El envejecimiento de la población ha sacado a la luz las trabas que deben afrontarse para que los mayores de 65 años no se encuentren discriminados o "excluidos" de la vida social. Así lo expone un informe que aprobará este miércoles el Senado y que alerta de la "brecha digital" que ha puesto en primer plano la reclamación de miles de jubilados en contra del cierre de las sucursales bancarias. Para tratar de solucionarlo, insta a Gobierno y comunidades autónomas a que "aseguren" que las personas mayores pueden ser atendidas de forma personal cuando acudan a la Administración Pública o a "servicios de consumo privados esenciales", como los bancos.

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"Asegurar como opción los canales presenciales y/o telefónicos en las Administraciones Públicas y en servicios de consumo privado esenciales, como los servicios bancarios o los de acceso a la telefonía, hasta que se garantice la accesibilidad digital de las personas mayores", dice el informe sobre envejecimiento que, de esta forma, añade a las administraciones públicas a la obligación de atender de forma personal a las personas más mayores que en las últimas semanas miles de personas han reclamado a las entidades bancarias.

La votación de este miércoles en el Pleno es el punto y final de la elaboración del "Informe de la Ponencia de Estudio sobre el Proceso de Envejecimiento en España", que empezó como una proposición no de ley del Senado y dio lugar a la creación de una ponencia especifica por la que durante meses han pasado expertos de todo tipo para perfilar los retos, problemas y discriminaciones a los que se enfrenta la población mayor de 65 años e intentar dar soluciones. Estas llegan en forma de recomendaciones que la Cámara Alta hace al Gobierno central y a las comunidades y entre las que figuran que se garantice que las personas mayores pueden enfrentarse a una persona y no a una máquina en sus gestiones ante la Administración o negocios esenciales como los bancos.

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Así lo enuncia el informe, tras contar con el apoyo de todos los grupos que han trabajado sobre él en la ponencia de estudio específica y en una segunda votación en la Comisión de Derechos Sociales, está previsto que este miércoles tenga el acuerdo unánime en el Pleno, algo nada frecuente, como recuerda el senador de Más Madrid y uno de sus ponentes, Pablo Gómez Perpinyàn.

Tras escuchar a expertos de todo tipo, los trabajos han producido un informe con 19 recomendaciones para Gobierno y comunidades. Entre ellas, "promover medidas para afrontar la brecha digital existente entre las personas mayores" tras constatar que "las personas mayores deben ser alfabetizadas digitalmente para evitar su exclusión en el acceso a los servicios públicos esenciales y a otros servicios cada día más digitalizados". 

Más "humanidad" y controles en las residencias

Por otra parte, el informe aboga por "avanzar hacia una sociedad más inclusiva y amigable para las personas mayores" y se detiene en varias ocasiones en los lugares donde viven. Cuando es en sus domicilios, aboga por que la asistencia sanitaria y dependencia se adapte cada vez más, con apoyo domiciliario y comunitario, para que las personas no tengan que salir de él. Cuando lo hagan, apuesta por pasar del sistema predominante hoy en día, de residencias de mayores, a un "modelo residencial que se parezca lo máximo posible a un hogar", con "unidades de convivencia más reducidas", incluso favoreciendo la convivencia entre miembros de distintas generaciones.

Por lo que respeta a las residencias de mayores, tan polémicas por las situaciones de abandono que se evidenció las primeras olas de la pandemia en algunas de ellas, el informe del Senado insta a "humanizarlas", con cuidados que "deben basarse en la ética, empáticos y compasivos" y basados "en el respeto a la dignidad de cada persona".

En este sentido, propone "mejorar los controles de vigilancia e inspección periódicos para garantizar la calidad y el buen servicio y la atención" y "sistemas de autoevaluación", con "transparencia" para que las personas mayores o sus familiares conozcan sus resultados. Pide también "formación continua del personal" de las residencias y que mejoren también sus "condiciones laborales", pieza clave de la desatención en algunos casos.

Mejores cuidados y empleo

Antes de entrar en las conclusiones y las recomendaciones, el Senado apunta en su informe que la etapa de la vida que empieza a partir de los 65 años, englobada en el concepto de "envejecimiento", debe verse como algo positivo, libre de discriminación y "estigma" y las personas que forman este colectivo como sujetos de derechos y como agentes beneficiosos para la sociedad y la economía. 

Pide nuevas maneras de organizar no solo los cuidados sanitarios y de dependencia, con una atención más personalizada y dotándolos de más medios financieros y personal cualificado o que se "fomente el empleo en todas las edades", que quien los trabajadores que lo deseen puedan "continuar su vida laboral", que se promueva su "adaptación al puesto de trabajo" y se evite "la discriminación laboral por razón de edad". 

Vinculado a esto último, el informe del Senado pide que se incluya la edad "entre los ejes de desigualdad a tener en cuenta, igual que lo es el género" y que se ponga una especial atención a los mayores en el mundo rural y al fenómeno de la "soledad no deseada" que sufren especialmente las mujeres y es fuente de depresiones y otros problemas de salud que pueden precipitar el fallecimiento.

Llegada la jubilación, el informe pide que las pensiones sigan revalorizándose en un sistema que sea sostenible y "favorecer medidas que permitan la compatibilidad entre el trabajo y el cobro de la pensión, flexibilizando el acceso a la jubilación y estableciendo incentivos para prolongar voluntariamente la vida laboral", como defiende el Gobierno y contempla también el Pacto de Toledo.

Los mayores aportan 

"El envejecimiento", dice el informe del Senado, "es consecuencia de la mejora de las condiciones de vida y los avances en la medicina", así como "una de las transformaciones sociales más significativas del XXI", con los "desafíos" que plantea una "sociedad longeva" como la española. Esto obliga a "repensar las políticas públicas" hacia una población que crece en todo el mundo, puesto que en 2050 estima que "serán más las personas mayores de 65 años que las menores de 15 en todo el mundo". En España, hay 9,3 millones de personas mayores de 65 años y de ellas más de un millón y medio tiene más de 85. Se estima que en 2050, el 31,4% de los españoles tendrán más de 65% y el 11,6%, más de 85.

El informe rechaza el "edadismo", el tratamiento "paternalista" que reciben los mayores o la estigmatización que padece esta parte de la población, que es vista como consumidora de recursos sanitarios o de dependencia, así como los "estereotipos o prejuicios" ligados a la edad que "tienden a relegar a las personas mayores y a apartarlas de la participación en la toma de decisiones" y a que "su opinión no sea tenida en cuenta". "Están reclamando que se les escuche, pero no son atendidas", dice el documento en lo que podría entroncarse con la reclamación de los jubilados a los bancos.

Por el contrario, pone en valor que las personas mayores aportan a la sociedad cuando cuidan de sus nietos, de personas discapacitadas o cuando ayudan económicamente o directamente acogen a hijos y nietos en paro y sin vivienda. También en calidad de actores económicos, la mejora de la calidad de vida los hace consumidores de cultura, turismo, ocio, movilidad o nuevas tecnologías en algo que debería desarrollarse, la llamada "silver economy" o "economía del envejecimiento".