Desde la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra se investigan las obras en un inmueble de Barcelona donde se ha destrozado la obra del artista Josep Guinovart. En un comunicado difundido por Mossos, han explicado que se acusa a la comunidad de vecinos y al arquitecto de un delito contra el patrimonio histórico.

La obra en cuestión es “La Sardana”. Una pieza de patrimonio privado que está situada en la pared el vestíbulo de un edificio del barrio de Sant Gervasi-Galvany (Barcelona). La pieza representa el baile de la sardana y se creó en los años 50. Desde la fundación que vela por la difusión y conservación de las obras del artista, la Fundación Josep Guinovart, tras ver la noticia por redes sociales y medios digitales, denunció los hechos.

Mossos d'Esquadra

Los investigadores que fueron a comprobar y revisar la escultura concluyeron que estaba tapada con pintura y que se estaban haciendo obras de reforma para dar visibilidad a la portería y hacer un parking para motos. Tras indagar un poco más, descubrieron que la comunidad de vecinos, mediante un arquitecto, no contemplaban conservar nada de la obra, y que, por lo tanto, conllevaría a la destrucción y desaparición del mural.

Los Mossos han explicado que tras conocer las acusaciones a las que hacían frente, los investigados contrataron unos servicios de restauración para quitar la pintura acrílica que tapaba el mural y poder rehacerlo para lograr, en lenguaje artístico, “un falso histórico”. 

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Según la opinión de los expertos como la fundación del artista o la de directores de museos como son el MNAC o el Museo Picasso, lo que se ha hecho con el mural es un destrozo.

La obra no consta protegida de forma individual por las administraciones, pero el conjunto que responde a la valoración de antigüedad que define la Normativa Europea 93/7 hace que se convierta en una obra emblemática y singular.

Por lo tanto, como recoge el comunicado de los Mossos, los investigados que han participado en los hechos podrían llegar a tener responsabilidades penales por delitos en contra del patrimonio histórico de hasta tres años de prisión y penas de multa.