La violencia obstétrica, un "problema de salud" pública: "Estamos generando discapacidades y lo pagamos todos"

Imagen de archivo de un parto por cesárea
Imagen de archivo de un parto por cesárea
GVA.
Imagen de archivo de un parto por cesárea
La violencia obstétrica, un "problema de salud" pública: "Estamos generando discapacidades y lo pagamos todos"
Wochit

Practicar una cesárea innecesaria para adelantar el parto o la llamada maniobra Kristeller, desaconsejada por las organizaciones sanitarias. Banalizar o infantilizar el sufrimiento de una mujer que está dando a luz formulándoles frases como "cuando lo estabas gestando no te dolía tanto, no te quejes" o "anda tonta, que no te va a quedar una cicatriz de bikini, no llores". Son solo algunas de las múltiples formas de manifestarse de la violencia obstétrica, una lacra todavía poco conocida, pero que, sin embargo, afecta a un gran número de mujeres. 

Un estudio publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health concluyó que el 38,3% de las mujeres encuestadas aseguró haber sufrido violencia obstétrica. Casi la mitad (el 44,3%) consideró haber sido sometida a procedimientos innecesarios y/o dolorosos, para los cuales a la gran mayoría (el 83,4%) no se les solicitó firmar un consentimiento informado.

"Es un fenómeno complejo que engloba muchas formas de violencia. Implica coacción, fuerza y engaño. Lo más característico es un abuso de poder que pretende privar a las mujeres de su derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo, su salud y la de sus hijos", explica a 20minutos Francisca Fernández, abogada experta en negligencias médicas y socia fundadora de la asociación 'El Parto es Nuestro' y del 'Observatorio de la Violencia Obstétrica de España'. Galardonada en 2019 con el premio internacional a la defensa de los Derechos Humanos en la atención obstétrica, Fernández lleva casi dos décadas dedicada a la defensa de los derechos del paciente y la bioética. Fue ella precisamente quien llevó hasta la ONU los casos de cuatro mujeres que sufrieron este tipo de violencia después de que sus denuncias no fueran estimadas por los tribunales españoles.

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"Durante el proceso administrativo y judicial nos dimos cuenta de que tanto el Ministerio de Sanidad como las consejerías y los jueces miraban para otro lado y -como ocurre con la violencia de género o las violaciones- culpabilizaban a las propias víctimas", relata la abogada. Fue una vez agotados todos los recursos para reparar esta situación en España, cuando decidieron acudir a las Naciones Unidas. De las cuatro quejas, tres han sido admitidas a trámite y una fue fallada en favor de la víctima. Pero quizás el mayor éxito fue el precedente que sentó el hecho de que la propia resolución instase a España a tomar medidas para erradicar la violencia sufrida en el proceso de parto.

Uno de los casos pendientes de resolver es el de una mujer a la que le hicieron una cesárea sin su consentimiento. "Lo hicieron porque se estaban repartiendo los partos para acabar antes porque tenían saturación y era víspera de un festivo (algo muy común) y, pese a que la mujer notaba ya la cabeza de su bebé asomando, le practicaron una cesárea", describe Fernández. De hecho, según la abogada, es la limitación de la capacidad de las mujeres de tomar decisiones una de las características principales de la violencia obstétrica que la distinguen de la mala praxis en sí. 

¿Mala praxis o violencia de género?

Y es que algunas asociaciones de profesionales sanitarios aseguran que este término, que no está legislado y cuya definición es todavía ambigua en España, "criminaliza" a los profesionales y engloba lo que dicen que es mala praxis y no un tipo de violencia de género. "Nosotros decimos que la mala praxis en sí no implicaría un abuso de poder y la violencia obstétrica, sí, siempre implica fuerza moral, psicológica, etc.", defiende Fernández. Lo que sucede, según explica, es que, "como cualquier otro tipo de violencia hacia las mujeres" es un tipo de agresión invisibilizada porque está normalizada.

"Todo empieza en la educación. Por ejemplo, yo y muchas matronas que conozco decimos siempre que, cuando nos formamos, ya interiorizamos este tipo de violencia porque lo hacemos en un ambiente que la normaliza y no lo tenemos en cuenta. Es necesaria más autocrítica de asumir lo que uno ha hecho y saber que no está bien, en lugar de ponerse a la defensiva", relata a 20minutos Lucía Rocca-Ihenacho, profesora en la City University of London y cofundadora de la Red Europea Midwefery Unit Netword (Munet), un organismo impulsado para promover la mejora de los servicios de maternidad. 

Para ella, esto es un dilema que puede entenderse equiparándolo con el racismo: "Hay similitudes con los que se ofenden cuando decimos que la mayoría de la gente es todavía racista. No es algo que quieras o que muchos lo sientan de forma intencionada, sino que han crecido en un entorno que lo ha condicionado". 

