La comunidad internacional, también España, se prepara para acoger en breve a refugiados y desplazados de la guerra, en una cifra que la ONU sitúa entre uno y cinco millones de personas.

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De momento, la mayoría de los desplazados están llegando a los países vecinos situados al oeste o al sur, como Polonia o Moldavia, aunque en función de lo que dure el conflicto y las consecuencias sobre la población civil, el número puede aumentar y obligar a que otros países europeos, como España, acojan a estas personas.

Sobre este asunto, Unidas Podemos, el socio del PSOE en el Gobierno de coalición, junto a EH Bildu y ERC, ha firmado un manifiesto en el que recuerda al Ejecutivo que está obligado a aceptar las solicitudes de asilo que lleguen de Ucrania.

Estos partidos han pedido al Gobierno que trabaje en el seno de la UE y bajo Naciones Unidas por el fin de la guerra y sin abandonar el trabajo de la diplomacia.

"Reclamamos una desescalada militar y de tensión por todas las partes que reduzca el riesgo de una escalada bélica en Europa. No se debe abandonar el trabajo de la diplomacia y en favor de la paz", apuntan.

Más allá de la crisis humanitaria, las sanciones económicas que van a aplicar los países occidentales también tendrán sus efectos en las cerca de compañías españolas que cuentan con filiales en Rusia o Ucrania.

Por sectores, industria, comercio e intermediación financiera son los sectores que aglutinan mayor número de participadas en ambos países.

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El precio de la electricidad, ya disparado, también ha acusado los efectos de la guerra. En el mercado mayorista, el precio de la luz subirá mañana un 8,73 por ciento y alcanzará los 261,11 euros por megavatio hora, su precio más alto en lo que va de año.