Comunidad, depende de un acuerdo de tres formaciones políticas, esto es, los populares y los de Santiago Abascal necesitan, al menos, a un partido de la oposición de izquierdas.

El PP está cerca de aprobar su comisión sobre bandas juveniles en la Asamblea y la oposición le exige más "ambición"

El único que se ha mostrado a sentarse a negociar es el PSOE. Eso sí, los socialistas han puesto condiciones sobre la mesa. Como ya avanzaron la semana pasada, estas pasan por no limitar la modificación del Estatuto al artículo que fija el número de escaños de la Cámara e ir más allá en reformas que considera esenciales.

Entre ellas, señaló este martes el portavoz del PSOE en la Asamblea, figuran medidas para mejorar la calidad democrática y para ahondar en la transparencia en los procesos de elección de miembros del Tribunal de Cuentas o del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid. "El Estatuto merece que, si somos serios y rigurosos, nos dediquemos a trabajarlo en condiciones", insistió Juan Lobato, aludiendo a que el grueso del texto de la norma tiene ya varias décadas de antigüedad y se ha quedado algo desfasado, aunque ha sido sometido a cuatro reformas desde que se aprobó.

"Abrimos la mano a negociar los términos de esta iniciativa, especialmente con el PSOE, que se ha posicionado de forma favorable a estudiarla", afirmó Íñigo Henríquez de Luna, portavoz adjunto de Vox en la Cámara, aunque a la vez situó como tope de esa predisposición la reforma total, o al menos severa. "Pretender abrir el melón de una reforma del Estatuto de Autonomía sería un error", señaló al respecto.

En términos similares se pronunció el PP. "Es algo muy apresurado", opinó Alfonso Serrano, su portavoz en la Cámara autonómica, sobre una modificación de esta ley básica de la Comunidad.

Los proponentes tienen que activar ahora la iniciativa para que llegue al pleno. Vox quiere que este trámite se cumplimente "cuanto antes", porque mantiene que la reducción de diputados es una medida que conseguirá reducir el gasto político en la región cuando se materialice, algo que tardaría meses: el procedimiento en la Asamblea es largo y, si se acaba aprobando, tiene que ir luego a las Cortes Generales al tratarse el Estatuto de una ley orgánica. 

El dinero que se ahorraría reduciendo la Asamblea, sostuvo Vox, podría dedicarse a "los autónomos que están sufriendo el alza del coste de la energía". Con esta tesis del ahorro no comulgan ni Más Madrid ni Unidas Podemos. Mónica García defendió que el ahorro en coste político se conseguiría si se actúa sobre el sueldo de los "114 altos cargos (autonómicos) que cobran más que el presidente del Gobierno de España". Desde la formación morada también apuntaron en este sentido y fueron más allá: dejar el sueldo de los diputados regionales en 2,5 salarios mínimos.

Ambos partidos de la oposición insisten en que PP y Vox quieren "cercenar la democracia" con su iniciativa, mientras que los proponentes de la iniciativa y el propio Ejecutivo regional argumentan que con 91 escaños en total, la labor de la oposición no se vería perjudicada y podrían ejercer de forma "suficiente" su control parlamentario al Gobierno.