Foment carga contra el impuesto del CO2 y la limitación de incinerar residuos: "Será el fin de muchas industrias"

  • La patronal critica catalana critica la prohibición ya en vigor de ampliar o instalar nuevas incineradoras.
Barcelona reduce la emisión de 824.310 toneladas de CO2 en 2020 a causa de la pandemia
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Barcelona reduce la emisión de 824.310 toneladas de CO2 en 2020 a causa de la pandemia

Foment del Treball carga contra el Govern por el nuevo impuesto sobre las instalaciones que emiten gases de efecto invernadero y por las limitaciones a la incineración de residuos, dos medidas que generan un "clima de gran preocupación" entre los empresarios. 

En una rueda de prensa este viernes, la patronal ha avisado de que la desaparición de incineradoras en dos años es "una barbaridad" que "supone el fin de muchas industrias" y es una medida que no tiene precedente en Europa. 

Además, también critican la prohibición ya en vigor de ampliar o instalar nuevas incineradoras. Por otra parte, advierten que el nuevo tributo es "una doble imposición" que se suma a la normativa europea y que "hará menos competitiva a la industria y puede afectar a la deslocalización de actividades", avisan.

La organización empresarial pide una política industrial potente para Cataluña que no se convierta en una "herramienta para castigar fiscalmente" a estas actividades. Según el vicepresidente de Foment del Treball, Joan Roget, estas dos medidas que impulsa la Generalitat "abocan a la inviabilidad" y minan la capacidad de supervivencia de muchas industrias. "No hace falta ni el impuesto de CO2 ni bloquear la actividad prohibiendo la incineración", ha afirmado.

En este sentido, Roget ha defendido que la incineración de residuos "es la mejor tecnología existente para solucionar emisiones en muchos casos". El vicepresidente de la patronal ha puesto como ejemplo el caso de Alemania, donde se consideran energía verde los residuos incinerados que calientan edificios.

En cuanto a la figura tributaria, la patronal se ha mostrado "sorprendida" por el hecho de que ahora se quiera tramitar como anteproyecto de ley cuando se planteó en 2017, un momento en el que los derechos de emisión de CO2 eran muy bajos. La situación ahora, es muy diferente, con el precio de estas emisiones más alto que nunca. Por este motivo, consideran que este impuesto será una "carga extraordinaria" para la industria catalana y consideran que contribuirá a deslocalizarla a otras zonas del Estado, como Aragón, o a otros países.

Foment ha insistido en que "no es el momento ni la forma" para llevar adelante estas medidas que "afectan a la mayoría de sectores industriales" en un contexto de ciclo inversor para digitalizarse y descarbonizarse, en medio de una recuperación económica y en plena crisis energética. "No se ve una situación de estabilidad. Hemos pasado muchas dificultades en los últimos años", ha dicho la vicepresidenta de Foment del Treball, Virginia Guinda.

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