Así lo ha anunciado el gobierno municipal a través de un comunicado tras la celebración este miércoles de la comisión de Presidencia y Régimen Interior.

La sesión, presidida por la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, ha resuelto las enmiendas y alegaciones y ha aprobado el informe de propuesta definitiva de la normativa. Previsiblemente saldrá adelante la próxima semana con el apoyo de PP, Cs y Vox y el rechazo de PSPV, Compromís y Unides Podem.

En la comisión se han aceptado cuatro de las seis alegaciones que presentó Cs, además de admitir una enmienda de UP que modifica un error en el artículo 16 de la ordenanza y cambia donde pone sanción grave por leve.

"Estamos muy satisfechos porque se haya tenido en cuenta nuestras alegaciones. Entendemos que dotan de un marcado carácter social a la ordenanza", ha manifestado la vicealcaldesa, para defender que la propuesta "persigue luchar contra las causas del problema y no contra las personas, que son víctimas". "Estas causas son las que motivan que las acciones que alteran la convivencia. En resumen, buscamos, de forma paralela, la regulación de la convivencia con la protección social de las víctimas", ha subrayado.

Como concejal de Seguridad, José Ramón González ha defendido que "es una norma justa, útil y solidaria para hacer de Alicante una ciudad mejor y más segura que cuenta con un plan de inclusión social: Es una ordenanza muy necesaria y buena, que demandan los propios alicantinos, y con su aprobación vamos a resolver los conflictos ciudadanos, asegurar la convivencia y actuar contra las conductas incívicas y las mafias organizadas".

Por contra, González ha reprochado que "el tripartito de izquierda no hizo nada por las personas necesitadas y los indigentes" y ha asegurado que la norma cuenta con el respaldo de las asociaciones vecinales. "Nos están continuamente mandando quejas vecinales de la situación que hay en la ciudad -ha dicho-, están pidiendo que actuemos y quieren la ordenanza, que es buena y necesaria, pido que trabajemos todos juntos por el bien de nuestra ciudad".

La ordenanza, con la participación de las concejalías de Acción Social, Igualdad y Seguridad, pondrá en marcha todas las medidas necesarias para su entrada en vigor. Según el bipartito, pretende preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro y recreo, "con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás".

"LA ORDENANZA DE LA VERGÜENZA"

Frente a ello, PSPV, Compromís y UP han criticado que la comisión solo haya aceptado las enmiendas de Cs. En concreto, los socialistas consideran que los partidos del gobierno local han impuesto a los técnicos "criterios políticos" para rechazar las propuestas del resto de grupos.

La concejala Llanos Cano (PSPV) ha sostenido que su grupo "por fin" ha quitado "la careta" al alcalde, el 'popular' Luis Barcala, tras reconocer en la sesión que se le ha ordenado al técnico que incluya criterios exclusivamente políticos "disfrazados" como un informe técnico.

En un comunicado, ha denunciado que es "la ordenanza de la vergüenza" y ha asegurado que las enmiendas de Cs están inspiradas en las socialistas. "Ha quedado muy claro que ha sido Barcala, y solo Barcala, el que ha decidido incluir al final del trayecto a la mitad de su gobierno porque políticamente ha querido", ha añadido.

Como portavoz de UP-EUPV, Xavier López ha afirmado que "este es el pago de Barcala a la ultraderecha a cambio de unos presupuestos que ha sido incapaz de acordar con nadie". "Es el abrazo del oso de Vox al PP, que convierte Alicante en un experimento para aplicar las medidas más antisociales e insolidarias de España", ha descrito.

Es más, ha lamentado que la ordenanza hará que Alicante sea "más insegura para mujeres, personas sin hogar y colectivo LGTBI. "Y también menos democrática -ha alertado-, porque se ha admitido en comisión de manera clara las directrices políticas que soporta el personal técnico con este gobierno municipal de la derecha".

Y el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha criticado que "el PP regala el dinero de los alicantinos a los bancos y se muestra cruel con las personas vulnerables, a través de una ordenanza partidista que rechazan todas las entidades sociales de la ciudad". "Necesitamos una ordenanza de convivencia, pero no esta ordenanza de la vergüenza", ha reivindicado.

También ha insistido en que el técnico de la Concejalía de Seguridad "ha dejado claro que la decisión de asumir las enmiendas de Ciudadanos y rechazar todas las enmiendas de las entidades sociales y grupos de la oposición es exclusivamente política y no obedece a razones técnicas".