La Comunidad de Madrid ha encargado una radiografía de las subvenciones que está concediendo a entidades de la Administración local, instituciones sin fines de lucro y personas físicas. El propósito de esta iniciativa, ha defendido el Gobierno, es conocer si están siendo eficaces, si se cumplen los objetivos para los que fueron creadas. El por qué de la misma hay que buscarlo en el pacto que firmaron el PP y Vox para aprobar los presupuestos autonómicos de 2022. 

Madrid ya ha escolarizado a 618 alumnos ucranianos y 1.343 personas han recibido atención sanitaria

"El Gobierno, con medios propios o mediante encargo a instituciones externas como la Airef, realizará auditorías de todas las subvenciones concedidas en los últimos cuatro años, con el objeto de comprobar el impacto de las mismas en la actividad subvencionada y los resultados conseguidos", contenía el punto 11 del acuerdo que firmaron Javier Fernández-Lasquetty y Rocío Monasterio. El coste estimado de la medida que hacía el documento era de 200.000 euros.

El Gobierno se comprometía a poner en marcha la auditoría en los tres meses siguientes a la rúbrica del pacto, que se materializó el 30 de noviembre de 2021. Este plazo se ha incumplido ligeramente, pero este mismo miércoles el Consejo de Gobierno ya ha dado luz verde al encargo de la auditoría. Será realizada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), una organización que vela "por la sostenibilidad de las finanzas públicas".

¿El encargo cubre todas las subvenciones concedidas por la Comunidad? No. A la Airef se remitirán 260 líneas de ayuda para que sean examinadas. Son todas las subvenciones concedidas a entidades de la Administración local, instituciones sin fines de lucro y personas físicas, según ha precisado el Ejecutivo regional este miércoles. 

Por su envergadura, y también por ser en algunos casos ayudas que derivan de normas estatales, han quedado fuera del objeto de estudio las que tienen que ver con la prestación de servicios públicos como empleo, educación, transporte o el Plan de Inversión Regional (PIR). "Por su volumen y especificidad requieren de un análisis aparte e individualizado", ha señalado la Comunidad.

Las 260 ayudas que se fiscalizarán suponen unos 300 millones de euros de dinero público, según la Comunidad, un importe que supone, por ejemplo, algo más de la mitad de lo que se pretende invertir en la reforma integral de La Paz o en la ampliación de la L11 de metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal.

"El Gobierno regional podrá rediseñar las subvenciones que concede, si así se considerase necesario o para adaptarlas a los objetivos perseguidos", sostienen desde la Puerta del Sol sobre el uso que le pueden dar al informe que redacte la Airef.

Una iniciativa llamada a quedarse

La auditoría que llevará a cabo las próximas semanas la Airef está llamada a ser una actuación estructural de la Administración Autonómica porque la llamada ley Ómnibus, que se encuentra en tramitación en la Asamblea en estos momentos, incluye una modificación legislativa en este sentido. 

"Como medida de mejora de la eficiencia en la gestión del gasto público, se modifica el artículo 75 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de establecer un mandato al Consejo de Gobierno para que proceda a la revisión del gasto público en materia de subvenciones y ayudas, valorándose el cumplimiento de sus objetivos perseguidos y resultados obtenidos", se recoge en la exposición de motivos de la ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración regional, verdadero 'apellido' legislativo de la ley Ómnibus. 

El futuro de la misma depende, como otras iniciativas gubernamentales anteriores, del apoyo de Vox, ya que el PP no tiene mayoría suficiente en la Asamblea para aprobarla y la izquierda está en contra del texto, al que ha presentado enmiendas a la totalidad que, precisamente, se debaten en el pleno de este jueves.