Así consta en la memoria anual que ha entregado este martes el director del organismo, Joan Llinares, a Les Corts. Del total de 359 denuncias presentadas en 2021 (+58,8%), casi nueve de cada diez llegaron a través del buzón electrónico, la mayoría relacionadas con ayuntamientos, y tres expedientes fueron trasladados a Fiscalía.

En rueda de prensa, Llinares ha mostrado su preocupación porque casi la mitad de las denuncias tienen que ver con procesos de selección -antes primaban las referidas contratación pública- y alrededor de un cuarto afectan a las policías locales. Precisamente, el Ayuntamiento de Alicante ha abierto esta semana un expediente informativo para esclarecer presuntas irregularidades en oposiciones a la Policía Local.

La memoria recoge algunos ejemplos de irregularidades en otras policías locales, como un proceso donde se amplió la lista de aspirantes sin motivos y el denunciante sufrió represalias de los comandantes o el de un agente de otro ayuntamiento que se quejó de que el dinero recaudado en multas no se ingresaba en las arcas públicas y se enfrentó a un "fuerte acoso laboral".

En general, el director de Antifraude ha explicado que la mayoría de las irregularidades en procesos selectivos se deben a la filtración de preguntas, junto a otros "favoritismos" como retribuciones o complementos pagados incorrectamente. Por eso ha instado a mejorar la selección de funcionarios con principios de igualdad: "Está en juego tener una administración de calidad o no tenerla".

Pero ha señalado la "dificultad real" de poder demostrar algo que se ha filtrado en una oposición, apuntando como ejemplo una investigación sobre una prueba de acceso al grupo A1 de administración de la Generalitat. Una alta funcionaria, encargada de vigilar el examen, fue sorprendida entregando material prohibido a un aspirante para que copiara, tras lo que sus dos compañeras denunciantes sufrieron presiones pero un juez dictó la absolución al no poder determinarlo.

Otra de las advertencias que ha trasladado Llinares es el abuso de la contratación de emergencia desde el inicio de la pandemia. Aunque "no es ninguna ilegalidad", a su juicio hay que reservarla para situaciones de "calamidad" o catástrofe pública, como en los primeros meses de coronavirus cuando sí estaba justificada, y optar en su lugar por la contratación de urgencia.

DESCARTA PRESIONES POLÍTICAS

Preguntado por si Antifraude recibe presiones políticas, su responsable lo ha descartado y lo ha enmarcado a simples "discrepancias", garantizando que los partidos están en su derecho de presentar denuncias en la "batalla política legítima" y que se analizan y tratan igual "independientemente de la motivación".

Ahora bien, ha rechazado que se intente utilizar la institución como "arma política" y ha hecho hincapié en que "la corrupción es de quien la hace independientemente de la ideología". "Cuando alguien denuncia corrupción porque la hacen otros sin mirar su ámbito, no está luchando contra ella: la está utilizando", ha avisado.

Por otro lado, Llinares ha vuelto a instar a la creación de una autoridad nacional de lucha contra la corrupción, de carácter independiente y adscrita al Congreso con canales de denuncias anónimas y sin represalias. También ha urgido a la Generalitat a adaptar la ley de creación de la agencia, que data 2016, a la normativa europea de 2019 porque ya han pasado los dos años de plazo para la trasposición.

MEDIO MILLÓN RECUPERADO

Por primera vez, la memoria de Antifraude recoge el impacto económico de sus actuaciones y calcula que el importe total recuperable correspondiente a 2021 supera los 23 millones de euros, de los que se han recuperado de momento un total de 524.905 euros.

Otros de los datos que recoge el balance son que la agencia mantiene actualmente el estatuto de protección a un total de 27 denunciantes y que hay cuatro administraciones que no han aceptado o han incumplido sus recomendaciones: el Ayuntamiento de València (dos investigaciones), los ayuntamientos de Cofrentes (Valencia) y Rojales (Alicante) y el Institut Valencià de Cultura (IVC) de la Generalitat.

Y en cuanto a las solicitudes de información realizadas por los grupos de Les Corts a la AVAF durante 2021, tanto el PSPV como el PP y Vox pidieron tener acceso a la concesión de ayudas de la Generalitat a las mercantiles Kriol Produccions, Canal Maestrat y Comunicacions dels Ports.