El Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid ha interpuesto este jueves una denuncia en la Fiscalía por una docena de contratos adjudicados por diferentes organismos del Gobierno central durante la pandemia. La intención de los populares había sido adelantada a primera hora por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara, y llega tres semanas después de que la oposición madrileña en bloque (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) llevara al ministerio público el contrato de la Administración autonómica madrileña con la empresa Priviet Sportive, propiedad de un amigo de la presidenta y de cuya adjudicación su hermano Tomás cobró una contraprestación.

Ayuso vuelve a la Asamblea después de tres semanas... y con ella regresan las preguntas sobre el contrato a Priviet

Las adjudicaciones sobre las que este jueves ha puesto el foco el PP se hicieron, según ha señalado la líder con Ejecutivo, con "siete empresas relacionadas con el Partido Socialista". En concreto, ha abundado, "con el entorno del presidente del Gobierno, del señor Illa y la vicepresidenta del Gobierno".

El valor de las adjudicaciones asciende a 326 millones de euros y se detallan en la denuncia de una veintena de folios presentada por el PP a la que ha tenido acceso 20minutos. Los procedimientos que los populares relacionan con presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación son los siguientes:

Empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa S.L.

Número de contratos: Tres, para el suministro de mascarillas profilácticas, FFP 2 y para adquisición de material de protección. 

Adjudicados por: Presidencia del Organismo Público Puertos del Estado, Adif y la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior.

Importe: 40,1 millones de euros.

Supuestas irregularidades que denuncia el PP: La compañía adjudicataria ofrece servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales principalmente de energía, agua e infraestructuras agrícolas, y opera principalmente en países africanos como Angola, Guinea Ecuatorial, Mauritania o Túnez. El importe de su cifra de negocio fue de 0 euros en 2019, frente a los 53,13 millones que obtuvo en 2020, como consecuencia de las adjudicaciones públicas directas relacionadas con la Covid-19.

A fecha 2 de marzo de 2022, sostiene el PP, no consta publicada en el Portal de la Contratación la documentación de ambos contratos, tan solo el anuncio de formalización. “A pesar de ello, la empresa Soluciones de Gestión, en el plazo de 7 días resultaba adjudicataria de dos contratos, por un valor superior a los 36 millones de euros para adquirir material sanitario”, agregan, para añadir: "Las noticias aparecidas en los medios de comunicación apuntan a que la explicación puede guardar relación por ser "de confianza del Sr. Ábalos", entonces ministro responsable del departamento al que estaban adscritos, tanto Puertos del Estado, como Adif".

​Páginas Amarillas Soluciones Digitales (Beedigital)

Número de contratos: uno, para el servicio de gestión de la imagen digital y de la reputación online de la Seguridad Social. Data de 2019, antes de la pandemia.

Adjudicados por: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Importe: 532.400 euros.

Supuestas irregularidades que denuncia el PP: La empresa Páginas Amarillas Soluciones Digitales está vinculada con el marido de la vicepresidenta primera, y ministra de Economía, Nadia Calviño. Ignacio Manrique de Lara, marido de la vicepresidenta, es director de Marketing de la empresa, que con anterioridad nunca había obtenido un contrato público. La adjudicación a la empresa se realizó aunque tenía entonces una deuda con la Seguridad Social de 421.000 euros. En 2020 este organismo estatal dependiente del ministro D. José Luis Escrivá le prorrogó el contrato, pese a que seguía adeudando a la Seguridad Social 374.000 euros.

FCS Select Products S.L.

Número de contratos: Cuatro. Adquisición de 20 millones de mascarillas quirúrgicas, 10 millones de guantes de nitrilo y 150.000 gafas de protección (12,1 millones con IVA), suministro de 280 millones de mascarillas (143,9 millones con IVA), suministro de 150 millones de mascaras faciales (77,1 millones) y suministro de 58 millones de mascarillas (29,8 millones).

Importe: 263,1 millones de euros.

Supuestas irregularidades que denuncia el PP: La compañía adjudicataria, con sede en la provincia de Barcelona, ofrece servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas. El importe de la cifra de negocio de la empresa fue de menos de un millón de euros en 2018, con un beneficio de 69.000 euros, frente a los 263,1 millones que obtuvo en 2020.

