El líder de Más País, Íñigo Errejón, se sentaba este martes en el banquillo de los acusados del juzgado número 16 de Plaza de Castilla por un presunto delito de maltrato leve acusado de propinar presuntamente una patada a un ciudadano, el pasado mes de mayo, en el barrio de Lavapiés, en Madrid.
Sin embargo, el juicio ha quedado suspendido a los pocos minutos de empezar, después de que el Ministerio Público considerase que el proceso no se ajustaba a la legalidad porque la misma jueza que decidiría sobre el caso es la que practicó la instrucción.
Tras escuchar a la fiscal y a las partes, la magistrada, Margarita Valcarce, ha decidido elevar la decisión sobre si procede su abstención en el proceso a la Audiencia Provincial, para que ésta decida quién juzga el caso, que ahora sufrirá un nuevo retraso.
El diputado de Más País ha realizado unas breves declaraciones esta mañana a la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla, antes del inicio de la vista, y ha asegurado que no contempla "asumir responsabilidades políticas", por "un disparate" que ha calificado de "muy desagradable", pero ha pedido a los medios de comunicación esperar a escuchar su versión de los hechos a que la pueda relatar dentro del juzgado ante la jueza Margarita Valcárce.
Dentro de sala, la fiscal ha sido la primera en tomar la palabra. En su exposición, ha descrito errores de procedimiento que podrían deslegitimar el fallo final. Ha argumentado que, al haber sido la magistrada que juzga la encargada de la instrucción, que ha definido como intensa en este caso con toma de declaraciones al denunciante y a testigos incluidas, se ve vulnerado un principio fundamental de derecho y se pone en duda la "imparcialidad objetiva" que se presupone a la magistrada.
La fiscal ha insistido en que las actuaciones que se llevaron a cabo fueron "propias de instrucción" y no "un mero trámite de notificación" como suele ser en el resto de casos de delitos leves.
La defensa del denunciante (el vecino que asegura que el diputado Iñigo Errejón le propinó una patada), Carlos del Arco, tomó después la palabra para considerar que el juicio por delito leve de maltrato contra el diputado debía celebrarse este martes porque el denunciado, Errejón, no había solicitado en la fase de instrucción formalmente la recusación de la jueza.
La defensa de Iñigo Errejón, Javier Moreno, por su parte, opinó que la jueza debia abstenerse en el caso, al pensar, como el Ministerio Público, que debe juzgarlo un magistrado diferente al de la instrucción, "para que no haya sombra de dudas respecto a la corrección formal de cara al futuro procesal", ha explicado. Sin embargo, y a pesar de haber solicitado la suspensión de proceso, Moreno quedó a merced de la decisión que tomara la jueza Valcarce.
La magistrada, tras escuchar a las partes, y para que no haya problemas a futuro por defectos de forma, determinó seguir el trámite legal de elevar a la Audiencia Provincial su propia abstención.
El artículo 219 de la ley orgánica del poder judicial determina que para mayor seguridad el magistrado encargado de la instrucción no será el mismo que lleve el caso definitivamente. Dice que es "motivo de abstención" de un magistrado haber resuelto el caso o investigado.
La pelota en estos momentos queda en manos de la Audiencia Provincial, que será quien determine finalmente en qué juzgado vuelve a sentarse Errejón.
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