El Gobierno estudia las medidas económicas de emergencia a poner en marcha para paliar la crisis que se avecina a causa de la invasión rusa a Ucrania, y los ministerios de Unidas Podemos se preparan para una negociación exprés con el PSOE para intentar que sus propuestas estén incluidas en el paquete final que se aprobará. El Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra, planteará este miércoles varias propuestas, y entre ellas se cuenta una que los morados negociarán con el Ministerio de Transportes: la congelación de los precios de los alquileres mientras dure la guerra, lo que supondría prohibir que se revaloricen anualmente con la inflación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva días manteniendo contactos y buscando apoyos para el bloque de medidas que pondrá en marcha a finales de este mes. La semana pasada, Sánchez presidió la primera reunión con sindicatos y patronal para tratar de cerrar un "pacto de rentas", y durante esta semana el Ejecutivo negociará con los grupos parlamentarios el apoyo al decreto ley que, entre otras cosas, prevé una bajada de algunos impuestos en los sectores productos más afectados por el crecimiento de los precios. Pero la negociación también se producirá dentro del propio Gobierno, y Unidas Podemos lleva días planteando la necesidad de reformar el ingreso mínimo vital o realizar una reforma fiscal para subir impuestos a las rentas altas y las grandes empresas.

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No obstante, Belarra -con el beneplácito de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz- presentará este miércoles por primera vez desde su ministerio un paquete concreto de medidas en materia de vivienda, precios de la energía o fiscalidad, con el fin de negociarlo con el PSOE. Fuentes moradas confirman que será Díaz la encargada de pilotar estas conversaciones, y la congelación de los precios del alquiler será una de las propuestas estrella que llevarán los morados a la mesa para paliar la escalada de los precios y amortiguar el impacto en el bolsillo de los inquilinos de un IPC que ya se encontraba disparado antes de la guerra y cuya subida, con el conflicto, amenaza con recrudecerse.

Esta medida no fue una de las que puso en marcha el Gobierno durante lo más duro de la pandemia, habida cuenta de que, por entonces, la inflación se encontraba en niveles muy bajos. La situación ahora, no obstante, es radicalmente contraria, y por ello Unidas Podemos considera imprescindible que los propietarios no puedan repercutir la subida de los precios año a año en la cuota que cobran a sus inquilinos. Ahora mismo, esa medida impediría que un casero pudiera elevar hasta un 7,6% la renta a su arrendatario con respecto al precio del año pasado.

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Además, Unidas Podemos negociará con el PSOE la reactivación de algunas medidas relativas a la vivienda que sí se pusieron en marcha en 2020 y que, mediante prórrogas, han estado activas hasta hace unos meses. Es el caso, por ejemplo, de la posibilidad de que los inquilinos puedan solicitar a sus caseros una prórroga de un máximo de seis meses de su contrato cuando este finalice. Los morados pretenden que, como establecía la ley hasta el pasado 28 de febrero, el propietario esté obligado a aceptar esta solicitud si el inquilino la realiza y, por tanto, a extender el alquiler por un máximo de medio año tras su vencimiento con las mismas condiciones económicas.

Asimismo, Unidas Podemos aboga por recuperar las moratorias en el pago de los alquileres para familias vulnerables, también vigentes hasta hace un par de semanas. En el caso de inquilinos con dificultades que vivan en inmuebles propiedad de empresas o grandes tenedores, lo que se estableció durante la pandemia es que, durante un tiempo máximo de cuatro meses, el casero tenía o bien que reducir un 50% la cuota o bien repartir el pago esos meses durante los siguientes tres años, siempre y cuando el inquilino cumpliera las condiciones de vulnerabilidad establecidas. Para quienes alquilan un piso propiedad de un pequeño tenedor, el Estado habilitó una línea de avales extraordinaria para solicitar créditos a interés cero para hacer frente al pago del alquiler.

Reducir el precio de la luz

Transición Ecológica suavizó en octubre el mecanismo para recortar los beneficios caídos del cielo de las eléctricas

El segundo gran objetivo de Unidas Podemos en la negociación que tendrá lugar en el seno del Gobierno será la puesta en marcha de medidas para reducir el precio de la energía, una meta que también persigue Sánchez, que lleva semanas presionando a Bruselas para que desvincule el coste del gas de la fijación de precios de la electricidad. Esa es una de las propuestas clásicas de los morados, que además plantearán a los socialistas recuperar la primera versión del mecanismo para recortar los beneficios caídos del cielo de las eléctricas que aprobó el Gobierno hace unos meses, un instrumento mucho más potente que el vigente en la actualidad.

El pasado septiembre, el Ejecutivo aprobó un mecanismo para capturar una parte de los beneficios que obtienen estas empresas energéticas al vender toda la electricidad que producen al precio de la que les resulta más cara de generar, la de las centrales de gas. No obstante, apenas un mes después la presión de las eléctricas provocó que el Ministerio de Transición Ecológica suavizara mucho la medida y permitiera a las compañías suministradoras quedarse con el total de esos beneficios en los contratos que suscribieran con grandes consumidores industriales para suministrarles energía a precios fijos. Y lo que pide Unidas Podemos es volver al diseño inicial del mecanismo, puesto que la formación considera que el actualmente vigente "ha permitido a las eléctricas esconder los beneficios caídos del cielo evitando así su llegada a las arcas públicas".

Además, los morados pedirán dar el acelerón final a un proyecto de ley para limitar otra parte de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, un texto que el Gobierno envió al Congreso el pasado agosto y que lleva tramitándose desde entonces. Esa norma, básicamente, impedirá a las empresas lucrarse cobrando el coste de los derechos de emisión de CO2 cuando generen la energía a través de centrales nucleares o hidroeléctricas, que no emiten estos gases. Según los cálculos de Transición Ecológica el pasado agosto, si el precio de los derechos de emisión de CO2 se mantiene como hasta ahora, las empresas verán reducidos en unos 625 millones de euros estos beneficios que consiguen a costa de repercutir costes que no tienen, un precio que podría utilizarse para rebajar el recibo de la luz.