El Gobierno lleva casi dos semanas prometiendo que el próximo martes, 29 de marzo, aprobará un ambicioso plan que ha llamado de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Esas consecuencias son, principalmente, el desmesurado incremento de los precios de la energía (véase gas, petróleo y electricidad) y el debate en el seno del Consejo de Ministros se centra en la forma y la cuantía que tendrán finalmente las ayudas que se prevén para que familias y consumidores puedan enfrentar mejor el pago de servicios esenciales como la luz. 

Sobre la mesa, medidas como cheques para familias para pagos de facturas de gas o luz, bonificaciones al transporte por carretera para ayudar a los camioneros a llenar los tanques de combustible, posibilidad de subir el Ingreso Mínimo Vital o ayudas al sector pesquero que el Gobierno está valorando.

A dos días de que el Consejo de Ministros apruebe el decreto correspondiente, el Gobierno no ha dado muchas pistas de cómo se definirá el plan de respuesta y qué medidas económicas se concretarán, pero fuentes conocedoras de los trabajos auguran que el Ejecutivo prevé destinar una cantidad muy importante de fondos públicos, de varios miles de millones de euros. 

Todas las medidas que se aprueben tendrán en cuenta la decisión adoptada el pasado viernes en el Consejo Europeo que abordó los altos precios de la energía derivados de la guerra en Ucrania y la dependencia del gas ruso. En esa Cumbre, los Veintisiete reconocieron a España y Portugal un "trato especial" para gestionar los elevados precios de la electricidad por su bajo nivel de interconexión con el resto del bloque. Sin embargo, las políticas que tomen ambos países para tratar de limitar el precio del gas con el fin de rebajar el de la electricidad no se empezarán a aplicar de forma inmediata, ya que la Comisión Europea tiene aún que validarlas, aunque se ha comprometido a hacerlo de forma "urgente". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calcula que será la próxima semana.

Lo que no parece muy probable es que en el decreto del martes haya bajadas generales de impuestos, que es la vía que proponen desde el PP, Vox y Ciudadanos. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya dijo esta semana en el Congreso que en ámbitos como la electricidad no hay margen para bajar impuestos, pues ya se bajaron el pasado otoño y son de los más bajos de la UE.

En declaraciones a los medios de comunicación tras finalizar la ronda de contactos que ha mantenido el Ejecutivo con los partidos políticos, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró que el plan que aprobará el Consejo de Ministros el 29 de marzo tendrá medidas “importantes, inmediatas y que van a tener como finalidad proteger a todos”. 

Sin detallar cuáles serán esas medidas, Bolaños subrayó que llegarán a “todas las empresas, todos los autónomos” y todos los ciudadanos. Y sobre los altos precios de la energía, se limitó a apuntar que las medidas irán en el sentido de reducir el precio del gas, la electricidad y los carburantes.

La vía elegida, por tanto, parece más la de subvencionar ayudas directas. Una pista es el reciente acuerdo alcanzado por el Ministerio de Transportes con parte del sector que incluye una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio, ayuda que ascenderá a más de 1.050 millones de euros. Los cálculos del Gobierno apuntan a un ahorro mensual de unos 700 euros por camión que funcione con gasóleo y también se concederán otros 450 millones de euros en ayudas directas.

Es cierto que el acuerdo no satisface a todos, tal y como quedó de manifiesto en la reunión que la ministra Raquel Sánchez mantuvo con la Plataforma de Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera, que anunció que seguirá con los paros de los que ya se cumplen dos semanas y que están poniendo en jaque la distribución de alimentos y material de construcción.

En otro sector afectado, el pesquero, el ministro Luis Planas ya ha adelantado que en el decreto que aprobará el Gobierno el próximo martes se acelerará el pago de ayudas con fondos de la UE -algo que confirmó días después la Comisión Europea-, así como otras medidas específicas para limitar el impacto del encarecimiento del gasóleo en los costes de explotación de los pescadores, pero sin revelar cuáles.

300 euros y congelación de alquileres, medidas de Unidas Podemos

De momento, poca concreción, aunque el ala del Gobierno de Unidas Podemos ya ha ido lanzando su apuesta, sobre todo dirigida a facilitar ayudas rápidas y eficaces a las familias, y en ello trabaja en el seno del Consejo de Ministros para incluirlas en el decreto final. Los trabajos los lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con las propuestas que salen desde el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra.

Por un lado, plantean la entrega de un cheque de 300 euros para familias acogidas al mercado regulado (PVPC), la ampliación del bono social para aumentar a los beneficiarios y regulación del principio de precaución para frenar los cortes de suministros a personas en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, en materia de vivienda apuestan por la congelación de la actualización de las rentas del alquiler durante 2022 y la prorroga del decreto antidesahucios de 2020 mientras dure esta situación. Asimismo, abogan por incrementar la cuantía de la prestación del Ingreso Mínimo Vital y los umbrales de renta de acceso.