El número de hogares incapaces de pagar a tiempo sus facturas de la luz o de mantener la temperatura adecuada en invierno aumentó durante el primer año de la pandemia. Esta es una de las conclusiones principales de un estudio que han desarrollado investigadores de la Universidad Pontificia de Comillas, cuyos resultados se han publicado este miércoles, en el que se analiza cómo se comportaron en 2020 algunos de los indicadores que mejor reflejan situaciones de pobreza energética.

Así, mientras que en 2019 el 6,6% de los hogares españoles declaraba haberse retrasado en el pago de las facturas de la luz, este porcentaje se incrementó hasta el 9,6% en el primer año de la pandemia, un aumento que los autores del estudio consideran "un empeoramiento muy notable" de la situación. Una de las hipótesis que se plantean para explicar esta subida es el efecto que ha podido tener la prohibición de corte en los suministros básicos (luz, gas y agua) recogida en el escudo social que aprobó el Gobierno en 2020 y que seguirá vigente hasta el 28 de febrero de este año.

"Los hogares no dejaron de consumir energía, pero sí empezaron a endeudarse más", plantea Efraim Centeno, director de la cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas. "Es muy urgente atender a esta realidad para evitar que esta situación de deuda se cronifique y termine conllevando antes o después el corte de suministro", añade.

Otro de los problemas que los investigadores han detectado es que, durante el primer año de la pandemia, el número de hogares que declaran sentirse incapaces de mantener la temperatura adecuada en su vivienda en invierno también se ha incrementado, pasando del 7,6 al 10,9%. "Probablemente una de las causas de este fenómeno es el propio confinamiento en viviendas muy ineficientes", explica Centeno. "Hemos pasado más tiempo en casa y eso nos ha puesto en los ojos la realidad de nuestros hogares, que son ineficientes", agrega.

Los otros grandes indicadores de pobreza energética no han experimentado cambios significativos. La proporción de hogares con un gasto desproporcionado en energía en relación a sus ingresos se ha reducido del 15,2 al 16,1%, algo que para los investigadores sugiere que el gasto energético aumentó, aunque los precios disminuyeron. No en vano 2020 fue un año más barato de lo común en lo que se refiere a la factura de la luz. Para la OCU el recibo para un consumidor promedio se situó en 56,3 euros mensuales, su nivel más bajo al menos desde 2014.

Además, el porcentaje de hogares con un gasto insuficiente en energía prácticamente no varió, se redujo mínimamente pasando del 11,5% al 11,2%. Para los autores del estudio este dato refleja que "el escudo social, al menos, limitó daños".

Extremadura registra el triple de pobreza energética que el País Vasco

Otra de las conclusiones del estudio son las grandes diferencias en los niveles de pobreza energética que existen entre comunidades autónomas. Para medir esto, los investigadores utilizaron un indicador denominado pobreza energética oculta que, a grandes rasgos, refleja el número de hogares de entre las rentas más bajas que gasta mucho menos en energía de lo que debería teóricamente por sus características. 

En este aspecto, las comunidades del sur son claramente las que más problemas de pobreza energética registran. Por ejemplo, el 37% de los hogares de rentas bajas en Extremadura, el 31% en Andalucía o el 30% en Castilla-La Mancha tenían un gasto energético claramente inferior al que sería normal teóricamente. Estos porcentajes están muy alejados de los de regiones como País Vasco (11%), Cataluña (12%) o Navarra (13%), los territorios con mejor desempeño.

Todavía resulta complicado saber cómo evolucionó esta situación en 2021, el año con la factura de la luz más cara de la historia. Ante la falta de información completa en dicho ejercicio, Efraim Centeno considera "muy preliminar" analizar todavía la situación y pide cautela. No obstante considera que "obviamente el incremento de precios tendrá un efecto" sobre los resultados registrados en 2020.

Según el Centro de Asesoramiento sobre Pobreza Energética de la Unión Europea (EPA por sus siglas en inglés), se estima que 34 millones de personas en la UE viven en una situación de pobreza energética, en la que los grupos demográficos más vulnerables son los más afectados.