Presuponer que no podrá permitirse el pago del alquiler y dar por hecho que hará un mal uso del inmueble son dos de los principales estereotipos y prejuicios que alimentan la discriminación racial en el ámbito de la vivienda. El acceso a la vivienda, es, de hecho, el ámbito social en el que más claramente se percibe el racismo, una lacra que además sigue creciendo, según alerta un estudio de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial. 

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El informe -'Discriminación racial en el ámbito de la vivienda y los asentamientos informales'- fue promovido por el Ministerio de Igualdad y alerta del "racismo estructural" que todavía persiste en la sociedad. En 2020, un 31% de las personas de origen étnico o racial percibieron discriminación en el acceso a la vivienda, según datos del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. Y ese racismo fue percibido con mayor evidencia por las personas del Área mediterránea, magrebí y pueblo gitano. Concretamente, según la encuesta, a un 17,7% le negaron enseñarles siquiera la vivienda para alquilar o comprar; a un 20,8% no quisieron alquilársela directamente; y a un 20,1% les pusieron problemas o requisitos más duros que al resto.

¿Los desencadenantes? La apariencia física, el color de piel, la vestimenta o indumentaria, el nombre o apellido y el idioma o acento nativo son algunos de ellos. "Mediante estos, se activan prejuicios con respecto a ese grupo social o étnico durante la búsqueda o solicitud de una vivienda", afirmó la directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho, durante el acto de presentación del estudio este viernes. Son características que en muchas ocasiones despiertan actitudes racistas, ya sea "al hablar por teléfono, entregar la documentación a la persona propietaria o inmobiliaria o visitar la vivienda".

El estudio fue realizado por la Asociación Provivienda en colaboración con Andalucía Acoge y, según destaca Igualdad, se trata de una aproximación "pionera" en el sector público al estudio de discriminación racial en el ámbito de los asentamientos informales. Para la investigación, estudiaron un total de seis ciudades (Madrid, Barcelona, Almería, Huelva, Granada y Parla) y ocho asentamientos (La Cañada Real y Las Sabinas en Madrid; el Gorg en Badalona y algunos en la ciudad de Barcelona; asentamientos de Nijar, el Ejido, Lepe y Moguer en Andalucía). 

Un "trato diferencial" que desemboca en el bloqueo a la vivienda

La principal conclusión, tras llevar a cabo 120 entrevistas en profundidad a informantes clave, personas residentes y pobladoras de las ciudades y de los asentamientos, es que los principales estereotipos y prejuicios en el acceso a la vivienda son la presunción de precariedad económica y del mal uso del inmueble por parte del arrendatario. 

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Mientras el primero lo sufren más personas de determinados grupos étnicos y poblacionales que padecen con más asiduidad la discriminación racial, tienen peores condiciones laborales o ingresos insuficientes para hacerse cargo de la vivienda; el mal uso de la vivienda refleja "los prejuicios de los propietarios sobre los posibles desperfectos que sufriría su inmueble al alquilar la vivienda a personas de un determinado grupo", reza el informe. Como consecuencia, señaló Bosaho, "estos prejuicios se traducen en un trato diferencial que desemboca en mayores dificultades o incluso en el bloqueo total al acceso y permanencia en la vivienda". 

Además, se dan ocasiones en las que incluso los propietarios o agencias inmobiliarias obstaculizan ese acceso o acuden al engaño para ofrecerles viviendas en peores condiciones, de menor calidad o ubicadas en zonas periféricas. Esto, al final, lo que hace es potenciar y acelerar la concentración espacial y territorial de ciertos grupos étnicos y poblacionales que son objeto de discriminación racial y que, por ende, da lugar también a la concentración escolar, tal y como destaca el estudio.

La situación se complica también si se tiene en cuenta el alto nivel de infradenuncia sobre estas prácticas (solo se denuncia un 12% de los casos), ya sea por falta de información, por no contar con pruebas suficientes para demostrar haber sido víctima de racismo o por temor a posibles represalias. "En este sentido, disponer de testigos que puedan certificar hechos discriminatorios es fundamental, en tanto que difícilmente la denuncia va a tener recorrido suficiente si se basa en la palabra de una persona (la discriminada) contra la de otra (la de quien discrimina", subraya el documento al que ha tenido acceso 20minutos.

España posee uno de los mayores núcleos chabolistas de Europa

También se investigó la situación de las personas que viven en los asentamientos informales (en chabolas, por ejemplo), y para ello recopilaron información de quienes viven en ellas, así como de ONG y servicios sociales. Aproximadamente, el estudio estima que unas 6.500 personas viven en los asentamientos analizados. De ellos, en torno a un 90% pertenece a algún grupo étnico que sufre con frecuencia la discriminación racial. "España ha poseído o posee en épocas recientes, los mayores núcleos chabolistas de Europa", resalta el informe, en el que se recuerda que este tipo de lugares no cumplen los criterios de habitabilidad. 

Esto solo hace que agravar la discriminación y la exclusión social de estas personas, muchas de las cuales terminan viviendo en los asentamientos informales al no haber podido acceder a la vivienda en los núcleos urbanos. "La persistencia de este tipo de espacios, destinados casi exclusivamente a estos grupos étnicos y poblacionales, es una muestra del racismo estructural que los sustenta", denunció este viernes la responsable del área de investigación y evaluación de Provivienda, Elena Martínez Goytre.

De la 'ley Zerolo' a campañas de sensibilización: posible soluciones

El estudio concluye aportando una serie de recomendaciones para hacer frente a este problema, como la aprobación de la proposición de Ley para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (registrada y bautizada por el PSOE como 'Ley Zerolo') o el diseño de campañas de sensibilización e información. Proponen también desplegar programas de intermediación en el mercado del alquiler y la creación de recursos y mecanismos de denuncia de actitudes racistas. 

Respecto a los asentamientos informales, el estudio recomienda la erradicación de los mismos a través de mecanismos de coordinación y de un Plan de Intervención Integral que impulse soluciones habitacionales dignas para las personas pobladoras; a la vez que pide que se garantice el empadronamiento de las personas eliminando barreras y obstáculos en el procedimiento.