La Diputación de Barcelona prevé instalar cajeros automáticos en unos sesenta municipios de menos de 5.000 habitantes. Se trata de un proyecto que tiene por objetivo "recuperar" los cajeros que se han cerrado en las comarcas menos pobladas de la provincia de Barcelona, como son el Berguedà, la Anoia, el Bages o el Penedès. Así, se dirige en especial a municipios en los últimos años han cerrado la oficina bancaria que tenían. 

La Diputación de Barcelona los licitará próximamente el servicio y prevé que se ponga en marcha a principios del 2023. "Es un proyecto muy necesario para la cohesión social del territorio y por las personas vulnerables", ha remarcado el diputado de Innovación, Gobiernos Locales y Cohesión Territorial de la Diputación de Barcelona, Josep Arimany.

Barcelona situará cajeros en equipamientos municipales en los próximos tres meses

La Diputación de Barcelona calcula que hay más de un centenar de pueblos de la provincia que no disponen de ningún cajero, más de una tercera parte del total. Es por este motivo que en el último pleno del octubre pasado el ente aprobó por unanimidad poner en marcha el proyecto, al que destinará alrededor un millón de euros anuales. La cifra puede variar en función de las características que acaben teniendo los cajeros automáticos. En este sentido, ha detallado que en algunas zonas la instalación del cajero implica también mejorar la conectividad.

En una primera fase, el proyecto se enfoca a unos sesenta municipios –todavía para determinar-, pero la intención es que la cifra aumente en los próximos años.

Proceso de licitación

El proceso de licitación, que será conjunto en todos los municipios, se publicará entre finales de marzo y principios de abril. Una vez adjudicada, se prevé que se ejecute la instalación hacia noviembre y que a principios del 2023 los cajeros ya estén operativos. 

La Diputación es consciente que, teniendo en cuenta en los últimos años se han cerrado varias oficinas bancarias, hay el "riesgo" que la licitación quede desierta. En este caso han avanzado que trabajarán para buscar "diferentes fórmulas y alternativas".

Después de todo, Josep Arimany ha asegurado que la Diputación será "rígida" con las condiciones que exigirán a la banca para ganar el concurso. "Seremos estrictos y rígidos", ha avisado. Los detalles de la licitación todavía no se conocen, si bien han avanzado que el concurso será por un periodo de 4 o 5 años para "asegurar" que los cajeros estén un mínimo de tiempo instalados.

La Diputación de Barcelona ha hecho una primera radiografía de la situación y durante el último mes se ha ido reuniendo con ayuntamientos afectados para conocer su interés y disponibilidad para poder disponer del servicio. En este sentido, ha remarcado que para asegurar la viabilidad del proyecto será necesario que los municipios que soliciten el servicio asuman una parte de su coste, como puede ser la cesión de un local o el mantenimiento de la oficina bancaria. De hecho, la intención es que los cajeros se ubiquen en oficinas o casales municipales.

Revertir la brecha digital

El proyecto también se enfoca a reducir la brecha digital que existe a la banca, según ha explicado Arimany. En este sentido, desde la Diputación de Barcelona han remarcado que, además del cajero, quieren que haya "tutorización" a las personas mayores, servicio que tendrá que prestar la entidad financiera que gane la licitación. 

Así, hará falta que haya asistencia a los usuarios y formación en el uso de los cajeros para las personas que no estén familiarizadas con esta tecnología. Además, una de las posibilidades que hay sobre la mesa es que los cajeros tengan reconocimiento biométrico para facilitar las gestiones a las personas mayores.