La ministra de Igualdad, Irene Montero, habla con 20minutos sobre las principales reivindicaciones de cara a este 8-M, los retos del movimiento feminista y sobre las próximas iniciativas a impulsar por su departamento.

Madrileña (1988), comenzó su militancia en las Juventudes del PCE, y posteriormente como activista antidesahucios en la PAH. Entró en Podemos tras las europeas de 2014 y en 2017 fue nombrada portavoz en el Congreso de los Diputados. Desde 2020 es ministra de Igualdad.

El martes que viene se celebra el 8-M y suele ser una cita en la que se pone foco en todo lo avanzado, pero también en las carencias que todavía persisten. ¿Cuáles son las reivindicaciones más urgentes para este año?

Yo creo que hay fundamentalmente tres ejes de trabajo. Uno tiene que ver con la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, y el Estado tiene la obligación de desplegar todos los mecanismos para atender de forma integral a las mujeres víctimas y avanzar hacia un escenario de erradicación de las violencias machistas. No va a haber satisfacción hasta que no lleguemos siempre a tiempo y para todas las mujeres. 

Hay otro gran eje que tiene que ver con lo que la pandemia ha puesto de manifiesto con total claridad. Y es que incluso cuando el país está parado, hay que limpiar los baños, hacer la comida, la compra, cuidar a los niños y a una misma para poder también cuidar a los demás. La economía no aguantaría una semana si no se hiciesen en esas tareas de cuidados que realizan mayoritariamente las mujeres y, sin embargo, permanecen absolutamente invisibilizadas. Por tanto, es una responsabilidad del Estado hacerse corresponsable y asumir que, igual que tenemos un Sistema Nacional de Salud o un sistema público de educación, tiene que hacerse cargo de la conciliación.

Otros ámbitos tienen que ver, por ejemplo, con tratar las violencias en el ámbito de lo digital, que es algo que cada vez emerge con más fuerza en el debate público. Y, por supuesto, todas las políticas de garantía de la diversidad en un contexto creciente de los delitos de odio. Que todo el mundo en nuestro país pueda ser quien es, sin miedo, sin culpa, sin estigma y sin discriminación. Pero creo que las calles este 8 de marzo se van a teñir de morado seguramente para decir no a la guerra, y sobre todo para decir que el feminismo es una cuestión de Estado.

El año pasado se prohibieron las movilizaciones en Madrid por el 8-M. ¿Cree que ese parón puede haber difuminado un poco todas las reivindicaciones feministas?

Al movimiento feminista le va a sentar bien volver a teñir de morado las calles de nuestro país. Pero incluso con todas las dificultades que se han derivado de la emergencia sanitaria, creo que el movimiento está planteando un proyecto y una forma de organizar la economía, la sociedad, la vida, que garantiza los derechos fundamentales para todo el conjunto de la población. Y, por tanto, no solamente creo que no ha perdido vigencia, sino que la emergencia sanitaria ha venido a poner en evidencia que el feminismo es el proyecto político que mejores respuestas tiene para las preguntas que tiene nuestra sociedad. 

Asuntos como la prostitución o la ley trans dividen al movimiento. ¿Puede llegar eso a ser contraproducente?

El movimiento feminista ha debatido siempre. Claro, cuando el movimiento feminista no estaba en el centro del debate público, tampoco lo estaban sus debates. Ahora que el feminismo está en el centro del debate público, también lo están sus debates y las diferentes sensibilidades y las diferentes formas de aproximarse a las realidades. Aun así, creo que está siendo capaz de poner en el centro del debate público la agenda común que nos sigue uniendo a todas las feministas.

"Este Gobierno se está atreviendo más que ningún otro de la democracia a plantar cara a la industria proxeneta y acabar con su impunidad"

¿Cuesta más impulsar iniciativas del Ministerio de Igualdad por lo que implican?

Eso es una constante en la historia de nuestro país. Las leyes feministas siempre han encontrado muchísimas zancadillas y muchísimas trabas para poder salir exitosas de todos los trámites por los que tiene que pasar. Pensemos en la ley del aborto en el año 2010, la ley de igualdad, la de matrimonio igualitario, la de violencia de género. Efectivamente, somos conscientes de que las leyes feministas cuesta más negociarlas porque se encuentran más trabas, pero a la vez, después son leyes que con muy poquito tiempo de desarrollo nadie se atreve a cuestionar, ni siquiera quienes se opusieron a ellas.

El CGPJ ya va con retraso en la emisión de su informe sobre la ley trans. ¿Hay previsión de cuándo pueda iniciar su camino parlamentario? 

Pronto. No estoy contenta con los retrasos, pero tengo la confianza de que en este periodo de sesiones podrá llegar a segunda vuelta de Consejo de Ministros.

Uno de los compromisos del Ejecutivo es erradicar la prostitución. En leyes como la del 'solo sí es sí' se aborda el tema con la tercería locativa, que, sin embargo, no consigue consenso entre los grupos.  ¿Se plantea el Ministerio abordarlo en la futura ley contra la trata?

Cuando hablamos de mujeres en contextos de prostitución y particularmente de la explotación sexual y de la trata con fines de explotación sexual, hay dos objetivos fundamentales. Uno tiene que ver con perseguir la impunidad de la industria proxeneta y perseguir a esa industria. La tercería locativa o el proxenetismo no coactivo son propuestas que van encaminadas precisamente a acabar con la impunidad de una industria que mueve cinco millones de euros al día en dinero negro. Y la otra línea implica reconocer que muchas mujeres que sufren esas violencias están en una situación administrativa irregular y, por tanto, que no pueden abrir una cuenta corriente, tienen serias dificultades para acceder a una vivienda y, en definitiva, para acceder a los derechos más fundamentales. 

