Riesgos e incógnitas tras el 'volantazo' de Sánchez sobre el Sáhara: el gas de Argelia, nuevas grietas en el Gobierno...

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el rey Mohamed VI de Marruecos; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el primer ministro de Argelia, Aiman Benabderrahmane; y el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el rey Mohamed VI de Marruecos; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el primer ministro de Argelia, Aiman Benabderrahmane; y el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
EUROPA PRESS / CASA REAL / WIKIPEDIA / RADIO ALGÉRIENNE / SPS

La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de posicionarse a favor del plan de Marruecos sobre el conflicto del Sáhara Occidental, presentado hace 15 años y sobre el que todos los gobiernos españoles anteriores se habían mostrado neutrales hasta la fecha, ha dado un giro en las relaciones entre el país africano y España, muy deterioradas desde hace un año.

Fue en abril de 2021 cuando se produjo el desencadenante que dejó las relaciones bilaterales en su peor momento. El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, fue acogido en un hospital riojano por "cuestiones humanitarias", según el Ejecutivo español, una decisión que enfadó a Marruecos al tratarse de un símbolo de las aspiraciones de soberanía independiente del Sáhara. 

Rabat no encajó bien que se ofreciese asistencia sanitaria a su principal opositor, y su actitud entonces en política migratoria fue tachada de "irresponsable" por el gabinete de Sánchez, dando lugar a semanas de crisis migratoria sin precedentes en la frontera con Ceuta, cuando más de 8.000 personas entraron en España.

Nada había vuelto a ser lo mismo entre ambas naciones hasta que el pasado mes de agosto el rey Mohamed VI dio el primer paso para sentar las bases de una reconciliación al manifestar la necesidad de una "nueva etapa". El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha recogido ese guante este mismo viernes tras hacerse público el giro de Sánchez ante la cuestión saharahui, cuando en una rueda de prensa ha confirmado el inicio de esta "nueva etapa" basada en el "respeto mutuo".

La nueva postura de España se había hecho pública a través de un comunicado emitido por Rabat poco antes de la comparecencia del ministro. En la nota, el gobierno marroquí destacaba que el presidente del Gobierno le había hecho saber al monarca que Madrid "reconoce la importancia de la cuestión del Sáhara para Marruecos" y apoya su propuesta al considerarla "la base más seria y realista" para acabar con el conflicto. Un cambio de posición inédito de España que ha abierto interrogantes y que puede llevar a importantes perjuicios y provocar importantes grietas que cerrar ahora al Ejecutivo de Sánchez.

La crisis migratoria de fondo

Con este movimiento, Albares ha dado por concluida la crisis con Marruecos para dar paso a una fase en la que primarán "el cumplimiento de los acuerdos, la ausencia de acciones unilaterales y la transparencia y comunicación permanente" entre las dos naciones.

Se ha dispuesto para ello "una hoja de ruta clara y ambiciosa" conjunta cuyos objetivos son "garantizar la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad de nuestros países", y con la que España también trata de poner solución al problema migratorio.

Así lo ha confirmado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ha señalado que ambas naciones colaborarán para poner fin a la inmigración ilegal y luchar contra las mafias organizadas de trata de personas.

El posicionamiento español en favor de la propuesta marroquí, sin embargo, ha abierto ahora otros frentes a los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez deberá hacer frente. Primero, el Gobierno deberá evaluar la reacción de Argelia, proveedor de gas a España y principal apoyo del Frente Polisario, y que mantiene una relación enquistada con Marruecos; y después, el nuevo desacuerdo con sus socios de Podemos respecto a esta postura.

Reacción negativa de Argelia, principal suministrador de gas

España deberá ahora enfrentarse a la respuesta de Argelia, principal suministrador de gas a España y que ha dejado muy clara su posición en el conflicto en varias ocasiones, la última este sábado llamando a consultas a su embajador en España y tildando de "segunda traición histórica" la nueva postura del Ejecutivo español con el Sáhara. Ya febrero había advertido a España de que no intentara hacer llegar su gas a Marruecos.

Esta disposición argelina llegó después de que nuestro país comunicase que ayudaría a Rabat a mantener su seguridad energética mediante la regasificación del Gas Natural Licuado (GNL) del gas comprado por la nación marroquí enviándolo posteriormente a través del Gasoducto Magreb-Europa (GME).

Precisamente el GME está cerrado por parte de Argelia a su paso por Marruecos desde noviembre de 2021, tres meses después de que el primero diese por rota su relación con el país reinado por Mohamed VI por su vínculo con Israel y, justamente, por su intención en la cuestión saharaui.

Mientras tanto, el Gobierno ha enviado un mensaje de tranquilidad y confía en que no hay nada que temer pues considera que "Argelia ha demostrado repetidas veces que es un socio fiable", según explicó el propio Albares, que ha subrayado su buena relación con el ministro argelino.

El Ejecutivo de Sánchez, por el momeno, fía todo al cumplimiento por parte de Argel de los acuerdos cerrados hace unos meses tanto por Sánchez como por el ministro de Exteriores.

Nueva fractura con Unidas Podemos

Este giro de Sánchez con respecto al conflicto del Sáhara Occidental ha supuesto un nuevo revés en el seno de Gobierno, pues ya han sido varios los integrantes de Unidas Podemos en el Ejecutivo los que públicamente han desaprobado la decisión de respaldar a Marruecos, poco después del fuerte encontronazo entre ambas formaciones por el envío de armas a Ucrania respaldado de la parte socialista del Ejecutivo.

Sin ir más lejos, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reafirmó en su Twitter su "compromiso con la defensa del pueblo saharaui", así como con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y destacó que "toda solución al conflicto debe pasar por el diálogo y el respeto a la voluntad democrática del pueblo saharaui".

También Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y sucesora de Pablo Iglesias al frente del partido, utilizó sus redes sociales para discrepar con el Gobierno, y citando también a la ONU recordó que "el conflicto del Sahara Occidental exige una "solución política justa, duradera y aceptable para todas las partes" que tenga en cuenta la "libre determinación del pueblo saharaui". "España no debe apartarse del derecho internacional", advirtió la líder de Podemos.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, mostró de igual forma su disconformidad ante la postura adoptada por el Gobierno, asegurando que "Marruecos está ocupando militarmente el Sáhara Occidental, en contra del derecho internacional y violando los DDHH de la población. Lo mismo que está haciendo Rusia con los territorios ucranianos de Crimea, Donetsk y Lugansk".

Echenique ha recogido en la mañana de este sábado el programa del PSOE para las elecciones generales de 2019, en el que la formación socialista prometió promover una solución para el Sáhara Occidental respetando el derecho de autoderminación de los saharauis y los derechos humanos.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido que España "debe continuar" por el "camino" marcado de manera "cristalina" por la ONU, que busca preservar la "libre determinación del pueblo saharaui". Y Alberto Garzón, ministro de Consumo, ha aseverado que "el pueblo saharaui es víctima desde hace mucho tiempo" y "tiene derecho a expresar cómo quiere que sea su futuro mediante un referéndum libre".

Pese a estas desavenencias públicas que se suman a las discrepancias en el Gobierno de coalición por el envío de armamento a Ucrania, y en un momento de negociación para adoptar medidas que rebajen los precios de la electricidad, el gas y la gasolina, Albares ha querido restar importancia a las declaraciones de los ministros, y ha señalado que "hay una unidad total" y que estas diferencias son únicamente "matices".

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