Los partidos de izquierda en la Asamblea de Madrid han hecho este jueves frente común para pedir explicaciones al Gobierno regional sobre el supuesto espionaje encargado por la dirección nacional del PP a Isabel Díaz Ayuso. El objeto de esta presunta trama estaría en un contrato de 1,5 millones de euros adjudicado por la Comunidad a la empresa de un amigo de la presidenta en abril de 2020. En este procedimiento estuvo relacionado el hermano de la líder del Ejecutivo madrileño, Tomás, según ha admitido la propia Díaz Ayuso, y Génova pretendería saber si había sido beneficiario de una comisión ilegal.

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Para esclarecer todos los detalles de este asunto, que ha derivado en una guerra total en el seno del PP, los grupos de la oposición en la Asamblea regional acudirán a interponer una denuncia al Ministerio Público para que investigue los hechos. Así lo han anunciado tanto Más Madrid, el principal partido de izquierda, y el PSOE. "El entorno de Ayuso siempre les saca tajada a las instituciones (...) vamos a ir a la Fiscalía para que las últimas piezas del puzle que nos faltan les den luz a un juez", ha señalado Mónica García.

"Si el PP tiene sospechas sobre una posible irregularidad en estos contratos le exigimos que vayan a la Fiscalía y si Ayuso está denunciando espionaje que vaya a la Fiscalía y lo denuncie. Nosotros lo vamos a hacer", ha agregado Juan Lobato, el portavoz socialista.

"¿Por qué desde Génova quieren investigar estos contratos? Queremos saber si los detectives se pagaron con dinero público. Ya hemos vivido episodios similares en Madrid", se ha preguntado Carolina Alonso, de Unidas Podemos, que ha comparado la situación en el PP con "la mafia siciliana". 

La petición de explicación de la oposición no se han quedado en estas denuncias. Los tres portavoces progresistas de la Cámara de Vallecas han registrado este jueves una petición para que se ponga en marcha una comisión de investigación que analice la contratación por el procedimiento de emergencia durante la pandemia de Covid-19, que han sido cerca de 6.000.

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Además, el PSOE también quiere que por este asunto comparezcan en la Asamblea regional tanto la presidenta Isabel Díaz Ayuso como el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, para despejar cualquier duda sobre la contratación.

En una comparecencia convocada de urgencia, y sin preguntas de los periodistas, la líder del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha admitido la vinculación de su hermano con el contrato adjudicado a la empresa Priviet Sportive, de la que es administrador un amigo del pueblo de origen de los Díaz Ayuso, pero la ha encuadrado en la más estricta legalidad. 

En su intervención ha cargado contra la dirección nacional de su partido, que le ha abierto este jueves un expediente informativo, y ha retado a que se presenten pruebas de que ella ha cometido cualquier acto de corrupción. "Espero que la dirección nacional pruebe que yo obligué a hacer ningún contrato con nadie. Que prueben que ha habido tráfico de influencias. Que prueben que ha habido un solo contrato irregular. Que prueben que yo no soy honrada", ha asegurado Díaz Ayuso.