España casi duplica la tasa de cesáreas recomendada por la OMS

Un ejemplo claro: la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la tasa de cesáreas de un país oscile entre el 10 y el 15%, y que se practiquen únicamente en casos estrictamente necesarios según criterio médico. Pues bien, la tasa de cesáreas en España casi duplica esa cifra y asciende al 21,8%, según el último informe Atención perinatal en España: análisis de los recursos físicos, humanos, actividad y calidad de los servicios hospitalarios que publicó el Ministerio de Sanidad en 2018. Además, el porcentaje se dispara hasta el 36,5% en el caso de las cesáreas practicadas en los hospitales privados. 

Otra práctica muy criticada que también ejemplifica este tipo de violencia es la maniobra Kirsteller. Esta consiste en ejercer presión sobre el abdomen de la madre para forzar la salida del bebé. Hace años que se desaconseja por falta de evidencias científicas. La OMS la ha cuestionado en múltiples ocasiones, y países como Reino Unido la han prohibido; pero en España todavía hay hospitales que la siguen utilizando con frecuencia para acelerar la fase del expulsivo. 

Falta sensibilización

Para hallar el origen de esta problemática hay que tener en cuenta un cúmulo de factores, que van desde el propio hecho de que las víctimas sean mujeres, hasta la falta de recursos y de sensibilización en el sistema sanitario. "Hay intereses en acabar cuanto antes los partos. Son un proceso lento que necesita una atención y un cuidado, y nadie está dispuesto a dedicarle el tiempo que requiere. Otro motivo sería que los propios médicos se les enseña a hacer cesáreas, intervenciones quirúrgicas... pero no el acompañamiento o la sensibilización, porque se consideran valiosos", explica Fernández.

Para el antropólogo Javier Rodríguez y la especialista en Medicina Familiar, Alejandra Martínez, esto hunde sus raíces también en los propios protocolos de atención al parto. "Nuestra propuesta pasa por modificar los modelos formativos de atención a la salud con una perspectiva de género, y haciendo partícipe a la mujer. Las cosas tienen que ser flexibles, modificando formaciones, vinculando un nuevo protocolo menos invasivo, y también evidentemente manteniendo un diálogo fluido con la paciente", afirman a 20minutos los también fundadores del Observatorio de Antropología Médica (OAM).

"Las consecuencias las pagamos todos"

Las consecuencias de haber sido víctima de violencia obstétrica son muchas, muy diferentes y con distintos niveles de gravedad. "Esto es un problema de salud de primer orden; ya no solo moral, sino físico y material. Estamos generando discapacidad en ellas, ya que muchas quedan con incontinencia urinaria o fecal por los cortes o intervenciones que el campo de la fisionomía lleva años diciendo que no hay que practicarlas", denuncia Fernández. Pero no solamente genera daños en las mujeres. También puede provocar "daños terribles" en los propios niños, como lesiones cerebrales o branquiales. "Esto ya debería alertar a la sociedad, porque las consecuencias las pagamos todos. Las víctimas, en primer término, y la sociedad, que tenemos que 'soportar' luego tratamientos de rehabilitación, discapacidades, bajas laborales, etc.", asevera la abogada.

Pero las secuelas van más allá del propio cuerpo, y afectan también a nivel psicológico. Según cuentan los expertos, es muy común que sufran lo que llaman "infertilidad sobrevenida", qué viene definir la desaparición del deseo de volver a tener hijos como consecuencia del estrés postraumático. "Muchas no soportan volver a pisar un hospital, volver a verse en una situación de impotencia y vulnerabilidad extrema", explica Fernández. 

Y es que incluso experimentan sentimientos de culpa, de sentir que no saben parir, pese a que lo han hecho siempre, pero el cuestionamiento sufrido hace mella. "Entran en un sentimiento miedo, de inseguridad que puede afectar a la bajada de la leche o al propio acercamiento de la madre al bebé, porque después de tanta violencia se tiene que recuperar", explica Alejandra Martínez.

Igualdad busca incluirlo en la reforma de la ley del aborto

"Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres, incluido su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental durante los servicios de salud reproductiva y el parto sin ser objeto de maltrato o violencia de género, así como de aprobar leyes y políticas apropiadas para combatir y prevenir ese tipo de violencia, enjuiciar a los responsables y proporcionar reparación e indemnización a las víctimas", sentenció Naciones Unidas en 2019. 

Ahora, el Ministerio de Igualdad insiste en introducir el concepto de violencia obstétrica en la reforma de la ley del aborto, aunque, al tratarse de un asunto tan polarizado, la negociación con sus socios de Gobierno está siendo complicada. "El ponerle nombre es tremendamente importante, porque si no, hay algo que está sucediendo y no lo puedes enmarcar", afirma la matrona Lucía Rocca-Ihenacho.

"La idea es poder reconocer esa palabra para poder empezar a desarrollar técnicas y mecanismos de prevención sin que los médicos se sientan atacados. Y es que no son malos ejecutores. Los médicos no queremos hacer daño de manera intencionada, pues se trata de un problema estructural. Lo que no podemos hacer es dejarlo en un cajón y que se niegue su existencia, porque muchas mujeres lo sufren en silencio hasta que les preguntas y son conscientes de lo que padecieron", concluyen los fundadores del OAM.

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