Este Gobierno se está atreviendo más que ningún otro Gobierno de la democracia a plantar cara a la industria proxeneta y acabar con su impunidad. La propuesta del Gobierno está clara, vamos a seguir defendiendo esa propuesta porque creemos honestamente que es la mejor. Somos conscientes de que hay grupos parlamentarios que piensan diferente y voy a ser respetuosa con el debate que se produzca. En función de cómo se dé, pues pensaremos conjuntamente cuál es la mejor solución.

¿Se reformará la Ley de Extranjería?

Yo creo que necesariamente. En el caso de las mujeres que son víctimas de explotación sexual, un altísimo porcentaje de ellas no solamente son las olvidadas de las olvidadas, es que la primera barrera que encuentran para el acceso efectivo a sus derechos es la situación administrativa irregular. Por tanto, efectivamente sí. Creo que tenemos que hablar. Es ineludible hablar de la Ley de Extranjería si queremos realmente erradicar la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual.

La ley contra la trata iba a registrarse junto al PSOE en enero, en un principio, pero todavía no hay un texto.  ¿Vamos a tener pronto un primer borrador?

Estamos ya en proceso de negociación en el seno del Gobierno. No puedo dar un plazo exacto, pero esas negociaciones se están produciendo y lo antes posible haremos que esa ley llegue a Consejo de Ministros.

Jorge París | jparis

¿Qué ha supuesto el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para nuestro país?

El pacto de Estado, y particularmente esta actualización y su conversión en permanente, nos hablan de un compromiso que va más allá de las formaciones políticas, que va más allá de la voluntad de un Gobierno u otro, y que tiene que ver con que las políticas feministas y en concreto las políticas de lucha contra las violencias machistas tienen que ser una cuestión de Estado y no pueden ser cuestionadas, porque afectan a más de la mitad de la población.

Y después, evidentemente, es importante la ampliación que acabamos de hacer de las medidas. Por ejemplo, pasan a reconocerse formas de violencia que hasta ahora permanecían más ocultas. Hablamos de la violencia vicaria; hablamos, por tanto, de la obligación del Estado de proteger a las madres protectoras que están defendiéndose a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia; o la violencia económica, o la violencia institucional.

Próximamente se hará público el primer borrador de la nueva ley del aborto.  ¿Cómo se garantizará que se practique en todos los hospitales como busca la norma?

Regulando la objeción de conciencia de forma que podamos garantizar que ese respeto escrupuloso al derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios es también respetuoso con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y a interrumpir voluntariamente su embarazo. Por tanto, asegurando que en todos los hospitales que tienen servicio de ginecología y obstetricia, igual que puede haber objetores de conciencia, también hay personal disponible y dispuesto a practicar esas interrupciones voluntarias del embarazo para las mujeres que lleguen y que así lo deseen.

Pero si en un hospital todos los sanitarios fuesen objetores, ¿cómo se gestionaría?

Tendrán que resolverlo para asegurar que se garantiza ese derecho y que hay personal sanitario que puede practicar interrupciones voluntarias del embarazo, igual que se hace con cualquier otra intervención que esté dentro de las prácticas que tiene que realizar en un servicio de ginecología y obstetricia.

Otro pilar de la ley del aborto es la salud menstrual. Ya se avanzó que se distribuirían productos de higiene femenina en los colegios, pero la tasa morada, por ejemplo, se cayó de los presupuestos. ¿Se plantea el Ministerio alguna otra medida que concierna ese tema?

La salud menstrual sigue siendo un tema muy poco conversado socialmente, que muchas veces se vive desde la vergüenza, desde el estigma, con tabúes y con una realidad material evidente; y es que hay muchísimas mujeres en nuestro país que no pueden consumir los productos relacionados con la salud menstrual por una cuestión económica. Entonces, creo que ya es un enorme paso que en la reforma de la ley del aborto hablemos también de derechos sexuales, reproductivos y de la salud menstrual y seamos capaces de que ese tema esté en el debate público. A partir de ahí, hay toda una serie de derechos, como la distribución gratuita de productos relacionados con la salud menstrual, y también que, por ejemplo, cuando las menstruaciones son tan dolorosas que impiden el trabajo, pues pueda haber un reconocimiento de ello por parte de nuestro sistema, igual que pasa con otras muchas cuestiones que generan derechos laborales. 

En esa línea es donde tenemos que avanzar, y en eso hay también una cuestión relacionada con la fiscalidad (el IVA 0% o el IVA superreducido), y en eso vamos a seguir trabajando. Es verdad que lo hemos planteado en otras negociaciones como la última presupuestaria y se ha quedado fuera, pero vamos a insistir porque creemos que es una cuestión de Justicia para más de la mitad de la población.

El techo de cristal es uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta una mujer en su vida laboral. Podríamos decir que igual uno de los techos más gruesos en España es la Presidencia del Gobierno. ¿Tendremos más pronto que tarde una presidenta del Gobierno en España?

No me cabe duda de que así será. El feminismo es una propuesta política que efectivamente, denuncia que las mujeres no formamos parte en igualdad de condiciones, siendo más de la mitad de la población. No somos más de la mitad en los consejos de administración o en los puestos más importantes como la Presidencia del Gobierno o el CEO de una gran empresa y, por tanto, tenemos que pelear por romper esos techos de cristal. Pero no nos olvidemos que la mayoría de las mujeres no pueden pensar en el techo de cristal porque su problema es que no se pueden despegar del suelo pegajoso de precariedad y de vulneración sistemática de todos sus derechos y hasta que no llegue la última de las mujeres no vamos a estar libres ninguna.