Al Gobierno se le tensan las costuras por el que será, probablemente, el debate económico más importante que tendrá que afrontar en la primera mitad del año: la reforma fiscal. Al PSOE no le ha gustado que Unidas Podemos presentara el pasado lunes por su cuenta una propuesta de reforma tributaria en un acto que contó con la presencia del exlíder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn, y este miércoles la ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, tachó de "inoportuna" esa iniciativa. Apenas unas horas después llegaba la respuesta morada por boca de la responsable de Derechos Sociales, Ione Belarra: lo "inoportuno", dijo, es que los trabajadores y las pymes "paguen el doble de impuestos que las grandes empresas".

Unidas Podemos ha querido empezar a tomar posiciones en torno a un asunto que tendrá mucho peso en la agenda económica del Gobierno durante los próximos meses, ya que lo previsto es que, a finales de febrero, el comité de expertos seleccionado por el Ministerio de Hacienda entregue su informe sobre la reforma fiscal a Montero. Ese estudio será la "base" sobre la cual el Ejecutivo diseñará los cambios que considere en el sistema tributario, tal y como se encargó de recordar el martes la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Pero los morados temen que la propuesta del PSOE se quede corta y, por ello, han comenzado a presionar para que la reforma sean ambiciosa.

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El acto del pasado lunes se celebró con esa intención, y Unidas Podemos le dio una relevancia especial para dejar claro la importancia que concede a este asunto. Montero, no obstante, mostró este miércoles su disgusto con su socio de Gobierno y aseguró que "hubiera preferido que se hubiera esperado" a que estuviera listo el informe de los expertos para abrir el debate sobre la reforma fiscal. Es más: la titular de Hacienda planteó la necesidad de "tener una posición única" de todo el Ejecutivo en torno a ese informe, algo que parece muy improbable habida cuenta de que Unidas Podemos ha planteado medidas como un impuesto especial a las eléctricas y otro para grandes fortunas.

"Desde el Gobierno queremos hacer un llamamiento a un debate sereno, reflexivo" de la reforma fiscal, planteó en este sentido Montero, que aseguró que no es "conveniente discutir en paralelo iniciativas que no partan del encargo que el propio Gobierno ha hecho a un grupo de personas". Además, la ministra aseguró que tendrá que estudiar ese informe de los expertos para, "a lo largo de los próximos meses", hacer una propuesta de modificación del sistema tributario, pese a que Unidas Podemos aspira a que la reforma se lleve a cabo cuanto antes.

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"La reforma fiscal es urgente y que todos participemos en la misma", espetó en respuesta Belarra horas después. A los morados no les convence la idea de que la reforma fiscal deba estar necesariamente basada en el informe de los expertos y reclaman que el texto que plantee el Gobierno sea fruto -como ha ocurrido con normas como la ley de vivienda, la ley trans o los Presupuestos- de una negociación entre PSOE y Unidas Podemos. "Lo que queremos es concretar el acuerdo de Gobierno que recoge la reforma fiscal de una manera que sea verdaderamente ambiciosa", resumió la también secretaria general de Podemos.

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No obstante, no todos los sectores morados han sido tan contundentes defendiendo una negociación en pie de igualdad para esta reforma. Apenas unas horas después de las palabras de Belarra, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, rebajaba el tono y prometía que la formación morada "respetará" los trabajos del comité de expertos, e incluso señalaba que el Gobierno en su conjunto "hablará a través del Ministerio de Hacienda" en relación a la reforma fiscal. Díaz, eso sí, se mostró partidaria de "aligerar la carga fiscal de los que menos tienen para que los más tienen aporten más", y defendió la legitimidad de que Unidas Podemos tenga y defienda una posición diferente a la del PSOE en este asunto.

El problema para los morados es que, a diferencia de lo que ocurría con materias como la reforma laboral, el acuerdo de coalición firmado entre ambos socios no es demasiado explícito en los cambios que deben abordarse a nivel tributario. Se plantean modificaciones en el IRPF, el impuesto de sociedades o el IVA, pero de forma poco específica, lo que, precisamente, incentiva que los dos partidos que componen el Gobierno intenten defender sus propias tesis. 

La escasa concreción del pacto de coalición

Buen ejemplo de ello es el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. Esta medida se puso en marcha junto a los últimos Presupuestos, pero Hacienda decidió que ese mínimo se aplicara sobre la base imponible y no sobre el beneficio contable, lo que redujo enormemente su poder recaudatorio. Unidas Podemos aspira a que eso cambie, pero no tiene el pacto de coalición de su parte: el texto únicamente señala que el impuesto de sociedades "se reformará garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos", pero no entra en más detalles.

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Más de lo mismo ocurre en lo relativo al IVA. El pacto de coalición tan solo recoge la intención del Gobierno de reducir "el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios y de los productos de higiene femenina" para que estén acogidos al superreducido del 4%. Pero Unidas Podemos apuesta por "ampliar la lista de alimentos y bebidas no alcohólicas" sujetas a este tipo mínimo o fijar con carácter definitivo al tipo reducido del 10% los recibos de la luz, el agua y el gas -en los que de manera ordinaria se cobra el 21%-, asuntos de los que el acuerdo no dice nada.

Tampoco hay compromiso por escrito de poner en marcha un impuesto a las grandes fortunas, una de las medidas estrella del paquete que presentó Unidas Podemos el lunes. Todo lo más que hace el pacto de coalición es prometer que "se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas", mientras los morados detallan que esa tasa tendría que aplicarse a patrimonios superiores al millón de euros -excluida la vivienda habitual- e incluso que los tipos del gravamen irían del 2% al 3,5%, en función del nivel de riqueza.

La propuesta fiscal de Podemos también contempla una reforma del impuesto sobre la renta para las personas con ingresos más elevados. En concreto, los morados apuestan por subir los impuestos a quienes ganen más de 120.000 euros al año en los siguientes tramos: "Las rentas entre 120.000 y 150.000 euros anuales pagarían un 48% frente al 45% actual; las rentas entre 150.000 y 300.000 pagarían el 50% frente al 45% actual y, por último, las rentas superiores a los 300.000 euros tendrían un tipo de gravamen del 52%, volviendo a una tarifa similar a la que existía antes de la reforma del 2015 del PP". 

El año pasado, el Gobierno ya subió el IRPF dos puntos a las personas con ingresos anuales por encima de los 300.000 euros, aunque aún le faltarían otros dos puntos de subida para cumplir con el acuerdo de coalición, que recoge un aumento de cuatro puntos en la tributación de este tramo. No obstante, para el resto de las rentas altas, ese pacto únicamente recoge que el tipo que pagan crezca dos puntos porcentuales en el caso de quienes ingresen más de 130.000 euros al año, muy lejos de la propuesta fiscal de los morados.