Castilla y León anula las 39.600 multas impuestas durante el segundo Estado de Alarma

  • La medida afecta a las sanciones cursadas entre el 9 de noviembre de 2020 y el 9 de mayo de 2021.
Agentes de la Policía Nacional recorren las calles de Ávila en el primer día con toque de queda a las 20.00 en Castilla y León.
Agentes de la Policía Nacional recorren las calles de Ávila durante el toque de queda en Castilla y León, en una imagen de archivo.
RAÚL SANCHIDRIÁN / EFE

La Junta de Castilla y León, a través de un acuerdo aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno, dejará sin efecto las 39.600 sanciones que impuso durante el segundo periodo del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España, vigente entre el 9 de noviembre de 2020 y el 9 de mayo de 2021.

La administración autonómica devolverá con los intereses correspondientes el importe de las multas que hayan sido abonadas por esa causa, explicó el consejero de la Presidencia, Carlos Fernández Carriedo, durante una rueda de prensa celebrada al después de la reunión del Consejo de Gobierno.

Las 39.600 sanciones incoadas por la administración autonómica durante ese periodo, que suman 11,8 millones de euros, correspondieron al incumplimiento del toque de queda (26.110), del cierre perimetral (10.540), número máximo de personas en reuniones de grupo (2.948) y límite del aforo en lugares de culto (2).

La Junta de Castilla y León ha adoptado esta resolución sin esperar a a posibles reclamaciones y devolverá las cuantías satisfechas en el plazo más breve posible, ha agregado Fernández Carriedo.

Sentencia del Constitucional

Esta medida, avalada por los servicios jurídicos de la administración autonómica a petición de la Consejería de Economía y Hacienda, afecta únicamente a las multas impuestas por la Junta de Castilla y León como autoridad competente.

Esta anulación es consecuencia de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 27 de octubre de 2021, que declaró la inconstitucionalidad parcial del Real Decreto de 25 de octubre de 2020 por el cual el Gobierno de España declaró el Estado de Alarma, y su prórroga por el Real Decreto de 3 de noviembre de 2020.

No obstante esta anulación, la Junta de Castilla y León recuerda que cumplió en todo momento con sus obligación y considera que se han cumplido los objetivos de las medidas establecidas en la lucha contra la pandemia del coronavirus: el efecto disuasorio por una parte y la faceta educativa por otra.

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