El PP ha sembrado este jueves la duda sobre doce contratos del Gobierno central adjudicados durante la pandemia de Covid-19 por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación. La encargada de hacerlo saber ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el pleno de la Asamblea regional. Los procedimientos, según ha señalado la líder del Ejecutivo madrileño, ascienden a 326 millones de euros y fueron concedidos a "siete empresas relacionadas con el presidente Pedro Sánchez, el exministro de Sanidad Salvador Illa o la vicepresidenta Nadia Calviño" y por eso han decidido trasladarlos a la Fiscalía Anticorrupción este mismo jueves.
Este anuncio ha llegado tres semanas después de que el PSOE, además de Más Madrid y Unidas Podemos, llevaran al ministerio público el contrato de la Comunidad con la empresa Priviet Sportive, propiedad de un amigo de la presidenta y de cuya adjudicación su hermano Tomás cobró una contraprestación.
La denuncia de este jueves ante el ministerio público la ha presentado el grupo parlamentario popular. Hasta la calle de Manuel Silvela, sede de la Fiscalía, se han desplazado a mediodía el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, junto al portavoz adjunto, Pedro Muñoz Abrines, y al secretario general del grupo, Enrique Núñez.
El escrito que han presentado, según han señalado fuentes populares, hace mención a una docena de contratos y a 14 ayudas en forma de avales, en este segundo caso con un valor que superar los 800.000 euros.
"Son contratos que superaron los 326 millones de euros al erario público, se administraron incluso mascarillas por un valor entre un 25 y un 500% por encima de las adjudicaciones anteriores en un mismo momento", había señalado Díaz Ayuso en el pleno de la Cámara de Vallecas. "En algunos casos no llegó el material, por tanto, dejaron sin protección a muchos sanitarios y a muchos pacientes y en otros casos no se llegaron a reintegrar las cantidades abonadas adelantadas", ha agregado, para zanjar: "Van a tener que dar ustedes muchas explicaciones".
La propia Díaz Ayuso ha recordado la investigación que hay abierta en Anticorrupción sobre el contrato de Priviet Sportive. "El PP va a hacer algo muy sencillo: utilizar los mismos argumentos que el PSOE utilizó ante la Fiscalía el 18 de febrero", ha señalado, "vamos a empezar a investigar todo lo que han hecho ustedes durante las compras de las mascarillas en estos procedimientos", ha agregado.
La presidenta madrileña ha destacado que la presentación de estas denuncias le va a permitir saber si el PSOE quiere investigar la corrupción o investigarle a ella. "Si quieren saber la verdad o intentar desgastarme a mí", ha abundado, "si la señora Delgado (en referencia a Dolores Delgado, fiscal general del Estado) lo que quiere es investigar a todos los familiares o solo a los míos", ha zanjado.
"Desde el minuto uno he dicho que quien tenga información sobre cualquier cuestión que pueda ser susceptible de una infracción de cualquier tipo, que lo ponga en conocimiento de la Justica", ha asegurado el portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, tras el anuncio de que el PP iba a acudir a la Fiscalía.
"Nosotros lo hicimos cuando el PP informó y la presidenta confesó en que su hermano se había llevado más de un cuarto de millón de euros", ha abundado, para añadir que a la presidenta "le interesa poco Madrid" y prefiere dedicarse a hacer oposición al Gobierno central PSOE-Unidas Podemos y al presidente Pedro Sánchez.
Los 12 contratos: batas, mascarillas, guantes...
A lo largo de una veintena de folios, la denuncia de los populares pone en el foco a contratos, y también a una serie de ayudas, formalizados por distintos órganos de la Administración del Estado para la adquisición durante los primeros meses de la pandemia de millones de mascarillas, batas, guantes o pantallas faciales. "Podrían ser casos en los que el contratista podría tener una relación de cercanía o familiar con algún alto cargo, o no se han cumplido los debidos requisitos para la contratación pública", se apunta en una de las páginas.
Una de las menciones del escrito presentado en la Fiscalía hace referencia a la empresa Industrias Plásticas Playbol, fundada por los padres de Pedro Sánchez en los 70, según se apunta en la página 20. Se añade que esta empresa recibió 14 entre el 18 de febrero del 2020 y el 25 de mayo de 2021 valoradas en 896.000 euros y se apunta que podría existir un posible conflicto de interés en la concesión de las ayudas.
También se señalan cuatro contratos con una empresa de Barcelona denominada FCS Select Products. Los administradores de esta sociedad pueden guardar una relación de amistad con Salvador Illa "cimentada por la coincidencia en torno al municipio de La Roca del Vallés, localidad natal del Sr. Illa y de la que fue alcalde", sostiene el PP. Asimismo, se asegura que la administradora de la empresa fue condenada en 2016 por un delito de estafa agravada.
Otra adjudicación que figura en la denuncia es a la empresa Páginas Amarillas Soluciones Digitales o Beedigital para el servicio de gestión de la imagen digital y de la reputación online de la Seguridad Social. El PP apunta que el marido de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, es el responsable de Marketing de esta firma. Además, la formación pone de relieve que la compañía fue contratada cuando tenía una deuda superior a 420.000 euros con la propia Seguridad Social.
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