La Fiscalía Anticorrupción no tiene dudas de la "participación activa y material" del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz así como del exsecretario de Estado de Seguridad Paco Martínez y ex altos cargos policiales en la operación Kitchen, por el espionaje al extesorero del PP Luis Barcenas.

El Ministerio Público ha remitido varios escritos a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en los que pide que se rechacen las alegaciones de las defensas contra el auto de procesamiento, apoyándose en los argumentos defendidos previamente ante el juez.

Dice la Fiscalía que "el cuadro indiciario que refleja la participación activa y material" del exministro en la Kitchen "es profuso y concluyente", de manera que ninguna de las pruebas practicadas ha desvirtuado el "acervo incriminatorio".

Para ello se apoya en su declaración y la de Martínez, el careo judicial entre ambos, y, desde luego, "las actas notariales que corroboran la clara participación en los hechos" que le atribuye su número dos en el Ministerio.

La Fiscalía avala el auto del juez que señala que "entre los años 2012 y 2013" Fernández Díaz, "con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud, instó a Francisco Martínez poner en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación" que pudiera estar en manos de Bárcenas "con el fin de sustraer dicho material de la autoridad judicial" en la investigación de "los papeles de Bárcenas".

Villarejo informaba al PP

Esta aseveración del juez "corresponde plenamente con el soporte documental que consta en las actuaciones y que permite tal atribución de responsabilidades, por tratarse de documentos que ponen de manifiesto, por sí mismos, el conocimiento por parte del Ministerio del Interior del operativo policial puesto en marcha en el ámbito operativo de la DAO, así como su carácter ilícito".

Del mismo modo, Anticorrupción se remite a los indicios que, en su opinión, existen contra otros procesados, como es el caso del exjefe de la UDEF José Luis Olivera, de quien señala que "reveló" a Villarejo "información sobre operaciones policiales vinculadas a la corrupción en el Partido Popular para controlar la repercusión que pudiera tener la investigación en los dirigentes de esta formación".

Estas informaciones "eran luego trasladadas por Villarejo a Ignacio López del Hierro y a María Dolores de Cospedal", dice la Fiscalía, que considera acreditada esta "ilícita fuga de información" en dos investigaciones: la Operación Brugal y de la Operación Gürtel, también de su rama valenciana.

Del policía Andrés Gómez Gordo, exasesor de Cospedal, destaca que su "participación en los hechos no permite considerar en ningún caso que las órdenes recibidas pudieran ser consideradas legítimas".

La Fiscalía explica que grabó en la base de datos policial un parte informativo para justificar una supuesta investigación iniciada en el seno de la Dirección Adjunta Operativa (DAO).

Pero lo hizo "cuando ya había finalizado la Operación Kitchen, con la finalidad de dar cobertura formal al operativo policial y aparentar que se había obtenido una información policial cruzada con el caso Gürtel y que la información había sido cedida a la UDEF, pone de manifiesto que conocía plenamente el carácter ilícito de las órdenes que hubiera podido recibir de sus mandos superiores".

Igualmente, la Abogacía del Estado también se remite a sus anteriores escritos para rechazar los recursos de apelación de los procesados contra el auto del juez Manuel García Castellón al entender que no desvirtúan los argumentos del instructor.

Pese a oponerse a los recursos de las defensas, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado están de acuerdo con la decisión del magistrado de sacar fuera de la causa a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López Del Hierro, un asunto que recurrieron a la Sala.

Aparte de ellos, la Fiscalía también ve indicios contra el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó, que nunca fue llamado a declarar a la Audiencia Nacional.