El Gobierno aprobará el próximo martes la ley de vivienda. Lo hará tras las dudas vertidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha señalado en un crítico informe aprobado este jueves que el articulado invade competencias autonómicas y que los propietarios no serán "suficientemente compensados" al limitar su alquiler. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado que "analizarán" dicho documento, pero que el texto obtendrá en unos días el visto bueno del Consejo de Ministros, un hecho que estaba previsto que sucediera a finales del pasado año.

"Hemos elaborado una ley muy analizada, sometida a examen por expertos constitucionalistas que dicen que es buena ley y que no invade competencias”, ha defendido Sánchez, cuya cartera ministerial es la competente en la materia, aunque las líneas básicas del texto nacieron de la negociación entre dos pesos pesados de la coalición: Félix Bolaños, del PSOE, e Ione Belarra, de Unidas Podemos. En una entrevista en el canal 24Horas de RTVE, la ministra ha minusvalorado el revés dado por el órgano de gobierno de los jueces: "Vamos a analizar el informe, pero insisto: es una buena ley, es la mejor que podríamos presentar".

Sus declaraciones han llegado horas después de que el CGPJ haya aprobado -por 15 votos, entre ellos dos de vocales progresistas, frente a 6- un crítico informe elaborado por Enrique Lucas (del cupo correspondiente al PNV) y José Antonio Ballestero (nombrado a propuesta del PP) después de que hace dos semanas el Pleno rechazase otro informe que sí avalaba la ley. El definitivo presenta objeciones de calado al mecanismo de regulación del precio de los alquileres, una de las medidas estrella de la ley de vivienda que permite a las comunidades declarar zonas de mercado especialmente tensionado para, allí, congelar los precios del alquiler en el caso de que los inmuebles pertenezcan a un pequeño propietario o forzar a su bajada si el propietario del inmueble es una empresa con más de 10 pisos. 

El Poder Judicial aprueba el informe crítico con la ley de vivienda

La ministra ha criticado que los jueces hayan hecho un análisis exhaustivo de la ley, pues también han llegado a señalar que no hay una "justificación suficiente" sobre por qué son necesarias las medidas de control de precios y a señalar, sin justificar su afirmación, que dichas medidas tomadas en el extranjero y en algunas partes de España "han cosechado fracasos que resultan evidentes por conocidos". "Es importante recordar que este informe debería ceñirse sobre tres artículos de la ley de Enjuiciamiento Civil que se modifican por los desahucios y no hay consideraciones que afecten a esos artículos", ha añadido la ministra.

En este sentido, Sánchez ha realizado una férrea defensa de la ley. Ha afirmado que el anteproyecto "respeta la Constitución" y ha asegurado que las autonomías "tienen competencias exclusivas" en materia de vivienda, pero que "el Estado también las tiene a la hora de garantizar que los ciudadanos accedan a ella y de evitar la especulación que se ha producido". "Es una ley que beneficia a todo el mundo", ha añadido.

"No va a haber una fisura" en el Gobierno

Una vez hecha pública la fecha de la segunda aprobación del texto en Consejo de Ministros, lo que dará paso a su trámite parlamentario en el Congreso, falta conocer si sufrirá modificaciones en los próximos días. Y es que, tras filtrarse el informe aprobado este jueves, el ministro Bolaños aseguró que el Ejecutivo "no se cerraba" a "intentar mejorar la ley", aunque dejó claro, como también lo ha hecho Sánchez, que el informe no es vinculante. Estas declaraciones podrían haber derivado en una nueva polémica en el seno de la coalición, aunque la responsable de Transportes apagó hace días cualquier conato de incendio al asegurar que el PSOE defendería el texto, pactado tras meses de negociaciones.

Este jueves, Raquel Sánchez no ha sido tan tajante, pero sí ha dejado caer que no habrá modificaciones. Es más, ha declarado que "no habrá ninguna fisura" como "no la ha habido estos días". "Quiero transmitir un mensaje de unidad", ha añadido. Así, también ha marcado territorio al argumentar que el contenido actual de la ley "es un mínimo inamovible" y tal cual lo intentarán defender en el trámite parlamentario. No obstante, PSOE y UP no tienen la mayoría suficiente -cuentan con 154 escaños- para aprobarla sin cambios, por lo que deberán negociar con otros grupos. "Hay que intentar sumar los máximos consensos posibles", ha afirmado antes de advertir que "todo lo que sirva para mejorar la ley será bienvenido siempre y cuando respete el contenido de la ley".