El Instituto Catalán de la Salud (ICS) admite que asumió un riesgo en un contrato por 60 millones de euros para suministrar material sanitario en el primer estado de alarma por la pandemia y lo atribuye a la situación de emergencia y la escasez de material, pero defiende la legalidad y honestidad de la operación.

La Oficina Antifraude de Cataluña informó este martes en un comunicado de que era cuestionable el contrato de emergencia que hizo la Generalitat a una empresa para el suministro de material sanitario durante el primer estado de alarma por la pandemia del coronavirus, por un importe de algo más de 60 millones de euros.

Antifraude considera que la empresa Basic Devices, que recibió este encargo de emergencia de material sanitario por parte de la Generalitat en marzo de 2020, tenía unas referencias "débiles", además de que el anticipo que la firma recibió de unos 35 millones de euros fue una "temeridad" por la "falta de cobertura legal", por lo que ha pedido información al Govern sobre esta contratación.

El ICS ha respondido con otro comunicado en el que recuerda que este informe de la Oficina Antifraude se encuentra en proceso de presentación de alegaciones y que el propio director de la Oficina Antifraude ha explicitado públicamente que no "hay elementos corruptivos” en la contratación.

"Todo el material fue entregado y distribuido y, lo más importante, utilizado por los profesionales de los centros sanitarios", ha argumentado el ICS, que asegura que "desde el primer momento, esta operación se hizo de forma coordinada entre el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y el Instituto Catalán de la Salud".

El Instituto Catalán de la Salud, que gestiona los hospitales públicos de Cataluña, había recibido el encargo de llevar a cabo la compra centralizada de material de protección para todos los centros asistenciales de Cataluña (de forma mancomunada) por parte del propio CatSalut, en un momento en que había escasez de este material.

"La prioridad de todas las instituciones implicadas fue la obtención de material de protección en unos momentos de extrema escasez a nivel mundial", ha recordado el ICS, que subraya que en aquel momento, al inicio de la pandemia "el contexto y la situación eran de emergencia".

"Prueba de ello -añade- es que los proveedores habituales ya habían manifestado la imposibilidad de suministrar material de protección" y por eso el ICS y el resto de instituciones implicadas "asumieron un riesgo para dar respuesta a la situación de excepcionalidad, para procurar un material que era de vital importancia para los profesionales sanitarios en las primeras semanas de irrupción de la covid".

El ICS también ha defendido que la Sindicatura de Cuentas, que revisa aleatoriamente los expedientes de la Generalitat, también analizó esta contratación y no encontró ninguna irregularidad.

El Instituto Catalán de la Salud afirma que seguirá colaborando con la Oficina Antifraude y siempre le facilitará toda la información que le requiera.

La Oficina Antifraude de Cataluña ha publicado el informe que recoge sus conclusiones sobre la investigación realizada, a iniciativa propia, respecto de esta contratación de la Generalitat, informe que remitió al Govern el pasado 9 de febrero, y ha dado 30 días a la consellería de Economía y al ICS para que informen sobre las medidas adoptadas en relación a las presuntas "irregularidades" que aprecia.