La ministra de Igualdad, Irene Montero, defendió este lunes el impulso de la futura ley antirracista en la que trabaja su departamento para desplegar un marco jurídico que proteja a las víctimas de discriminación racial y sancione cualquier discurso de odio o conducta racista. "Uno de los principales objetivos de esa futura ley contra el racismo, en línea con el Plan Antirracista de la Unión Europea, será reconocer el racismo sistémico y estructural que está presente en la sociedad española", aseveró Montero durante su intervención en el acto de inauguración de la II Semana Antirracista. 

Según anunció el Gobierno en el último Consejo de Ministros, en la noche de este lunes se abrirá a consulta pública una ley "contra el racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia", en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial que se celebra cada 21 de marzo. "Durará un mes, y su finalidad es obtener la visión más completa posible de la ciudadanía, de las organizaciones, de la sociedad civil, del asociacionismo antirracista; y poder con ello avanzar en tener una ley antirracista en esta legislatura", detalló la ministra en el evento en el que también participaron la directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho; y la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr.

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Así, Montero reiteró el "firme compromiso" del Ejecutivo en desarrollar un marco jurídico que mejore la atención a las víctimas de discriminación racial y de "intolerancia asociada", y concrete las infracciones "para tener un corpus normativo que sancione las conductas de discriminación racial". Se trata, según destacó, de un "elemento imprescindible a la hora de medir la calidad democrática de nuestro Estado". La futura norma buscará también atajar el alto nivel de infradenuncia de las víctimas y, por ende, combatir la impunidad de los actos discriminatorios. "Las personas racializadas deben saber que pueden confiar en las instituciones si sufren cualquier situación de discriminación", subrayó. 

Durante su intervención en un acto al que también acudió la ministra de Derechos Sociales y Agenda Urbana 2030, Ione Belarra, Montero señaló que el primer paso será reconocer el "racismo sistémico" de la sociedad. "Del mismo modo que hemos reconocido que existe machismo de forma estructural en nuestras sociedades, también existe el racismo y la xenofobia", aseveró. 

En la declaración institucional aprobada el pasado martes y en la que se avanzaba la apertura de una consulta pública para esta ley, el Gobierno destacó la necesidad de "tener una voz clara y activa contra el racismo, la xenofobia, el antigitanismo, la afrofobia, el antisemitismo y la islamofobia". Para ello, el objetivo es "reforzar" los mecanismos que permitan la inclusión de las personas inmigrantes y solicitantes de protección internacional, y desarrolla instrumentos de "prevención, vigilancia, detección y eliminación de la xenofobia, el racismo y otras formas conexas de la intolerancia".

"La mejor forma de combatir los discursos de odio, la intolerancia y las políticas xenófobas y racistas es avanzar con más urgencia y contundencia en derechos. Con políticas sociales que garanticen el acceso a los servicios públicos, a la vivienda, al empleo digno; y que lo hagan para todas las personas. España debe ser un referente antirracista", concluyó la ministra de Igualdad. 

"Que las empresas eléctricas se aprieten el cinturón"

No quiso terminar su intervención sin hacer referencia a las subidas de precios, tanto de la energía, como de los carburantes o supermercados, que se está agravando en las últimas semanas alimentada también por el conflicto en Ucrania. "Las familias y el tejido de nuestro país están muy preocupados en estos momentos por el precio de los alimentos, por el precio de la cesta de la compra, por los altos precios de la energía", aseveró, señalando que la "respuesta política" que espera el país es la de "generar un fuerte escudo, social y verde, que garantice los servicios públicos para todos". 

En ese sentido, destacó que esa respuesta debe ir por apoyar a las familias "para que no vivan con la soga en el cuello" y por hacer que quienes asuman las principales consecuencias de esta crisis, "que quienes se aprieten el cinturón sean las empresas eléctricas y las grandes empresas de nuestro país".