Sánchez pide a la UE limitar el precio del gas de forma unilateral compensando a los productores con recursos nacionales

  • La diferencia entre el coste limitado y el de mercado se pagaría vía Presupuestos, déficit de tarifa o entre todos los consumidores.
  • El Gobierno propone que los países puedan optar por esta medida para bajar el precio de la luz ante la falta de consenso que se prevé en la Cumbre de la UE.
  • Topar los precios es una de las medidas urgentes que ha propuesto la Comisión Europea de cara al Consejo Europeo.
Pedro Sánchez durante el Consejo Europeo extraordinario
Pedro Sánchez y el primer ministro de Portugal, António Costa, durante un Consejo Europeo.
Europa Press

Ante la imposibilidad de que todos los países de la UE accedan a poner un límite al precio de gas, el Gobierno acude al Consejo Europeo de este jueves y viernes con la propuesta de que se permita que cada país elija si pone un precio máximo, compensando a quienes producen electricidad con gas mediante recursos nacionales. El Gobierno dice que todavía no está decidido cómo se haría esta compensación, que podría salir de los Presupuestos, ir a cargo del déficit de tarifa o del sistema, de modo que lo paguen todos los usuarios que hacen uso de él.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha podido convencer a todos los demás gobiernos europeos para que accedan a fijar un precio máximo del gas, que es una manera del tan buscado desacoplamiento del resto de la energía, y como alternativa, España y Portugal pedirán en la UE que les permitan hacerlo por su cuenta. Según apuntan fuentes del Gobierno, se haría bajo regulación europea, pero de forma opcional, de modo que los países que quieran puedan limitar el precio de gas y cortar así su "contagio" al resto de la energía necesaria para generar electricidad.

Después, el Gobierno compensará a las centrales de ciclo combinado -que producen electricidad con gas- por la diferencia entre lo que se pague por el gas y el precio de mercado mediante una fórmula que todavía no detalla pero que podrían asumir los consumidores, si se decide que sea a través de los participantes en el sistema eléctrico. La financiación de esta medida será una de las cosas que contemplen en el decreto que aprobará el Consejo de Ministros el 29 de marzo con medidas nacionales para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Ucrania. Fuentes del Gobierno no descartan que el presidente Sánchez desgrane sus medidas antes, el lunes.

En todo caso, de momento, el Gobierno está más centrado todavía en alcanzar un acuerdo en el Consejo Europeo para limitar el precio del gas que en precisar cómo se pagará la diferencia con el precio de mercado. Insiste, no obstante, en que no se trata de subvencionar a las eléctricas ni de cargar la factura a los consumidores. Por el contrario, ponen el acento en que, si saliera adelante, esta medida tendría un efecto inmediato en el precio de la luz, con una bajada sustantiva en la factura, que podría notarse en las próximas subastas y que beneficiará a consumidores, pymes y empresas en el mercado regulado. Los del mercado libre lo notarían cuando renueven sus contratos con las eléctricas.

Imposible consenso

Para que eso suceda, antes España debe traerse la luz verde de la Cumbre que empieza este jueves en Bruselas, precisando además cuál sería el precio máximo, puesto que el límite de 180 euros por MWh que Madrid y Lisboa han estado negociando aparece y desaparece. De momento, Sánchez tiene el apoyo de Portugal, que acusa el mismo problema de ser una isla energética separada de resto de la UE, pero por eso mismo también los beneficios de poder topar el precio sin distorsionar el mercado. En la gira europea de las últimas semanas, Sánchez también forjó un frente con Italia y Grecia y también apoya su propuesta Bélgica o Francia.

Sin embargo, no es suficiente y España da por descartado un consenso, con la oposición particular de Alemania o Países Bajos. Es por lo que recurre a un tope opcional del precio del gas, que confía en conseguir ante una Cumbre ante la que reconoce que no hay Plan B y en la que habrá negociaciones intensas, que puede que no terminen hasta el sábado, y que de momento ya han dejado ver comentarios de otros países contra la postura española que el Gobierno no comenta pero por los que no oculta su malestar.

Así, fuentes del Gobierno no han querido entrar a valorar que Países Bajos haya calificado a España y Portugal de "radicales de la intervención" y que se diga de Sánchez que empieza a parecer a Don Quijote por su intención de limitar los precios del gas. El Gobierno también cree que los comentarios despectivos sobre la intención de algunos países de crear un "fondo Gazprom" también se dirigen a España e insiste en que su propuesta de compensar a los productores del gas por la diferencia con el límite al gas no supone subvencionar a nadie. En este intercambio de comentarios feos, apuntan que quienes financian a Gazprom son los países más dependientes del gas ruso que se oponen a frenar la actual deriva de los precios de la energía.

Limitar precios, impuestos a las eléctricas o compras conjuntas

Al margen de estos reproches, el Gobierno confía en que se alcance un acuerdo en el Consejo Europeo para que los países que lo deseen limiten los precios. Es una de las opciones que ha planteado este miércoles la Comisión Europea, junto con otras que España ve también con buenos ojos pero apunta que llevarán más tiempo que la urgencia con la que cree que hay que actuar ya.

El Ejecutivo comunitario ha aprobado este miércoles una nueva comunicación en la que plantea cinco posibles medidas urgentes: topar el precio del gas en el mercado mayorista, compensar costes de producción de empresas que generen electricidad con combustibles fósiles, redirigir los "beneficios caídos del cielo" a los consumidores, crear un agregador que garantice un precio bajo a consumidores vulnerables o fijar un precio máximo para las empresas operando en el mercado mayorista.

Sobre el "agregador" y la posibilidad de que los Estados miembros hagan compras conjuntas de gas para obtener un mejor precio, al estilo de lo que se hizo, el Gobierno recuerda que esa fue una idea que  ya planteó España en septiembre, antes de que Italia o Grecia también la abanderaran. Está de acuerdo con ella, pero cree que se trata de una medida a medio plazo, que no es suficiente para afrontar la urgencia actual.

La Comisión también propone gravar a las eléctricas por los beneficios extraordinarios que están ingresando por los altos precios del gas, que España no tiene previsto utilizar porque el Gobierno apunta que ya ha llevado a cabo, no mediante nuevos impuestos, sino la minoración de precios. Mantiene, por tanto, la garantía que Sánchez dio ayer a las principales eléctricas con las que se reunió en Moncloa de que no habrá nuevos impuestos. "No hemos hablado de impuestos a las grandes eléctricas, hemos hablando de conseguir energía más barata", precisó después la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En general, la actitud con la que acude España a este Consejo Europeo es la de decir que sí a todo lo que se proponga para responder a las distintas necesidades e intereses que en el plano energético tienen los diferentes Estados miembros. Precisamente por eso, reclama que se tenga en cuenta la situación de España, que, como otros países del sur, requiere medidas inmediatas para frenar el precio de la luz, en su caso, con un tope al precio del gas.

España también está de acuerdo con la propuesta legislativa de la Comisión para obligar a los Estados miembros a empezar a aprovisionar gas ya de cara al próximo invierno, cuando calcula que "la situación será particularmente problemática" como consecuencia de la guerra en Ucrania. Sin embargo, esta medida también lleva al Gobierno a reclamar un precio máximo porque, además de ser una medida a largo plazo, previsiblemente contribuirá a encarecer aún más el gas debido a que el objetivo de que los países tengan sus almacenes de gas al 80% para noviembre aumentará las compras y subirá los precios.

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