El contrato tiene como finalidad unificar en un único expediente todas las plazas privadas puestas a disposición de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y que se incorporan al Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales como plazas que son sostenidas con fondos públicos.

Este contrato lleva aparejada la implantación plena de un nuevo modelo residencial centrado en la persona, así como un cambio en el sistema de adjudicación, de manera que la adjudicación va determinada por criterios de calidad, con la introducción de nuevos parámetros valorables mediante fórmulas objetivas.

Entre ellos figuran criterios de carácter social, medioambiental y de innovación, que modulan la relación coste-eficacia y la relación calidad-precio, y que pueden estar relacionados con la alimentación que se ofrece en las residencias o con mejoras laborales y salariales, entre otros.