"Tal y como se ha publicado en diversos medios de comunicación", sostiene el PP, "la administradora de la empresa, Mayra Dagá Castillo, fue condenada en el año 2016 por un delito de estafa agravada por su participación en una trama delictiva dedicada a la compra y posterior vaciamiento con problemas financieros". Los populares añaden, además, que los administradores de la sociedad pueden guardar una relación de amistad con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, "cimentada por la coincidencia en torno al municipio de La Roca del Vallés, localidad natal del Sr. Illa y de la que fue alcalde".

Weihai Textile Group

Número de contratos: uno. Suministro de 500.000 batas desechables.

Adjudicados por: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).

Importe: 10, 1 millones de euros.

Supuestas irregularidades que denuncia el PP: El precio de las batas ofrecido por la empresa fue de 18,50 dólares la unidad (16,7 euros aproximadamente, según el tipo de cambio de aquellas fechas), lo cual representaba un coste mucho mayor del que en esas mismas fechas ofrecieron otros proveedores. "Entre el 20 y el 27 de marzo, el Gobierno cerró contratos de compra de batas desechables con Medline International Iberia SL y con Suministros Hospitalarios SA. Con estas empresas españolas los precios por unidad de las batas fueron de 0,3263 euros (con Medline) y de 0,2783 euros con Suministros Hospitalarios", apunta la denuncia, que agrega: "hay un sobrecoste, incomprensible, inasumible e inadmisible de 10 millones de euros (+625 %), cuyo destino real se tendrá que explicar y justificar".

Members of the Tribe

Número de contratos: dos. Suministro de 52 millones de guantes de nitrilo (5,5 millones) y suministro de 40 millones de guantes de nitrilo (3,8 millones).

Adjudicados por: El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), que depende del Ministerio de Sanidad.

Importe: 9,4 millones de euros. 

Supuestas irregularidades: El precio de la unidad de guante de nitrilo ofrecido por la empresa fue de 0,10 euros, lo cual representaba un coste mucho mayor del que en esas mismas fechas ofrecieron otros proveedores que resultaron adjudicatarios de los correspondientes contratos de suministros, tanto por parte del propio Ministerio de Sanidad, como de otras instituciones.

“El precio de adjudicación por unidad, por encima de 0,10 euros la unidad, representa un sobrecoste de entre el 25% y el 500% de las adjudicaciones referenciadas. Respecto a la propia Ingesa, supone un exceso de precio que supone multiplicar por dos el precio pagado en adjudicaciones inmediatamente anteriores”, dice el PP.

Hyperin Grupo Empresarial

Número de contratos: Uno, para la adquisición de 144 dispositivos de ventilación mecánica Invasiva.

Adjudicado por: Secretaría de Estado de Sanidad

Importe: 3,3 millones (IVA incluido)

Presuntas irregularidades que denuncia el PP: La compañía adjudicataria tiene como objeto social "la fabricación de yesos para la construcción". "Según figura en la descripción del contrato en el Portal de Contratación", dice la denuncia, "Sanidad adelantó al contratista la totalidad del importe del contrato. La compañía, unos días después, comunicó a la administración de que no le era posible el suministro de los dispositivos de ventilación acordados en el contrato, planteando una posible alternativa. Ante el hecho de que el modelo de ventilación alternativo ofrecido por la empresa no cumplía con los requisitos sanitaros exigidos, el contrato se dio por extinguido. Sin embargo, la administración no ha recuperado todavía, a pesar de haber transcurrido dos años, el importe total del dinero adelantado".

Industrias Plásticas Playbol

Número de contratos: En este caso no son contratos, sino ayudas, 14 en total, recibidas entre el 18 de febrero del 2020 y el 25 de mayo de 2021.

Adjudicados por: La Compañía Española de Refianzamiento y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en forma de reafianzamiento o avales.

Importe: 896.000 euros.

Presuntas irregularidades que denuncia el PP: La empresa beneficiaria de las ayudas estaba vinculada a los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, pues la fundaron en 1977, según dice el PP citando al Registro Mercantil. La firma se dedica a la fabricación de envases y embalajes de plástico y tiene sus instalaciones en Algete.

“En la actualidad, el padre de Sánchez continúa figurando como administrador único de la compañía, cargo en el que fue renovado el 13 de septiembre de 2019, mientras su madre figura como apoderada desde el año 2010”, se explicita en la denuncia. “La posible vinculación de la empresa beneficiaria de las ayudas (...) tiene su origen por la adquisición, por la actual empresa, de los activos, fondo de comercio, maquinaria y subrogación de los trabajadores de la empresa Playbol S.A, propiedad de los padres del presidente del Gobierno”, se agrega, apuntando a la existencia de un posible conflicto de interés en la concesión de las ayudas.