Segundo varapalo judicial en menos de siete días para el Ejecutivo que lidera Ximo Puig y, de nuevo, por desproteger a los médicos en lo peor de la primera ola de la pandemia. Si el pasado martes trascendía la sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Alicante a favor del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana al considerar que se puso en "grave riesgo la seguridad y la salud de todos los trabajadores sanitarios" al no dotarles de medios de protección, el viernes fue el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante quien condenó a la Conselleria de Sanidad por no vacunar al mismo tiempo a médicos de la pública y la privada.

"Hubo exclusión y se vulneraron derechos fundamentales". Así se desprende de la resolución en la que el juez estima el recurso presentado por el Colegio de Médicos de Alicante contra la actuación de la Conselleria de Sanidad por no vacunar frente a la Covid-19 a todos los médicos de la provincia que ejercen en el sector privado y otros ámbitos en las mismas condiciones que sus compañeros de la sanidad pública.

Así, el juez declara la vulneración del derecho fundamental a la igualdad y a la salud de los médicos que trabajaban en la sanidad privada en la provincia de Alicante y reconoce una indemnización de 10.000 euros para el colegio por daños morales. El juzgado afirma que es una "evidencia" que los acuerdos adoptados a nivel estatal y la propia instrucción autonómica no distinguían entre personal que ejercía su actividad en la sanidad pública y el que lo hacía en la privada.

No había distinción en la normativa

"La norma no solamente no distingue entre sanidad pública o privada, por lo que la misma era aplicable a todo personal sanitario, con independencia de que el mismo ejerciera para una empresa privada o de manera autónoma", incide.

Así, considera que todo el personal sanitario que estuviera en primera línea de batalla contra el virus "tenía absoluta prioridad para ser vacunado, prioridad que la Administración valenciana no respetó".

A su entender, el trato por parte de la Administración "debió de ser exactamente el mismo para el personal sanitario que ejercía en la sanidad pública como para el que se encontraba ejerciendo sus funciones en la sanidad privada, máxime cuando en la vacunación del primer grupo, residentes y personal sanitario en residencias de ancianos, no se distinguió entre aquellas residencias pertenecientes al sector público y las integradas por el sector privado".

El juez señala que el orden de prelación en la vacunación "resultaba totalmente lógico y coherente con la situación de la pandemia". "Se inició en las residencias de ancianos precisamente por ser las que habían concretado el mayor foco de fallecimientos en la primera fase de pandemia y, lógicamente, se prosiguió por el personal sanitario destinado a combatir el virus en primera línea de batalla", apostilla.

A su entender, en la Comunitat, el personal sanitario que trabajaba en la sanidad privada fue relegado "de manera manifiesta a la hora de recibir la vacuna". "Estamos, por tanto, ante una vulneración flagrante del principio de igualdad", describe.

¿Insuficientes vacunas ?

Uno de los argumentos usados por la Administración es que no existían vacunas suficientes para el personal privado, pero esto "queda desmontado con datos que ponen de manifiesto el número de vacunas recibidas". "No estamos ante un olvido o una insuficiencia de vacunas, sino ante una deliberada falta de cumplimiento de la normativa aprobada por el ministerio [de Sanidad]", destaca.

El Colegio de Médicos mostró su "satisfacción" por el fallo, puesto que estima que ha existido una vulneración "clara" y una discriminación.