La Fiscalía Europea ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción hacerse cargo de las diligencias abiertas por el contrato de emergencia suscrito por la Comunidad de Madrid en abril de 2020 para la adquisición de mascarillas durante la pandemia y que estaba vinculado al hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Fue el pasado 23 de febrero cuando el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ordenó abrir diligencias preprocesales al entender que sí resultaba procedente la práctica de determinadas pesquisas, a pesar de que la querella no se dirigía inicialmente contra personas físicas o jurídicas.

Este viernes ha trascendido que la Fiscalía Europea se ha dirigido al departamento que dirige Luzón porque considera que con ese contrato se ha podido cometer un delito de malversación de fondos europeos.

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press resaltan que desde la Fiscalía Europea, cuya representante en España es Concepción Sabadell -una de las fiscales que se encargó del 'caso Gürtel'-, se ha pedido así avocar las diligencias a un procedimiento que se ha abierto en su seno por posible malversación y fraude a los intereses de la UE, habida cuenta de que ese contrato se pagó con fondos 'Feder' europeos y por tanto tienen competencia en esa materia.

Las fuentes fiscales consultadas indican que ante esa petición, Anticorrupción no puede negarse a enviar la documentación recabada, a pesar de que advierten de que no ven que haya habido malversación porque de hecho las mascarillas llegaron a su destino.

Así, entienden que desde la Fiscalía Europea pueden abrir el procedimiento por malversación, algo en lo que no puede entrar el Ministerio Público español, aunque ya desde Anticorrupción les habrían trasladado que no ven indicios porque las mascarillas se pagaron y se entregaron.

Sin embargo, lo que desde Anticorrupción no enviarán a Europa es todo lo relativo a los delitos conexos que se investigan, que nada tienen que ver con la malversación y que estarían relacionados con el tráfico de influencias, la posible falsedad en la factura emitida por Tomás Díaz Ayuso, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a los funcionarios. Y se niegan porque estos son delitos de corrupción que no tienen nada que ver con los fondos de la UE, sino que se refieren al funcionamiento de una administración pública española.

Así, estas fuentes señalan que desde Anticorrupción se han negado a facilitar estas diligencias a la Fiscalía Europea y han planteado un conflicto de competencias que debe resolver ahora la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tras escuchar a la Junta de Fiscales de Sala, que se reunirá en los próximos días.