"Hoy hacemos historia parlamentaria. Por primera vez en nuestro país, obstaculizar el derecho al aborto será un delito en el Código Penal". Así ha celebrado este jueves la diputada socialista Laura Berja que el Pleno del Congreso de los Diputados haya dado luz verde a la iniciativa impulsada por su partido, que penalizará con penas de prisión a quien acose a una mujer que acuda a una clínica a ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. 

Durante el debate, Berja ha afeado al PP y a Vox que se posicionen en contra de la futura reforma del Código Penal, asegurando que han elegido el "bando incorrecto", posicionándose del lado de los "acosadores". "Es lamentable que apoyen a los violentos que van a las puertas de las cínicas a privar de los derechos a las mujeres", ha reprochado la socialista. La norma -que ha sido aprobada con 204 votos a favor, 144 en contra y ninguna abstención- continuará ahora su tramitación parlamentaria en el Senado después de haber logrado un amplio consenso en la Cámara Baja.

De aprobarse definitivamente, se castigará con penas de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días a quien acose, mediante actos "molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos", a las mujeres que acuden a las clínicas de aborto y a los profesionales que trabajan en ella. Además -según lo pactado en la Comisión de Igualdad entre PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Ciudadanos- no se requerirá una denuncia previa de la persona afectada para penalizar los hechos. 

"Esta iniciativa socialista es un éxito de todo el Parlamento. Es una batalla ganada contra la ultraderecha y en defensa de los derechos de las mujeres", ha ensalzado Berja, subrayando que "los derechos conquistados por las mujeres son innegociables" y lanzando un mensaje directo al PP: "Ustedes han elegido a Vox y cuando pasa eso suenan todas la alarmas, porque cuando Vox entra en juego, los derechos de las mujeres siempre están en riesgo".

"Ni un solo paso atrás"

También desde Unidas Podemos han elogiado la ley, que aseguran blinda el derecho al aborto reconocido en España y protege a las mujeres de la "absoluta crueldad" que consideran supone encontrarse con una "horda de integristas" en las puertas de las clínicas que lo practican, en palabras de la diputada Martina Velarde. "El rezo no es libertad de expresión si el fin que persigue es señalar y coaccionar", ha subrayado durante su intervención. 

En esa línea, Sara Giménez, de Ciudadanos, ha elogiado el texto como un dique de contención frente a los discursos de quienes "quieren hacer retroceder" lo alcanzado respecto a los derechos de las mujeres, e instó al arco parlamentario a no dar "ni un solo paso atrás". En respuesta a los partidos de la derecha que consideran que, más que penalizar el acoso, habría que fortalecer la asistencia a las mujeres que toman la decisión de no tener hijos por condiciones socioeconómicas, Giménez ha aseverado que ello "no quita que aquellas mujeres que libremente deciden abortar sean coaccionadas, amedrentadas y no puedan acceder a su derecho con libertad".

Desde ERC, la diputada Pilar Valluguera ha calificado de "ruin", "patético" y "mezquino" la oposición a penalizar el acoso. "Si ustedes tuvieran la más mínima dignidad de las personas cristianas que dicen aquello de amar al prójimo, no lo harían nunca, pero no se trata de eso, se trata de imponer su visión sobre el mundo y su visión sobre la pertenencia de los cuerpos de las mujeres", ha denunciado. 

Por su parte, PNV ha manifestado su "posición favorable", aunque su diputado Mikel Legarda ha lamentado que el resto de grupos parlamentarios no aceptasen una de las enmiendas presentadas por su partido. En ella, el PNV planteó garantizar una "zona de seguridad" de 150 metros alrededor de los centros sanitarios -como ocurre en Francia o Irlanda- "de forma que garantizada la intimidad de las mujeres, su libertad, su seguridad física, así como su derecho de libre circulación". La ausencia de este punto en la futura ley representa, según considera el parlamentario vasco, "una carencia importante". 

PP y Vox: ataque a la "tolerancia" y la "libertad"

Frontalmente en contra se han posicionado los grupos parlamentarios PP y Vox. La diputada 'popular' María Teresa Angulo ha asegurado que la reforma "atenta contra la tolerancia y la libertad", pues considera que "no soluciona un problema real", sino que "impide derechos como el de expresión o el de reunión". Según su partido, el texto se ha impulsado con el afán de "proteger los intereses económicos de  unas empresas privadas" y de que "quienes expresen una opinión contraria a los intereses del Gobierno puedan ser objeto de una legislación que los envíe a la cárcel".

Más contundente se ha mostrado la diputada de Vox Lourdes Méndez, quien ha calificado de "centros de exterminio" las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. Según ha asegurado en el Pleno, la reforma condenará "a las personas que reaccionan de forma pacífica ante una ley injusta", en referencia a la ley del aborto vigente. "Estos grupos -los que acuden a rezar a las puertas de los centros- no existirían si el PP hubiese cumplido sus promesas electorales de derogar la ley del aborto", ha reprochado Méndez, adelantando que su partido recurrirá el texto ante el Tribunal Constitucional.