La reforma de la ley de seguridad ciudadana, más conocida por sus detractores como ley mordaza, avanza a paso lento en el Congreso. Este martes, tras el parón por las elecciones en Castilla y León, la ponencia retomó los trabajos para retocar con las aportaciones de los grupos parlamentarios el texto inicialmente propuesto para derogar la norma aprobada en 2015 por el PP. Lo previsto era que se abordasen algunos de los aspectos más polémicos de la norma, como las devoluciones en caliente de inmigrantes o el uso de material antidisturbios como las pelotas de goma. Pero PSOE, Unidas Podemos y sus socios parlamentarios pactaron darse un par de semanas más para tratar de desencallar la negociación sobre estos asuntos ya que, hoy por hoy, el acuerdo está lejano.

Así lo confirmaron fuentes parlamentarias a este diario después de que finalizase la reunión de la ponencia, el órgano parlamentario en el que la comisión de Interior del Congreso -con representación ponderada de todos los grupos- está realizando una primera lectura de la reforma de la ley mordaza. En la reunión de este martes sí se avanzó en la redacción de 10 artículos y se aprobaron algunas de las enmiendas conjuntas presentadas por PSOE y Unidas Podemos, como la relativa a los registros corporales a manifestantes en la calle, por la cual la policía deberá dejar por escrito la motivación por la que se realicen y se limitará la posibilidad de dejar parcialmente desnudo al ciudadano.

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Los grupos también aprobaron este martes otra de las enmiendas presentadas -en este caso por Unidas Podemos en solitario-, relativa a la regulación de las grabaciones que la policía tiene derecho a realizar en manifestaciones. A partir de ahora, cada vez que las fuerzas del orden graben personas, lugares u objetos en la vía pública tendrán que hacerlo constar oficialmente en sus atestados. Además, solo podrán almacenar esas imágenes durante el tiempo máximo que regula la ley de protección de datos. Y, sobre todo, estarán obligadas a aportarlas cuando así lo requiera un tribunal para una investigación judicial, para facilitar su esclarecimiento.

Por el contrario, aún no hay acuerdo en lo relativo a varias enmiendas de ERC, EH Bildu o Más País, que pretenden ser más ambiciosos en algunos de los asuntos más polémicos de la ley mordaza de 2015 que la reforma no modifica o tan solo retoca. Es el caso, por ejemplo, del uso de material antidisturbios en las manifestaciones, ya que PSOE y Unidas Podemos pactaron que la ley únicamente obligue a las fuerzas de seguridad a "utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables", de forma genérica.

Ante esa redacción, que abre la puerta a una interpretación amplia de la norma, ERC ha planteado una enmienda para vetar expresamente "el uso de pelotas de goma o de cualquier otro instrumento o producto que pueda producir amputaciones o la muerte de una persona" cuando la policía cargue para disolver reuniones o manifestaciones. Es más: los republicanos quieren que la utilización de ese material quede tipificado como infracción muy grave en la nueva ley de seguridad ciudadana, lo que implicaría que estuviera sancionada con una multa de 30.001 a 600.000 euros.

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También está aún por ver qué ocurrirá con las devoluciones en caliente, la práctica consistente en expulsar a inmigrantes irregulares en el mismo momento que son capturados al cruzar la frontera sin darles opción a solicitar asilo o a contar con asistencia letrada. PSOE y Unidas Podemos pactaron suprimir de la nueva ley de seguridad ciudadana cualquier referencia a la ley de extranjería, que precisamente incluye los rechazos de inmigrantes en frontera porque la ley mordaza aprobada por el PP en 2015 los legalizó.

No obstante, eso no implicaría derogar la legalidad de las devoluciones en caliente, puesto que éstas ya está incluidas en la norma de extranjería. Y, por ello, ERC exige que la nueva ley de seguridad ciudadana incluya una disposición por la cual se suprima el artículo que da cobertura a esta práctica en esa ley de extranjería para "poner punto final a las violaciones de derechos".

Los republicanos, así como EH Bildu, también plantean eliminar la presunción de veracidad de la que disfruta la policía a la hora de ofrecer su testimonio en un juicio en el que no existan más pruebas contra un acusado que la palabra de las fuerzas de la autoridad. Además, ERC quiere que la nueva ley incluya entre sus faltas muy graves la emisión por parte de la policía de "informes que falten a la verdad, la desnaturalicen, valiéndose de términos ambiguos, confusos o tendenciosos, o la alteren mediante inexactitudes", así como "levantar falso testimonio, inventar o manipular hechos para sostener un delito o acusar falsamente".