Los combustibles para vehículos son uno de los motores de la economía mundial, pero también una suculenta fuente de ingresos para las arcas de los Estados. La invasión rusa de Ucrania ha disparado los precios del petróleo a máximos en 14 años, unas subidas que, aunque han comenzado a calmarse en los últimos días, hacen que llenar el depósito sea en estos momentos un duro golpe para el bolsillo.

Para amortiguar el impacto de la crisis energética, el Gobierno se ha comprometido a intervenir para bajar los precios de los carburantes. Y una de las alternativas que hay sobre la mesa pasa por bajar los impuestos que gravan a los carburantes. No en vano, en España casi la mitad del precio que se paga por llenar el depósito va a parar directamente a manos de las administraciones públicas.

El Gobierno anuncia una bajada del precio del gas, la luz y la gasolina el 29 de marzo sin concretar las medidas

Según datos del último boletín petrolero de la UE (publicado el 7 de marzo), el 45% de lo que pagan los españoles por llenar el depósito de gasolina se destina a pagar un IVA del 21% y el impuesto especial a los hidrocarburos. En el caso del gasóleo, la presión fiscal disminuye al 41%. Si se trasladan estos porcentajes a la vida cotidiana, con los últimos precios disponibles, repostar 50 litros de gasolina o diésel supone un gasto de unos 92 euros. De ellos, 42 corresponden a impuestos que se embolsa el Estado. 

Lo cierto es que, aunque el pellizco puede parecer elevado, los impuestos que se pagan en España por los combustibles son de los más bajos de toda la Unión Europea. En la UE, la presión fiscal promedio se sitúa en el 49% del precio de la gasolina y el 43% en el diésel. De hecho, España es el sexto país de la Unión que menos grava la gasolina y el undécimo con impuestos más bajos para el diésel.

Más allá de los impuestos, el componente que más influye en el precio final es el coste de la materia prima, que en este caso está condicionado por el precio del barril de petróleo Brent. Un cálculo aproximado nos puede dar una idea de cómo la fluctuación de los precios del petróleo influye en las gasolinas.

"En 2021 el Estado recaudó 11.492 millones solo por el impuesto especial a los hidrocarburos; el 5% de todos los ingresos tributarios de ese ejercicio"

Si se toma como referencia el precio medio del barril de Brent en los 30 días anteriores a que se publicara el último boletín petrolero de la UE, se obtiene que el crudo cotizó a 90,9 euros el barril. Como cada barril tiene una capacidad para 159 litros, el coste por litro de materia prima rondaría los 0,57 euros. O lo que es lo mismo, un 34% del precio al que se vendía la gasolina el 7 de marzo y del 36% en el caso del diésel.

El resto de componentes del precio final se reparte entre otros costes como el transporte o el almacenamiento y el margen de beneficios que se embolsan las empresas que participan en la cadena de producción.

Las consecuencias de bajar impuestos

Aplicar reducciones fiscales a los carburantes, aunque sean por un tiempo limitado, puede tener consecuencias que a simple vista no son evidentes. Una de ellas es el efecto que tendría una bajada impositiva sobre los ingresos públicos. En 2021, el Estado recaudó 11.492 millones de euros solo por el impuesto especial a los hidrocarburos, lo que representó el 5% de todos los ingresos tributarios obtenidos en ese ejercicio. 

A los ingresos por este impuesto hay que añadirle la parte de la recaudación del IVA que procedió del consumo de carburantes, una cifra que no aparece desglosada como tal en la liquidación de este impuesto que publica anualmente la Agencia Tributaria. Un cálculo aproximado lo ofrece la patronal de la automoción (Anfac), que estima que en 2019 el Estado ingresó 7.507 millones en concepto de IVA por el consumo de carburantes. Esta cifra que representaría el 10,5% de todo lo que se ingresó por IVA en 2019.

"Un estudio sugiere que las bajadas fiscales a los carburantes no se trasladan por completo a los precios y acaban beneficiando a los productores"

Además, conviene recordar que buena parte de los ingresos tributarios que se obtienen de las gasolinas van a parar a las arcas de las comunidades autónomas, que tienen cedida más de la mitad de la recaudación del impuesto especial sobre los hidrocarburos y el 50% de lo que ingresan por el IVA en su territorio. Solo el impuesto especial aportó 7.990 millones de euros a la financiación autonómica en 2019, un 8% del total de los recursos del sistema. 

Aunque los elevados precios de los combustibles en lo que llevamos de año provocarán previsiblemente que el Estado obtenga más ganancias tributarias que otros años, una reducción fuerte de la fiscalidad puede acabar perjudicando a las cuentas de las comunidades autónomas.

Un mercado con poca competencia

Otra de las derivadas que tendría intervenir el precio de los carburantes a través de bajadas de impuestos es que estas no siempre se traducen al cien por cien en caídas en los precios. Uno de los ejemplos más recientes está en Alemania, que en 2020 redujo temporalmente el IVA con el que grava la gasolina y el diésel para estimular el consumo. 

Según un estudio publicado en agosto de ese año por tres economistas de la Universidad de Münich, las estaciones de servicio alemanas repercutieron a los precios finales el 83% de la bajada fiscal al diésel y tan solo entre el 40 y el 61% en el caso de la gasolina. Los resultados sugieren que una parte de la bajada fiscal que pretendía abaratar los precios fue a parar en realidad a los bolsillos de las empresas petroleras.

Juan Luis Jiménez, doctor en Economía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, achaca este fenómeno a la rigidez del mercado del petróleo. Por un lado, en el negocio de las combustibles hay  muy poca competencia. El pastel se reparte entre un pequeño puñado de empresas, lo que desincentiva que los precios bajen. Y por el otro, los consumidores tienen poco margen de maniobra cuando suben los precios: un motor solo funciona con el carburante para el que fue diseñado, por lo que las alternativas pasan por dejar parado el vehículo o tomar el transporte público en el caso de la ciudadanía.